Tras reunirse con el Presidente electo, Sebastián Piñera, el actual Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, manifestó la importancia de que el nuevo gobierno continué con “el camino que hemos trazado para lograr una defensa moderna, con una presencia muy importante en lo polivalente, o sea en la permanente ayuda a la comunidad en situaciones de emergencia y catástrofes para que se puedan desarrollar todas las tareas en esta área tan relevante para el país y la Defensa”.
Gómez , quien dijo haberle expuesto al presidente electo “cuáles son los proyectos que hay y que se espera hacia el futuro en la institucionalidad de la Defensa Nacional”, enfatizó que “una de las tareas que desempeñamos fuertemente ha sido darle a la inversión en Defensa un carácter polivalente, teniendo en cuenta que el 90% de nuestra actividad esté destinada a colaborar con el desarrollo del país, que es lo que hemos hecho permanentemente y, adicionalmente, establecer criterios de desarrollo de participación de las fuerzas armadas en otras tareas relevantes como habernos instalado en el norte o en el sur de Chile en sectores muy aislados, manteniendo una presencia institucional permanente en colaboración directa con la comunidad”.
El punto más relevante lo constituye la mención a los proyectos en trámite, de los cuales el crucial es el relacionado con el financiamiento de la defensa. Este proyecto en la práctica ha estado detenido en el parlamento estos últimos cuatro años, en espera de una “indicación sustitutiva” al proyecto de ley que derogaba la actual Ley del Cobre, un compromiso contraído por la actual gobernante durante la campaña previa a su segundo mandato que termina el próximo 11 de marzo.
En el programa de gobierno del presidente Piñera, se da una propuesta global muy semejante a la sostenida durante su primer mandato, el cual consiste en reemplazar la Ley Reservada del Cobre por un mecanismo de financiamiento estable y plurianual que garantice la inversión en desarrollo y el sostenimiento de las capacidades estratégicas, incluyendo la mantención de un fondo de contingencia estratégica y un piso mínimo garantizado.
Es probable que un equipo de gobierno que se presenta como muy comprometido con la buena y eficiente gestión de los recursos públicos, intente materializar estas propuestas. En su contra juegan aspectos propios de la política, en este caso la prioridad real que para la nueva administración y para el país tiene esta materia. No está de más recordar que durante la campaña no hubo menciones a este tema.
Por otra parte, el problema de fondo sigue siendo el mismo, es decir, los fondos provenientes de la Ley del Cobre deben ser provistos por alguna otra fuente de recursos. La simple supresión de esta ley no soluciona los problemas. Una solución parcial puede ser seguir recurriendo al mecanismo de lograr que el parlamento apruebe el uso de parte de los fondos acumulados en financiar requerimientos de diverso tipo, tales como paliar los efectos de catástrofes naturales o capitalizar la empresa estatal CODELCO, que agrupa a todas las mineras de propiedad fiscal. Esta alternativa ya ha sido usada y ha contado con el apoyo de todos los sectores políticos con representación en el parlamento. Esta última razón, junto al hecho que el precio del cobre pareciera estar repuntado, hace muy probable que no se vean grandes cambios estos próximos cuatro años.
(Roberto Sandoval Santana, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)
