Cateriano envió un oficio a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, solicitándole asistir la próxima semana a la Comisión Permanente, para informar a la representación nacional sobre la presunta filtración de información que habrían realizado estos tres suboficiales de la Marina de Guerra. Según fuentes que cita el diario peruano La República, los investigados formarían parte de una red de personal militar dedicada a estas prácticas de filtración de información castrense.
Cateriano, por su parte, preguntado acerca de alguna comunicación remitida al gobierno de Chile por estos hechos, precisó que, al tomar conocimiento de los hechos, en abril del año pasado, se optó por mantener la confidencialidad, con el fin de que la investigación tenga mejores resultados, no habiéndose informado oficialmente a la Cancillería de Chile sobre la situación. “Se guardó la reserva del caso y se pudo obtener una segunda información y así sucesivamente hasta haber llegado al tercer caso”, precisó.
El caso ha salido a la luz a raíz de una denuncia periodística, que reveló que dos suboficiales de la Marina de Guerra estaban siendo procesados por el presunto delito de realizar espionaje a favor de Chile. Alfredo Domínguez y Johnny Philco se encontrarían detenidos de manera preventiva desde octubre del pasado año en la Base Naval del Callao. En su defensa, Domínguez aseguró conocer otras personas que “trabajan para empresas transnacionales” y que realizó estas acciones para contar con otro ingreso.
Según la cadena peruana America Televisión, ambos confesaron que fueron contactados por unos supuestos empresarios italianos que les pagaban por unos informes que inicialmente estaban referidos a las labores de supervisión que la Marina de Guerra del Perú hacía sobre pesca de altura. Finalmente, según este canal, se comprobó que los supuestos italianos eran en verdad agentes de la Marina de Chile. El hecho fue detectado por una operación de contrainteligencia peruana, a raíz de detectarse constantes salidas del país de ambos militares. Según este medio, Domínguez tiene cuatro salidas del país a Brasil y Philco once salidas que comprenden a Brasil, Bolivia, Argentina y Chile para reunirse con los supuestos empresarios y entregarles información confidencial.
América Televisión informa que Domínguez reconoció el hecho diciendo que tenía un sueldo deficiente y necesitaba de un trabajo extra, mientras que Philco ha dicho que en los próximos días dará a conocer nombres de otros supuestos implicados. La detención de ambos se amplió mientras siguen las investigaciones y podrían ser sentenciados hasta 25 años de condena por traición a la patria en tiempos de paz.
La agencia France Press informa que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya ha sido informada del hecho aunque públicamente no se ha conocido ninguna carta de protesta de parte del gobierno peruano.
