La segunda administración del presidente Trump ha congelado por 90 días, y posiblemente ha eliminado, muchos de los programas federales de ayuda internacional de forma abrupta, esta decisión tiene importantes implicaciones para Latinoamérica, que recibe de Washington casi todas las subvenciones y préstamos para las operaciones de seguridad de lucha contra el narcotráfico.
Nada más jurar su cargo como el presidente número 47 Estados Unidos, Donald Trump firmó la orden ejecutiva “Reevaluación y realineación de la ayuda internacional de Estados Unidos”, que suspende temporalmente todos los programas de EE. UU. para la asistencia extranjera por 90 días, a excepción de Israel y Egipto, mientras son examinados para determinar si están alineados con los objetivos políticos de su programa de gobierno “America First”.
Esta suspensión sin precedentes ha causado conmoción en todo el mundo, pero en el caso de Latinoamérica y el Caribe se han producido algunas excepciones, como la realizada el pasado miércoles, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos daba un paso atrás y concedió una exención a la congelación de la ayuda del presidente Trump para permitir el envío de $40,7 millones de dólares en asistencia para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) que lidera Kenia en Haití y la Policía Nacional de Haití (PNH), las cuales buscan traer estabilidad a la Española, donde las pandillas tomaron el control de gran parte de la capital, Puerto Príncipe.
Para tener una idea de la ayuda internacional asignada por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa en apoyo a las fuerzas de seguridad y defensa, incluidos gobiernos, contratistas y organizaciones de la sociedad civil que operan en América Latina y el Caribe, para el año fiscal 2023 esta ascendía a más de $2.000 millones de dólares, siendo este el año más reciente del cual se dispone de una cifra pública exacta.
La financiación de Estados Unidos para la asistencia de las agencias policiales y las fuerzas militares y de defensa de las de las naciones del Caribe insular, Centroamérica y Sudamérica es encauzada principalmente por el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), todos ellos tienen compromisos muy importantes para mejorar los esfuerzos en materia de defensa, seguridad y el combate del tráfico ilícito de drogas en la región.
Hasta ahora las naciones más afectadas por esta pausa, que podría complicar mucho la respuesta en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico internacional, son Ecuador, que vería afectada su capacidad para abordar el narcotráfico y las actividades de los grupos armados ilegales, en particular a lo largo de su frontera norte con Colombia y Haití, al que se le han congelado $13,3 millones de dólares proporcionados al Fondo Fiduciario para el Servicio de Seguridad del Estado, lo cual ha llevado al despido de expertos contratados por el gobierno de Estados Unidos para brindar asistencia técnica a los nuevos equipos SWAT de la PNH y al MMS en materia de recopilación de inteligencia, operaciones antipandillas y armas.
En el caso de Colombia, las operaciones aéreas de la Policía Nacional se verán afectadas, ya que 22 helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk transferidos por el programa de cooperación del INL para brindar misiones de transporte de tropas, operaciones de combate contra el narcotráfico deberán de permanecer en tierra. Asimismo, Belice, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana, entre otras naciones, se verán afectadas de diferente forma en el cumplimiento de su batalla contra el crimen trasnacional y las organizaciones de tráfico de drogas. (Bernardo de la Fuente)
