Las cuestionadas adquisiciones del Ejército del Perú sí contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la Republica

Hace escasos días, un medio de comunicación local, publicaba un reportaje cuestionando la Resolución de la Comandancia General del Ejército del Perú N° 318-A-2025/CGE del pasado 29 de abril, argumentando que “se declararon secreto de Estado cinco millonarias adquisiciones hechas durante la gestión de Dina Boluarte” y que se había decretado que las adquisiciones y contratos de mantenimiento o repotenciación eran ahora inaccesibles al control del Estado y a las investigaciones del Ministerio Público.

La documentación declarada como “secreto de Estado” es la referida a las adquisiciones realizadas en el marco del Núcleo Básico de Defensa: los programas de “Adquisición de Fusiles de Asalto de 7,62 x 51 mm. para la III División de Ejercito”; de “Adquisición de Vehículo para el Transporte Blindado a Ruedas de la 3^ª y 6ª Brigadas Blindadas del Ejército”; de “Recuperación de la Capacidad Operativa para el Transporte Aéreo y Apoyo de Fuegos a la Fuerza Terrestre con Aeronaves de Ala Rotatoria del Batallón de Asalto y Transporte N° 811 de la Aviación del Ejército – Salkantay”; y de “Modernización del Sistema Antitanque”, así como el contrato suscrito entre el Servicio de Material de Guerra (SMGE) y Helicentro Perú SAC de cara al overhaul de 4 helicópteros de transporte Mi-8MTV-1 (Mi-17-1B) de la Aviación del Ejército.

Lo cierto es que la Resolución de la Comandancia General del Ejército N° 318-A-2025/CGE declaró como “secreto” esos procesos aplicando la Directiva General N° 008-2011 del MINDEF que establece criterios de  clasificación de documentos relacionados, entre otros, a  Planes de Defensa Militar, de Logística, de Movilización de Reservas y de Operaciones Especiales, y a las adquisiciones de material militar, en especial a los contratos, características operacionales, ubicación y grado de alistamiento.La calificación de “secreto de Estado” que se menciona en el reportaje no está contemplada ni en la Directiva General N°008-2011-MINDEF, ni en la Ley N° 27806: Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, que establecen solo tres categorías: Secreto, Reservado y Confidencial.

De acuerdo con información recabada por defensa.com, únicamente los programas de “Adquisición de Fusiles de Asalto de 7,62 x 51 mm. para la III División de Ejército” (contrato con FAME SAC por 27, millones de dólares para el suministro de 10.000 Fusiles de Asalto IWI Arad 7) y de “Adquisición de Vehículo para el Transporte Blindado a Ruedas de la 3^ª y 6ª Brigadas Blindadas del Ejército” (contrato con FAME SAC por 30 Vehículos Blindados K-808P vía un contrato por 60 millones de dólares), y el overhaul de 4 helicópteros Mi-8MTV-1 (Mi-17-1B) de la Aviación del Ejército corresponden al Gobierno de Dina Boluarte.

Todos contaron en su momento con el acompañamiento, en la modalidad de control concurrente, de la Contraloría General de la República, ente que recibió por parte del Ejercito del Perú acceso total a la información y documentación. Prueba de ello son los 6 Informes de Hito de Control emitidos por la Contraloría General por la adquisición de los fusiles de asalto IWI Arad 7 de 7,62 x 51 mm, al menos 10 por la adquisición de los blindados K-808P (8x8) y 7 por el overhaul de los helicópteros Mi-8MTV-1.

Los  programas de “Modernización del Sistema de Defensa Antitanque” - Código 33303, referido a la adquisición de un lote de misiles antitanque Spike-ER a Rafael Advanced Defense Systems (Israel) por casi 92 millones de dólares, y de  “Recuperación de la Capacidad Operativa para el Transporte Aéreo y Apoyo de Fuegos a la Fuerza Terrestre con Aeronaves de Ala Rotatoria del Batallón de Asalto y Transporte Nº 811 de la Aviación del Ejército – Salkantay”- Código 2234946, que permitió la adquisición de 24 helicópteros de Mi-171Sh-P Hip H (contrato con Rosoboronexport por 528,  millones de dólares), que se realizaron, respectivamente, en 2012 y en diciembre de 2013, corresponden al Gobierno de Ollanta Humala.

Overhaul de Helicópteros

Las presuntas irregularidades en el overhaul de los Mi-8MTV-1 de la Aviación del Ejército, específicamente las referidas a que Helicentro Perú indicando que “no estaba autorizada por el fabricante ni tenía la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)” y que “no se aplicaron las penalidades por incumplimiento de contrato”, fueron en su momento debidamente aclaradas por la empresa.  Si bien es cierto, Helicentro Perú no contaba con la autorización del fabricante (que las restringió a nivel mundial tras el inicio del Conflicto con Ucrania), contaba con certificación OMA N° 042, expedida por DGAC, para realizar el servicio de overhaul para helicópteros de origen ruso en todo el territorio nacional.

En relación la falta de penalidades por incumplimiento, es decir retrasos, la empresa señalo que las sanciones económicas impuestas a Rusia, los daños ocultos encontrados en los componentes mayores como motores, motores auxiliares y reductores, enviados para el overhaul, a cargo de estaciones rusas autorizadas por NASC (National Aviation Service Company), aunado a  condiciones adversas  y circunstánciales,  generaron la suscripción de una serie de adendas de ampliación de plazos.

Los helicópteros, identificados con las matrículas EP-643, EP-650, EP-660 y EP-662, se reincorporaron al servicio en abril pasado con la correspondiente conformidad del SMGE y de la Aviación del Ejército, habiendo acumulado a la fecha más de 700 horas de vuelo. El overhaul, realizado al amparo del contrato N° 027-2023-SMGE, suscrito el 14 de julio de 2023, cifrado en unos 25,5 millones de dólares, garantiza a cada Mi-8MTV-1 no menos de 2.000 horas de vuelo o 8 años de operación. Es decir no requerirán de overhaul al menos hasta el 2032.