En dos polémicas sesiones legislativas, diputados federales aprobaron por mayoría la Ley de Seguridad Interior (LSI) por la cual tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina no solo permanecerán en las calles para seguir combatiendo a la delincuencia organizada, sino que, además, tendrán facultades de investigación de tipo policiaco, una nueva misión para la cual no están preparadas y no fueron diseñadas.
La aprobación se produjo en dos sesiones el mismo día; la primera ocurrió en la Comisión de Gobernación, en donde por 18 votos contra 13 se le dio luz verde para ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, sin respetar los tiempos legislativos que permiten un periodo de varios para llevarla a debate.
Ya en el pleno y con 320 de los 500 diputados federales presentes en la crucial sesión, 215 legisladores votaron a favor, 101 en contra y otros 4 se abstuvieron de hacerlo. La Ley de Seguridad Interior estaba programada para discutirse y revisarse desde el 2016, cuando el diputado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, envió al congreso el primer proyecto de ley al que luego se sumaron otras cinco propuestas de diferentes partidos políticos.
Las Fuerzas Armadas mexicanas, encabezadas por el general Salvador Cienfuegos Zepeda – secretario de la Defensa Nacional- y por el almirante Vidal Soberón Sanz -secretario de la Marina-Armada de México- demandaban desde el gobierno anterior, cuando se inició la llamada guerra contra el narcotráfico, que se legislara en torno a su participación en labores de seguridad pública y seguridad interior.
La demanda de los altos mandos militar y naval fue en aumento en la medida en que se multiplicaban también las acusaciones y quejas por los abusos y delitos cometidos por personal castrense. Su presencia afuera de los cuarteles militares y navales estaba avalada, pero de manera insuficiente, por seis tesis de jurisprudencia establecidas en 1996 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que dio luz verde a la presencia militar en las calles en apoyo a labores de seguridad pública.
Sin embargo, la guerra contra las drogas iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2007 se tradujo no solo en el abierto despliegue militar y en crecientes choques armados con los cárteles de la droga; también se dispararon las denuncias ciudadanas contra militares de tierra, aire y mar por violaciones a los derechos humanos y excesos de todo tipo cometidos por personal castrense.
Se ha acusado a ciertas unidades militares, en casos muy señalados, de excesos cometidos contra civiles y presuntos delincuentes e incluso de crear pelotones de la muerte para detener, torturar y hacer desaparecer a delincuentes.
Récord negativo
Datos de la propia Sedena que pueden ser consultados en su página web, señalan que entre julio de 2005 y septiembre de 2017 la dependencia ha recibido 2. 723 quejas interpuestas primero ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos, violaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en activo participando en labores de apoyo a la seguridad pública y en el marco de operaciones contra la delincuencia organizada.
La Sedena afirma que de las 2,723 quejas interpuestas, 2.148 han sido “conciliadas” por la CNDH, mientras que 305 están en trámite. En este marco, la comisión ha emitido 124 Recomendaciones en contra de la Sedena por violaciones graves a los derechos humanos, esto entre abril de 2007 y septiembre de 2016, según los registros del Ejército y Fuerza Aérea.
La misma dependencia informa en su portal que en lo que va del 2017 ha recibido otras 5 Recomendaciones, con lo que la cifra total se eleva a 129 señalamientos por violaciones graves a los derechos humanos. La Sedena aclara en su sitio que de en el actual gobierno ha recibido 12 Recomendaciones, pero que 7 corresponden a violaciones cometidas en gobiernos anteriores.
Mientras la discusión entre los promotores de la ley y sus detractores subía de tono, los secretarios de Defensa y Marina no desperdiciaron la oportunidad para establecer en diversos foros y escenarios que los militares no estudiaron para ser policías, que cumplían con esas labores porque así lo habían ordenado los mandatarios en turno (en México el presidente es también el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas), pero que en definitiva ser policías no era algo que hubieran pedido y les desagradaba.
Incluso el general Cienfuegos encabezó al menos dos actos fuera de programa o de efeméride castrense (en 2015 y 2016) para desagraviar a quienes llamó “mis soldados” cuando la CNDH intentó entrevistar a un grupo de militares que presenció la detención y secuestro de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero. El titular de la Sedena se opuso al interrogatorio y con ello abrió una brecha insalvable con la CNDH, la cual es hoy una de las principales instancias promotoras de que la LSI sea detenida, revisada y modificada sustancialmente.
Situaciones similares, pero en menor escala, han ocurrido con elementos de la Marina-Armada de México, que en documentos oficiales reconoce haber recibido 46 Recomendaciones de la CNDH entre julio de 1996 y enero de 2017.De las 46 Recomendaciones enviadas por la CNDH en contra de la Marina, 17 han sido emitidas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Una ley metaconstitucional
La polémica por la LSI radica en que su estructura es considerada por especialistas académicos, grupos civiles y organizaciones pro derechos humanos nacionales y foráneas, como una legislación que no solo atenta contra la Constitución Política del país ya que viola abiertamente su Artículo 76, el cual señala que en tiempos de paz las tropas deberán permanecer en sus cuarteles. Los opositores a la LSI han señalado al menos 10 escenarios de gravedad en torno a la legislación aprobada:
1.- Da a las Fuerzas Armadas facultades de policía, como la de permitirle “acciones preventivas” basadas únicamente en su criterio.
2.- No genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, solo menciona vagamente que estos “se respetarán”.
3.- Permite a las fuerzas federales -incluyendo a los militares- intervenir contra protestas sociales si consideran que éstas no son pacíficas.
4.- Presenta una mala regulación del uso de la fuerza, ya que solo remite la actuación militar a protocolos deficientes y no supervisados.
5.- Ataca la legislación federal en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues determina que toda información sobre medidas de seguridad interior será confidencial.
6.- No impone límite de tiempo a la respuesta militar por afectaciones a la seguridad interior.
7.- No obliga a que las autoridades municipales y estatales fortalezca a sus cuerpos policiacos en tiempos establecidos y con metas concretas y verificables.
8.- Fomenta la intervención militar en áreas que deben ser de control estrictamente civil.
9.- No establece controles ni contrapesos robustos; únicamente habla de que el Secretario de Gobernación deberá remitir un informe a una comisión bicameral en el Congreso de la Unión para dar a conocer las acciones en materia de seguridad interior.
10.- La imprecisión en las definiciones de la LSI hacen que cualquier concepto o escenario de inestabilidad pueda ser considerado como una afectación a la seguridad interior.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en la Cámara de Diputados. Para que sea avalada en su totalidad y puesta en marcha en 2018, deberá ser presentada y votada en el Senado de la República, en donde el PRI, partido gobernante, es mayoría. Partidos de oposición y organizaciones civiles han anunciado que promoverán una acción de inconstitucionalidad para que sea de nuevo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida en última instancia si la LSI es, en esencia, un texto anticonstitucional y se le da marcha atrás o si con algunas correcciones y adecuaciones puede ser aplicable a la brevedad. (Jorge Alejandro Medellín)
