Diputado Chileno presenta proyecto de reforma constitucional para dar un rol permanente a las Fuerzas Armadas en seguridad interior

El diputado Cristián Contreras presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el Capítulo XI de la Carta Fundamental para otorgar a las Fuerzas Armadas un rol permanente, subsidiario y coadyuvante en el mantenimiento del orden público y la seguridad interior.  El boletín 18133-07, ingresado el 17 de marzo a la Cámara de Diputados y derivado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, propone agregar al artículo 101 una frase que establece esta colaboración “de manera permanente, subsidiaria y coadyuvante” en apoyo a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Un inciso final detalla que una ley de quórum calificado regulará las atribuciones específicas, como resguardo de fronteras, control de rutas y zonas rurales, y custodia perimetral de recintos penitenciarios, siempre bajo mando civil, coordinación con las policías y reglas claras de uso de la fuerza.

Explicación del Diputado

En su fundamentación, el parlamentario describe una “mutación del fenómeno delictual” marcada por la penetración de estructuras criminales transnacionales y un mayor uso de armas de fuego. Aunque las cifras oficiales de homicidios consumados muestran una tendencia a la baja con una tasa de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025 y una reducción adicional de alrededor del 12-14% en los primeros meses de 2026, persiste la percepción ciudadana de inseguridad y el desafío de delitos complejos en zonas rurales, carreteras y fronteras.

Contreras argumenta que las policías se encuentran sobrecargadas por múltiples funciones, patrullaje, investigación, control fronterizo y custodia, lo que justificaría aprovechar las capacidades logísticas, tecnológicas y de presencia territorial de las Fuerzas Armadas sin reemplazar el rol policial.

Límites del marco actual y el recurso a medidas excepcionales

Hoy, la participación militar en tareas de orden público depende de mecanismos temporales: el artículo 32 N°21 de la Constitución (para resguardo de infraestructura crítica) o estados de excepción constitucional de emergencia. Este último fue utilizado de forma recurrente durante el gobierno de Gabriel Boric, especialmente en la macrozona sur, donde se prorrogó en numerosas ocasiones durante más de tres años en algunos periodos. Para el diputado, esta práctica ha desvirtuado el carácter excepcional de estas herramientas, convirtiéndolas en un parche constante ante la falta de un estatuto permanente.

La propuesta busca diferenciar claramente ambos planos: mantener el artículo 32 N°21 como herramienta de despliegue extraordinario ante amenazas específicas, y crear una misión institucional permanente de colaboración técnica y logística, sin necesidad de renovaciones periódicas ni dependencia de voluntades políticas coyunturales.

Compatibilidad con estándares internacionales

El proyecto enfatiza que la colaboración se ejercerá siempre bajo mando civil y con fiscalización, alineándose con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos como Cabrera García y Montiel Flores vs. México), que exige que cualquier participación militar en seguridad sea subordinada, complementaria, regulada y sujeta a control.

Diputado Cristián Contreras Radovic, autor del proyecto de reforma constitucional que busca modificar el Capítulo XI de la Carta Fundamental para otorgar a las Fuerzas Armadas un rol permanente en las policías.

Mirada crítica desde el ámbito militar y de defensa

No todos ven con buenos ojos esta iniciativa. Analistas y voces del mundo de la defensa han expresado reservas sobre la conveniencia de asignar a las Fuerzas Armadas funciones de carácter policial de forma permanente. Argumentan que el rol principal e histórico de las FF.AA. chilenas es la preparación para la defensa de la soberanía y la disuasión ante amenazas externas, no el orden interno. Desviar recursos humanos, entrenamiento y equipamiento hacía tareas de seguridad ciudadana podría erosionar su capacidad operativa en escenarios de conflicto convencional o híbrido, además de generar riesgos de “militarización” del espacio público y posibles tensiones en la relación cívico-militar.

Tras el retorno a la democracia, se ha buscado mantener una clara separación de roles precisamente para preservar la profesionalización de las policías en investigación y control civil, mientras las FF.AA. se concentran en su misión constitucional de defensa nacional. Es decir que, aunque la propuesta incluye salvaguardas (mando civil y ley de quórum calificado), una colaboración “permanente” podría terminar normalizando el despliegue militar en calles y carreteras, con costos presupuestarios y operativos no menores para instituciones ya exigidas por modernización y mantenimiento de capacidades estratégicas.

Hasta abril de 2026, el proyecto sigue en primer trámite constitucional y aún no ha sido discutido en detalle en comisión. Su avance dependerá del debate político en un Congreso donde la seguridad pública sigue siendo una prioridad transversal, aunque con visiones divergentes sobre el rol que deben jugar las instituciones armadas.

La iniciativa del diputado Contreras Radovic reabre un debate antiguo en Chile, cómo equilibrar la respuesta inmediata a la delincuencia organizada con la preservación de las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de las policías. Queda por ver si el Congreso opta por avanzar en esta reforma o prefiere reforzar otras vías, como mayor dotación policial, inteligencia y reglas claras de uso de la fuerza para las instituciones existentes. (Luis Andres Lautaro)