A diez días de declarar desierto un nuevo concurso, el Ministerio del Interior (MININTER) inició una nueva licitación internacional (Contratación Internacional Nº 006-2025-IN-OGAF) para reemplazar el avión militar de transporte Antonov An-32B matriculado como PNP-234 de la Policía Nacional del Perú, renunció, o más bien le pidieron que dimitiera, el jefe de compras, profundamente cuestionado por sus actuaciones.
Esa aeronave ha sido fundamental en operaciones muy exigentes, como aterrizajes en pistas improvisadas, carga rápida de personal, vehículos y suministros a través de su rampa posterior; despliegue de tropas y misiones en regiones remotas de selva y y en los Andes, adaptándose a las condiciones peruanas. El procedimiento se enmarcó en la Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) CUI 2379484, que requiere un reemplazo preciso y funcional, sin desviaciones hacia opciones no adecuadas.
Anomalías en el proceso de adquisición de un nuevo avión
El nuevo concurso presenta indicios de improvisación y dudas, agravados por la renuncia del jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), Ricardo Kanashiro Romero. Esta dimisión, solicitada y aceptada por el ministro del Interior, general PNP (r) Vicente Tiburcio Orbezo, el 20 de octubre de 2025, responde a informes de la Contraloría General de la República que identificaron presuntos favorecimientos a proveedores específicos en contratos para la PNP (Policía Nacional del Perú), entre ellos la adquisición de chalecos antibalas y pistolas. Fuentes del MININTER habían anunciado cambios en la OGAF el 19 de octubre.
La medida se adoptó debido a presuntas anomalías en el proceso de adquisición de un avión de carga y pasajeros, indicaron las fuentes consultadas, con interrogantes sobre si los ajustes se implementarían antes de la adjudicación prevista para el 23 de octubre, luego nuevamente postergada. Desde su lanzamiento, el concurso registró correcciones en las fechas, con consultas del 11 al 14 de octubre, propuestas hasta el 20, veredicto el 22 y contrato ajustado de noviembre a octubre; demoras en las respuestas a los oferentes; y aclaraciones que mezclan características de aviones militares y civiles, omitiendo aspectos clave, como las dimensiones de las puertas de carga o las funciones multipropósito.
No se priorizan las necesidades operativas de la PNP, como el acceso a aerodromos remotos y pistas semipreparadas en zonas críticas, sin apoyo en tierra. Se trata de acciones contra la delincuencia que requieren confiabilidad para el personal policial, y no vuelos en reactores comerciales. Además, no se diferencia entre aviones mixtos y de carga, lo que contraviene el enfoque del IOARR: el reemplazo debe mantener la función original, con posibles mejoras tecnológicas, sin orientarse a usos VIP o de pasajeros. La IOARR especifica exactamente un avión de transporte militar, por lo que habría sido simple verificar las características y proceder con las propuestas adecuadas.
El relanzamiento no resuelve las deficiencias principales: omite requisitos para aterrizajes rápidos en intervenciones, lanzamiento de paracaidistas, suministros antiterroristas, apoyo a las operaciones en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) o evacuaciones aeromédicas, así como operaciones de búsqueda y rescate en la selva y en el mar, que no pueden cubrir aviones comerciales como el Embraer E175-E1, perfectamente apto para vuelos regulares, pero no para toda la orografía peruana, ni para las tareas policiales.
El primer concurso (Nº 002-2025-IN-OGAF), convocado el 19 de septiembre y declarado desierto el 6 de octubre, ya había suscitado cuestionamientos: las 4 propuestas (Airbus C295M, Leonardo C-27J “Spartan”, Embraer E-75-E1 y el An-74 -remplazado por Il-76TDM- de Aero Express) fueron descartadas por razones debatibles. Embraer fue excluida por un error formal en la traducción y las opciones militares, por presuntas limitaciones en altitudes extremas, pese a que el “Spartan” lo opera sin incidencias la Fuerza Aérea del Perú desde hace una década.
Un posible direccionamiento
Esta exclusión, junto con la modificación de requisitos para beneficiar a aviones civiles indica un posible direccionamiento, similar al proceso cancelado por Kanashiro en abril de 2025 tras una auditoría sobre el E190-E2. Estos problemas reflejan un patrón en la OGAF: la Contraloría identificó cambios en las bases para adaptarlas a proveedores concretos, como en la compra de 3.000 chalecos antibalas adjudicada a la mexicana Armor Life Lab (rechazada previamente por una región policial y sin ajustarse a los estándares de la PNP) o de 31.045 pistolas, con condiciones exclusivas para SIG Sauer. "Se modificaron plazos de fabricación, lo que cuestiona la equidad y la transparencia", indicó el informe.
Una opción más práctica habría sido convocar a los oferentes del concurso anterior para verificaciones directas, evitando la repetición de errores como el del polémico e imposible Antonov An-178 ucraniano (archivado en 2022) o el intento con Embraer en 2023, criticado por la Contraloría. El uso de reactores comerciales para la PNP generaría desafíos: homologaciones civiles, recualificación de pilotos de turbohélices y costos de transición altos, con riesgo de depreciación rápida por falta de organización para operación comercial, asi como certificaciones del proceso di mantenimiento y repuestos.
A pesar de las experiencias fallidas pasadas y los escándalos recientes que han revelado abusos y violaciones en adquisiciones similares, el proceso para reemplazar la aeronave de la PNP sigue atrapado en un limbo burocrático sin salida. Tras una serie de aplazamientos -el último de los cuales pospone la decisión hasta el 29 de octubre de 2025, cuando la dirección policial aún debe finalizar la evaluación de las ofertas ya en su posesión-, esta solicitud resulta peculiar, ya que los contendientes y los aviones en concurso son los mismos desde hace cuatro años, prolongando una saga opaca y deprimente. En un Perú azotado por una delincuencia en ascenso, este caos administrativo, agravado por la renuncia de Ricardo Kanashiro y las turbulencias en la OGAF, sólo empeorará la crisis, comprometiendo operaciones esenciales para la protección de los ciudadanos y alimentando sospechas de favoritismos o ineficiencias estructurales.
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