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México demanda a 11 fabricantes de armas de Estados Unidos por “comercio negligente”

En una sorpresiva y audaz acción jurídica y diplomática, el gobierno de México entabló una demanda civil en contra de 11 empresas norteamericanas fabricantes de armas cortas y largas que han terminado durante décadas en manos del crimen organizado, decenas de miles de muertes de civiles, de policías y de militares en la franja fronteriza común y en diversos estados del país. 

El gobierno mexicano busca obtener una compensación monetaria de al menos 10 mil millones de dólares, dinero que, de ganar lo que se espera será un complicado y prolongado juicio, iría a las arcas del país para ser utilizado en programas de ayuda social. 
La demanda iniciada por el gobierno mexicano a través del aparato jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en una corte federal de Boston, en el estado de Massachusetts, va dirigida en contra de las poderosas firmas Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges. M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. d/b/a Interstate ARMS. 

El gobierno mexicano busca no solo que los fabricantes de armas de fuego paguen una multimillonaria suma de dólares por los daños causados en vidas perdidas y costos materiales, sino también intentará sentar precedente con una acción inimaginada, nunca antes llevada a cabo por ningún gobierno y que aparece de antemano como poco probable de alcanzar el éxito deseado. 

El alegato de México se centra en varios puntos: en el hecho de que los fabricantes de armas saben o deben saber cuál es el destino final de las codas que venden, que saben que esas ventas se hacen, al final, sin controles reales ni seguimientos sobre el destino y uso final de las armas dentro y fuera de su país y que ante estos escenarios los fabricantes son negligentes y han ocasionado, de manera indirecta, daños mortales a los mexicanos e incluso a ciudadanos estadunidenses. 

En concreto se exige “que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinará en el juicio; que desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y, en su c aso, disciplinar a sus distribuidores; que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas; que costeen los estudios, programas, campañas, en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas, y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México”. 
 
La respuesta de los fabricantes de armas y de los armeros en general fue casi inmediata tras conocer la demanda civil hecha por el gobeirno de México. La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) se apresuró a negar y rechazar todos los señalamientos, argumentando que ellos no son responsables de lo que se hace con las armas una vez vendidas, y que, en todo caso, es responsabilidad del gobierno mexicano controlar a la delincuencia y y los niveles de violencia en su territorio. 
Los armeros alegaron que no van a ser los “chivos expiatorios” de un gobierno que no puede controlar la violencia en su país. 

El responsable de la estrategia legal de la SRE, Alejandro Celorio, ha hablado con muchos medios informativos, recordando que el 70 por ciento de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos. En este contexto, el gobierno mexicano ha documentado que, en 2019, al menos 17 mil homicidios estuvieron vinculados con armas fabricadas en los Estados Unidos, comercializadas en ese país y enviadas a la frontera para cruzar al lado mexicano sin control alguno. 

Celorio dijo que los daños provocados por las armas traficadas equivaldrían a entre 1.7 por ciento y 2 por ciento del PIB mexicano. El gobierno pedirá una compensación de al menos 10 mil millones de dólares, dijo. El PIB mexicano fue de 1.2 billones de dólares el año pasado. “No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos”, dijo Celorio, “lo hacemos para que no haya muertos en México”. 
Marcelo Ebrard, canciller de México, dijo también sobre la demanda que “si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”. 

La SRE emitió un comunicado al respecto, señalando que “el Gobierno de México recurre a las cortes de EE. UU. para señalar que ha sufrido daños derivados de prácticas de comercialización negligente de fabricantes y distribuidores de armas en ese país”.  La demanda es un componente más de la amplia estrategia del Gobierno de México contra el crimen organizado y la violencia armada en el país y busca promover medidas de comercio responsable que prevengan el tráfico ilícito de armas hacia México y su uso en actividades ilícitas, indicó la secretaría. 

La SRE recordó que las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, en ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México. 
Ebrard insistió en que las empresas norteamericanas fabricantes de armas de fuego “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.  
Deben incorporar mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país, pidió el canciller. 
Las 11 empresas demandadas son tan solo una parte del conglomerado de más de 8 mil dedicadas en los Estados Unidos a la fabricación de pistolas, rifles, equipo, refacciones y materiales relacionados con la industria armamentista bélica y no bélica en ese país. (Jorge Alejandro Medellín) 
 


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