Algunos de los aspectos más relevantes del llamado Plan de Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), que se propone lograr su fortalecimiento estructural y que el gobierno chileno distribuyó a cada uno de los 17 integrantes de la “mesa prelegislativa sobre Seguridad”, han sido dados a conocer por el rotativo chileno El Mercurio.
Se propone incorporar nuevos organismos e instituciones al sistema, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Aduanas. También se crearía una Escuela Nacional de Inteligencia con carácter técnico y profesional; además de dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de una unidad de Ciberinteligencia, para el "análisis de información digital y protección del ciberespacio e infraestructura de comunicación del Estado". La suma de estas modificaciones "tienen como base el convencimiento de que el país requiere de un nuevo sistema de inteligencia, integrado y funcional, que esté al servicio de la seguridad pública y permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas a la seguridad interna-externa, como el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, ciberataques y la protección de la infraestructura crítica". Por ello se planea instaurar un Consejo de Inteligencia Nacional, dependiente y coordinado por la Presidencia de la República. La instancia estará compuesta por los jefes de Inteligencia de las policías, de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, de Defensa, junto a los subsecretarios del Interior, de Prevención del Delito y el director de la ANI.
También se propone una nueva estructura de mando del sistema, con una "subordinación funcional y estratégica de los integrantes del SIE a los requerimientos de la ANI (no administrativa ni táctica, con priorización en el traspaso obligatorio de información completa y oportuna, y sanciones en caso de incumplimiento)" Este punto pretende lograr una mejor y más oportuna respuesta de los organismos que actualmente desarrollan este tipo de tareas en sus respectivos ámbitos, es decir, los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de ambas policías.
El documento aborda el delicado problema de la protección de los derechos civiles, en resguardo de los cuales, se consideran mayores controles institucionales internos y externos. Este tema es el que más preocupa a todos los sectores. Al respecto cabe recordar el primer intento de dotar a Chile de un organismo de inteligencia después de la vuelta al poder de los partidos políticos. Nos referimos al “Consejo de Seguridad Pública” creado con posterioridad al asesinato del Senador Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido en 1991. Su misión original sólo incluía la coordinación de la policía civil y uniformada en materia de información. Por ley, estaba fuera de las facultades de “La Oficina”, como era conocida popularmente, la realización de labores operativas o en terreno. Pese a esto, muy luego sus hombres traspasaron estas restricciones. El organismo abrió una oficina paralela en el centro de Santiago y se montó una red ilegal de más de 30 informantes pagados que infiltró e hizo tambalear a muchos grupos de extrema izquierda que se resistían a abandonar la vía armada. (Roberto Sandoval Santana, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)
Fotografía: El Presidente Sebastián Piñera Echenique junto a los integrantes de la mesa prelegislativa sobre Seguridad
