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Amnistía Internacional insta a López Obrador a “desmilitarizar la Guardia Nacional”

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) urgió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a “desmilitarizar a la Guardia Nacional” para convertirla paulatinamente en una corporación que tenga verdadero perfil civil, no castrense, ya que esto viola sus propios documentos fundacionales en los que se estableció que dicha corporación sería de carácter civil aunque de inicio estaría formada por elementos de las fuerzas armadas.

Amnistía Internacional señaló que en el recién iniciado gobierno de López Obrador “se tomaron decisiones que encaminaron al nuevo órgano de seguridad hacia una profunda militarización, de tal forma que se nombró comandante de la Guardia Nacional a Luis Rodríguez Bucio, que entonces era un General de Brigada del Ejército Mexicano. Pese a que las autoridades prontamente indicaron que el General Rodríguez Bucio estaba en proceso de retiro del ejército, las normas legales del mismo prevén que los militares en retiro siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares, por lo que no puede ser considerado un civil y su nombramiento no respeta a cabalidad lo ordenado por la constitución, argumenta Amnistía en su informe sobre el primer año de gobierno de López Obrador.

En el documento, titulado “México: Cuando las palabras no bastan”, se recuerda que hoy la conformación de la Guardia Nacional es de un 79,22% de militares y marinos y apenas un 20,78% de ex policías federales. La asociación señala que en su primer año de gobernó, Obrador no ha podido controlar los índices de violencia y que delitos como la tortura, la desaparición forzada y los feminicidios no han disminuido. En tanto, el gobierno de Obrador insiste en culpar de lo que ocurre  gobiernos anteriores, señala la organización.

Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró 2,866 homicidios dolosos en octubre, 38 más que el mes anterior, y acumuló 28,741 casos en los primeros 10 meses de 2019.

Incongruencias abismales, según AI

En su primer año de gobierno y con una gruesa agenda de temas que en lugar de resolverse se le han complicado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará su triunfo con una deuda de enorme magnitud: la de los derechos humanos, tema en el que su administración ha registrado pocos avances, señala la organización Amnistía Internacional (AI). A la persistencia de delitos graves como la tortura, la desaparición forzada y los feminicidios, se suma una militarización de la seguridad pública y su actuación en temas como el del control de la migración en sus fronteras, especialmente en el sur, aseguran.

“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles”, señaló Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas durante la presentación del informe en el que se revisa lo hecho por el gobierno de Obrador en su primer año en el poder.

El documento sostiene que aunque el mandatario ha mostrado voluntad para ir hacia adelante con algunas iniciativas, especialmente en el tema de las desapariciones forzadas, la realidad es que los cambios a profundidad y sus resultados tangibles no llegan todavía.

Erika Guevara advirtió que después de un año de gobierno no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos, la cual que se ha prolongado por más de una década. Indicó que persisten altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida y uno de los delitos que siguen ocurriendo es el de la tortura, que aún es generalizada. Persisten también alarmantes índices de violencia contra las mujeres a la par de una estrategia de seguridad militarizada y más viva que nunca.

En conferencia de prensa recordó que en agosto de este año el gobierno anunció un paso positivo al confirmar que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales. Esto dio solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. El problema es que esta medida sigue sin implementarse, solo se le anunció pero no hay al momento ninguna acción que indique su puesta en marcha.

Lo que vemos aquí y en otros aspectos de la agenda de los derechos humanos en México es “una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles”.

Por un lado se dice que se protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero al mismo tiempo les desacredita públicamente y es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción, insistió Erika Guevara.

Desmilitarizar

Al analizar el panorama del respeto y promoción de los derechos humanos en el país, indicó que el gobierno del presidente López Obrador no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores.

No solo eso; también se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria del país. Asimismo, el presidente de México “ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas”. Con ello ha mantenido “un ambiente hostil en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones”, señala A en su informe.

Sobre el clima de violencia extendida que prevalece en México, la directora para las Américas de Amnistía Internacional destacó la violencia de género como uno de los aspectos en donde los avances legislativos para combatirla han sido a todas luces insuficientes para ponerle freno al creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país. AI reconoció el avance alcanzado en septiembre, cuando se presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, pero insistió en que aún falta mucho por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

“Aún quedan muchos pendientes en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año, se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”, dijo Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Los directivos de AI señalaron que para lograr un cambio sustancial en derechos humanos, “el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia”. Al hacerlo, se asegurará que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental, sostuvieron.

Los dirigentes de AI le recomendaron a López Obrador “desmilitarizar la Guardia Nacional; desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario; poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo; y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género”.(Jorge Alejandro Medellín, Ciudad de México)


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