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Luz verde al uso de medios militares para el combate al narcotráfico y crimen organizado en Chile

La Contraloría General de la República (CGR) finalmente visó el uso de los medios militares para el combate al narcotráfico y crimen organizado. El dictamen de la CGR incluye el alcance de estos apoyos y especifica que no podrá incluir la ejecución de labores propiamente policiales. Una serie de declaraciones y aclaraciones de las más altas autoridades de Defensa han precisado la idea o concepto de operaciones que se pretende desarrollar la cual se puede resumir en que las instituciones militares prestaran su apoyo en medios logísticos y técnicos que permitan optimizar el uso de los efectivos policiales.

Los párrafos más destacados del documento de la CGR indican en primer lugar que “la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades e instituciones competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, se debe circunscribir a la prestación de apoyo en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o a otras entidades, tales corno el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DGTM), o la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)” Cabe destacar que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante es parte integrante de la Armada de Chile, en tanto que la Dirección General de Aeronáutica Civil si bien es dirigida por un general de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), goza de una mayor autonomía respecto a la FACH.

El segundo punto destacado es aquel que establece que la colaboración que prestaran las instituciones militares estará “obligadamente sometida a la evaluación y decisión política que corresponden al Ministro del Interior y Seguridad Pública, acorde con la ley N° 20.502, en coordinación con el Ministro de Defensa Nacional, no pudiendo las Fuerzas Armadas materializar el referido apoyo de manera, autónoma, quedando en todo momento sometidas a la autoridad civil encargada de esta materia”

En resumen se trata de no comprometer al personal militar sino a los medios materiales en apoyo a las policías, sólo en las áreas fronterizas y con una evaluación caso a caso por parte de la autoridad política, procedimiento que, de acuerdo con lo publicado por medios de prensa, incluye la firma de un decreto por parte del Ministro de Defensa. No se puede dejar de resaltar el significado de esta decisión política que deja de lado la postura de no involucrar a las Fuerzas Armadas en problemas policiales, postura mantenida a ultranza desde que los militares entregaron el gobierno a comienzos de los años noventa del siglo pasado. Aunque esto tampoco era tan absoluto pues la Armada, a través de la DGTM y en menor medida la DGAC estaban desde su creación involucradas en tareas de índole policial. (Roberto Sandoval Santana, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)

FOTO: Ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina Otero, quien autorizará el empleo de los medios militares en la lucha contra el crimen organizado.


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