Las declaraciones de jerarca naval al Parlamento uruguayo afectan seriamente la postura del gobierno contra Cardama: "La ministra me dijo que iba a rescindir el contrato ya en mayo de 2025". En las últimas horas, el Jefe de Estado Mayor de la Armada Uruguaya, Contralmirante José Ruiz, citado por la Comisión Investigadora del Caso Cardama de la Cámara de Diputados, se pronunció así de claro ante la misma. Estás expresiones darían por tierra con las tesis esgrimidas por el Gobierno para rescindir unilateralmente el contrato de encomienda de dos navíos OPV a Cardama y comunicarlo el pasado 22 de octubre poniéndolo en práctica en abril.
- Caso Cardama: Declaraciones del jefe naval cuestionan la versión oficial sobre la rescisión del contrato de OPV.
- Cronología: La decisión de cancelar habría sido comunicada en mayo de 2025, antes del argumento de la garantía.
- Consecuencias: El caso podría derivar en arbitraje internacional o instancias judiciales favorables al astillero.
Cronología del proceso
El 22 de octubre, en una conferencia de prensa con el presidente Yamandu Orsi, el prosecretario y hombre fuerte del gobierno, Jorge Díaz, anunció una
inminente ruptura de la encomienda de dichos OPV, ya en construcción avanzada, con el 61% de la estructura de acero de la primera ensamblada y la quilla de la segunda unidad en curso.
La razón esgrimida en ese momento no era un incumplimiento de contrato o desacuerdo técnico alguno, sino una inconsistencia en una garantía secundaria (lo cual se repite en los medios hasta el cansancio) que inclusive Cardama ofreció subsanar, sin receptividad en el Gobierno, desde donde emana una fortísima campaña contra el astillero gallego. Seguidamente se produjo un acuerdo desde el mismo Gobierno, en búsqueda de supuestas inconsistencias técnicas, de consultoría con la firma Veritas como certificadora del proceso, la cual, al igual que la conocida certificadora Lloyds, originalmente contratada también a sugerencia uruguaya, aprobó los trabajos realizados.
Ahora, las aseveraciones del número 2 de la Armada, de que 5 meses antes de plantearse el problema de la garantía secundaria que pretextaría el anuncio de rescisión por parte de las autoridades uruguayas, éstas ya afirmaban se rescindiría no sólo daría por tierra con las argumentaciones jurídicas y administrativas del oficialismo contra Cardama, sino que introduce un elemento de mala fe del Estado uruguayo contra el grupo español.
La situación parecería indicar la conveniencia de retornar a instancias de mediación, originalmente descartadas por Uruguay, y quizá retomar las tareas en la misma grada, tal vez involucrando a una tercera firma consultora para dar garantías a todas las partes y minimizar el gran desgaste político al que el caso ha sometido al Poder Ejecutivo Uruguayo. De lo contrario se abren instancias judiciales muy probablemente favorables a Cardama. (Javier Bonilla)
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