La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado 30 de diciembre un nuevo paquete de sanciones contra 10 personas y compañías vinculadas a Venezuela e Irán, en respuesta a la cooperación militar entre ambos países. Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), compañía estatal venezolana creada en 2020, y su presidente, el general de división (Aviación) José Jesús Urdaneta González, señalados por participar en la compra, ensamblaje y mantenimiento de drones iraníes en territorio venezolano.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, EANSA mantiene vínculos directos con la empresa estatal iraní Qods Aviation Industries (QAI), sancionada previamente por Washington. Desde 2006, la compañía persa ha colaborado en la transferencia y producción de drones de la serie Mohajer, incluyendo el Mohajer-2 rebautizado en Venezuela como ANSU-100 (Antonio José de Sucre) versión actualizada y armada del Arpia-001 y el más avanzado Mohajer-6. Estos UAV poseen capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y pueden lanzar bombas guiadas aire-tierra Qaem, diseñadas en Irán.
La OFAC acusa al general de división Urdaneta de coordinar personalmente con representantes de la empresa aeroespacial estatal iraní, que a su vez es parte de la Organización de Industrias de Aviación bajo el Ministerio de Defensa de Irán, la producción en Venezuela de estos sistemas, lo que refuerza la capacidad estratégica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). “La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental”, señaló el Departamento de Estado.
Este escenario se produce en medio de una escalada de tensiones entre Caracas y Washington. Tal como publicamos en defensa.com, el gobierno venezolano solicitó recientemente a Irán el envío de drones con alcance de hasta 1.000 kilómetros, sistemas de detección pasiva e inhibidores de GPS. La gestión habría sido coordinada por el ministro de Transporte, mayor general (Aviación) Ramón Celestino Velásquez, durante una visita oficial a Teherán.
La petición forma parte de la estrategia del Régimen venezolano para reforzar las capacidades defensivas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante lo que califica como “agresión directa” de Estados Unidos, que ha incrementado su presencia militar en el Mar Caribe con más de 20.000 efectivos, buques y aeronaves bajo el Comando Sur (SOUTHCOM).
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes de los sancionados en territorio estadounidense y prohíben cualquier transacción con ciudadanos o empresas de EE. UU. Además, las restricciones suelen extenderse a nivel global, ya que muchas instituciones financieras internacionales evitan operar con entidades incluidas en las listas negras de la OFAC.
Este nuevo paquete de sanciones confirma la ofensiva de la administración Trump para frenar la expansión de tecnologías militares iraníes en Latinoamérica y advierte sobre el riesgo que representa la cooperación Caracas–Teherán para la seguridad hemisférica. Mientras tanto, Venezuela insiste en desarrollar sistemas de armas con apoyo de sus “aliados estratégicos”, lo que podría intensificar la confrontación geopolítica en la región. (Bernardo de la Fuente)
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