La votación en el Senado fue unánime, un gesto que no pasa desapercibido en un contexto donde la migración irregular y el avance del crimen organizado siguen siendo temas calientes en la agenda nacional. Como se detalla en el proyecto, el despliegue militar busca "contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas" en puntos estratégicos de la macrozona norte.
El objetivo es doble: por un lado, velar por el cumplimiento de los requisitos migratorios y, por el otro, garantizar la protección de la vida, la integridad física y la seguridad tanto de los visitantes como de las comunidades locales que habitan estas fronteras porosas.
Esta no es la primera vez que el Congreso renueva esta facultad. La norma original entró en vigor el 24 de febrero de 2023, y desde entonces ha sido prorrogada en varias ocasiones, cada tres meses, para mantener la presencia de efectivos en el terreno.
Datos recientes del Gobierno de Chile, muestran resultados tangibles en la Región de Arica y Parinacota, los ingresos irregulares han caído un 48% en las últimas semanas, una baja que el senador José Miguel Durana (UDI) atribuyó directamente al trabajo coordinado entre militares y Carabineros. "El resguardo de nuestras fronteras no es un lujo, es una prioridad nacional que impacta en la tranquilidad de todo el país", enfatizó Durana en su intervención, recordando que solo en la macrozona norte hay miles de integrantes de las FF.AA. y policías desplegados, recorriendo cientos de kilómetros de límite territorial.
Un debate que va más allá de la prórroga temporal
El trámite no estuvo exento de miradas al futuro. Durante la discusión, un grupo de senadores, entre ellos Ximena Rincón y Matías Walker, ambos de Democracias, y Luz Ebensperger (UDI), hizo un llamado explícito al Ejecutivo para avanzar en el proyecto de reforma constitucional que busca hacer permanente el rol de las FF.AA. en el control fronterizo.
Ingresada el 26 de octubre pasado a la Cámara de Diputados (Boletín 17925-07), la iniciativa propone modificar el artículo 32 de la Carta Magna para que el Presidente de la República pueda ordenar el despliegue militar vía decreto supremo, sin necesidad de renovaciones trimestrales en el Congreso. Esto incluiría atribuciones específicas como controles de identidad, registros y detenciones en flagrancia, siempre en colaboración con la PDI.
Hasta la fecha, el proyecto permanece en su primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, sin urgencia asignada, lo que ha generado críticas por parte de la oposición. Diputados como Andrés Jouannet (Amarillos) han advertido que la propuesta podría erosionar los contrapesos institucionales, mientras que desde Chile Vamos, Camila Flores (RN) la califica de "tardía" y electoralista, exigiendo más respaldo real a las fuerzas de seguridad. Por su parte, el Gobierno, a través de la ministra de la Secretaria General de la República Macarena Lobos, defiende la reforma como un paso hacia "mayor estabilidad operativa", destacando avances como las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), inauguradas en octubre en Colchane, que incorporan drones con alcance de 40 km y puestos de observación móviles.
El presidente Gabriel Boric, quien anunció la iniciativa el 8 de octubre en la frontera con Bolivia, insistió en que se trata de una herramienta "expedita" para enfrentar la migración irregular y el crimen transnacional, sin caer en una lógica hiperpresidencialista. "Confío en que el Congreso la tramitará con la celeridad que merecen los chilenos", señaló entonces. Sin embargo, el debate se ha polarizado, el Frente Amplio y el PC expresan reservas sobre el alcance de las facultades militares, temiendo un uso excesivo sin supervisión parlamentaria.
Entre la urgencia y la sostenibilidad
Desde la perspectiva de la defensa nacional, esta prórroga llega en un momento clave para las FF.AA., que han asumido un rol complementario a las policías en un escenario de recursos limitados. El presupuesto de Defensa para 2025, aunque asegura sueldos y asignaciones básicas, ha enfrentado recortes que impactan en mantenimiento y operaciones, como reportó recientemente las FuerzasArmadas de Chile. La ministra Adriana Delpiano, en su comparecencia ante la Cámara, subrayó que el despliegue en el norte no solo ha reducido los ingresos irregulares en las última semana, sino que ha fortalecido la coordinación interinstitucional.
Aun así, expertos en seguridad fronteriza coinciden en que las prórrogas trimestrales generan inestabilidad logística. El Sistema Sifron, con sus 21 drones entregados progresivamente desde septiembre, representa un avance tecnológico vital, pero sin una norma permanente, el esfuerzo podría diluirse. Si los datos que entrega el gobierno respecto a las bajas en ingresos irregulares a nivel nacional en 2025, son un logro colectivo, serán insuficiente sin inversión sostenida en personal y equipamiento.
En los pasos fronterizos del norte, donde la presencia militar se ha normalizado, los vecinos valoran el alivio en la presión migratoria, pero demandan soluciones integrales, desde políticas de integración hasta mayor apoyo a las policías. Mientras el Senado ingresa esta semana la reforma a su Comisión de Constitución un paso que podría acelerar su debate, queda claro que el resguardo fronterizo no es solo una cuestión de uniformes en el desierto, sino de una estrategia nacional que equilibre seguridad y derechos humanos. (Luis Andrés Lautaro)
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