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Detienen en México a policías militares presuntamente vinculados con secuestradores

Un escándalo se cierne sobre la naciente Guardia Nacional de México (GN), integrada casi en exclusiva por soldados y marinos, toda vez que tres elementos pertenecientes a la 5ª Brigada de Policía Militar han sido detenidos el pasado lunes en una casa de seguridad en la que presuntamente mantenían secuestrado a un menor de edad desde hace casi un mes.

Se trata de dos cabos y una soldado, además de otro civil, quienes fueron capturados por agentes de las fiscalías contra el secuestro de los estados de Guerrero y de México tras un rastreo y acciones de inteligencia para dar con la casa de seguridad en la que el menor de 14 años estaba retenido. Los primeros datos sobre el caso indicaban que los tres detenidos pertenecían a los batallones 19° y 20° de la Guardia Nacional, corporación policiaca de reciente creación y con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca enfrentar a la delincuencia organizada en todo el país.

Reportes de prensa señalaban la detención de Diana Paola M., de 23 años, soldado de la Policía Militar en activo, Jorge Luis B., de 25 años, Cabo motociclista en activo, y Everardo S., de 28 años, Cabo en el activo, y el civil Atilano M., de 26 años.

La Fiscalía Especializada Contra el Secuestro del estado de Guerrero identificó a los detenidos como la Policía Militar, Diana Paola Medina Meléndez, de 23 años y los Cabos Jorge Luis Barrón Graciano, de 25 y Everardo Sánchez Rodríguez, de 28 años, así como al civil Atilano Meléndez Martínez, de 26.

Sin embargo, fuentes militares indicaron más tarde que los presuntos secuestradores no firmaban parte aún de la Guardia Nacional, que estaban en proceso de sumarse a la corporación pero no habían concluido sus exámenes de control de confianza, aunque ya se les había contemplado para pertenecer a la GN. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -de la cual dependerá la GN- confirmó lo anterior en un comunicado propio emitido casi a la medianoche, señalando que “se realizó una búsqueda exhaustiva en el registro del personal de la Guardia Nacional y no se localizó registro alguno con los nombres señalados”, por ello, “es inadmisible imputarle responsabilidades que no tiene”, añadió la SSPC.

Los imputados deben responder por sus actos y enfrentar el proceso judicial, indicó la secretaría que aseguró que “la Guardia Nacional es una corporación de reciente creación con integrantes sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza, que cumplan con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en todo su ámbito de competencia”. 

La Guardia Nacional entró en funciones apenas el pasado 26 de junio, con 6.500 efectivos para cerrar la frontera sur de México y detener el flujo de migrantes centroamericanos. Se espera que esta corporación esté integrada por 150.000 efectivos antes de que termine el mandato de López Obrador, en 2024. Operará en 266 coordinaciones regionales distribuidas en todo el país. En una primera etapa funcionará con 155 coordinaciones mientras suma reclutas, se hace de uniformes, pertrechos y sus integrantes se capacitan en funciones policiacas.

Medios locales señalan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de México y la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro del estado de Guerrero, para liberar a un menor de edad secuestrado el pasado 18 de junio en la comunidad de la Molonga, en el municipio de Petatlán, Guerrero. El menor estaba retenido en una casa de seguridad localizada en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, en donde ocurrió el operativo policiaco.

La Sedena dijo haber tenido conocimiento de lo ocurrido y haber participado “desde el inicio de las investigaciones, coadyuvando con las autoridades civiles…con el fin de lograr la identificación y captura del personal militar presuntamente involucrado”. En el comunicado, la secretaría aseguró que “continuará apoyando las diligencias que realicen las autoridades competentes, aportando los elementos necesarios para el total esclarecimiento de los hechos y la detención de todos los involucrados (sic), a fin de que se determinen las responsabilidades legales de los delitos que les resulten”.

Con ello la Sedena dejaría entrever que podría haber más militares y civiles involucrados con los detenidos, de quienes se desconoce cuántos secuestros cometieron, en qué lugares, desde cuándo se dedicaban al secuestro, que hicieron con las víctimas (en caso de haberlas) y si pudieran existir más grupos o células operando entre el personal del Campo Militar 37-C de San Miguel de los Jagüeyes.

El Campo Militar 37-C es también la sede del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM). (Jorge Alejandro Medellín, corresponsal de Grupo Edefa en México).

 

 


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