Estados Unidos se declara en “conflicto armado” contra los cárteles del Caribe. Los riesgos de una escalada

En un giro dramático de la política exterior estadounidense, el presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra oficialmente en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga que operan en el Caribe. En una notificación confidencial enviada al Congreso y hecha pública por el diario The New York Times, la administración Trump ha calificado a estos grupos como “combatientes ilegales”, abriendo la puerta a operaciones militares letales sin autorización del Congreso estadounidense.

Esta decisión se produce tras una serie de ataques militares en alta mar contra pequeñas embarcaciones tipo patera (hasta ahora 3 han sido confirmados), presuntamente vinculadas a organizaciones de narcotraficantes, se presume que dos de ellas habían zarpado desde la costa de Venezuela, lo que a la fecha habría arrojado un saldo de 17 muertos en el desarrollo de estas operaciones en las que se han usado drones armados MQ-9A Reaper, que el presidente Trump ha justificado como actos de defensa nacional.

Implicaciones militares de una guerra contra los cárteles

El uso de Fuerzas Armadas convencionales para combatir organizaciones criminales trasnacionales marca un cambio radical en la estrategia antidrogas de Estados Unidos en la región, en la que tradicionalmente estas operaciones han sido lideradas por agencias federales como la Administración de Control de Drogas (DEA) o la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG).

Ahora, con la designación de grupos como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, el Departamento de Guerra ha desplegado un grupo de asalto anfibio con una Unidad Expedicionaria de Marines, un destacamento de buques con el sistema de combate Aegis, un submarino de ataque nuclear clase Los Angeles y aviones de patrullaje marítimo P-8A Poseidon de la Armada, drones MQ-9A Reaper, aviones de transporte, reabastecimiento y guerra electrónica de la Fuerza Aérea y cazas Lockheed Martin F-35B Lightning II del VMFA-314 de los Marines, estos últimos operando desde Puerto Rico, para que posiblemente realicen operaciones aéreas en la zona del Caribe, especialmente cerca de las costas de Venezuela contra presuntos centros de operaciones de narcotraficantes.

Las operaciones, coordinadas por el Comando Sur (SOUTHCOM), se centran en interdicción marítima, vigilancia aérea y ataques precisos a embarcaciones sospechosas. Esto podría intensificarse tras la decisión del presidente Trump de tratar la campaña contra los cárteles como conflicto armado, lo que le otorgaría poderes extraordinarios de guerra. Según el derecho internacional, esto permite matar, detener sin juicio y juzgar en tribunales militares a combatientes enemigos. La administración argumenta que estos ataques son "defensa propia" y están justificados bajo las leyes de la guerra al combatir a cárteles designados como terroristas.

Riesgos de escalada militar

El uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes plantea serios riesgos de escalada:

• Conflicto con Estados soberanos. Venezuela ha calificado los ataques como “crímenes atroces” y ha movilizado sus Fuerzas Armadas, además de realizar ejercicios militares en los que se combina el patrullaje de sus costas. El presidente Nicolás Maduro ha decretado estado de excepción que da poderes especiales y ha movilizado milicias populares.
• Errores de inteligencia. La falta de pruebas públicas sobre el trasporte de drogas en las embarcaciones atacadas ha generado críticas de expertos legales y legisladores estadounidenses. El riesgo de atacar objetivos civiles por error podría desencadenar una crisis diplomática o incluso una guerra regional sin precedente alguno en la Región.
• Tensiones con aliados regionales. México y Colombia, aunque aliados históricos de Estados Unidos en la lucha antidrogas, han expresado preocupación por la posibilidad de operaciones unilaterales en su territorio. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha pedido respeto a la soberanía nacional, al igual que su homólogo colombiano.
• Desestabilización regional. La militarización del Caribe por parte de Estados Unidos, podría provocar una carrera armamentista o alianzas defensivas entre países latinoamericanos con enemigos de Washington. En este sentido Venezuela es un ejemplo, pues en las últimas dos décadas ha recibido apoyo diplomático de Rusia, China, Cuba, Irán y otros Estados con los que la Casa Blanca tiene grandes diferencias, lo que añade una dimensión geopolítica al conflicto a una escala global.

¿Hacia una intervención terrestre?

Aunque el presidente Trump ha negado públicamente que Estados Unidos busque un cambio de régimen en Venezuela, sí ha insinuado que las operaciones podrían extenderse “por tierra” contra laboratorios clandestinos y líderes de cárteles, entre los que el Departamento de Estado ha vinculado a la élite política del partido gobernante. Esto ha despertado temores de una intervención directa, similar a la última invasión estadounidense en Latinoamérica, la de Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Por su parte, los legisladores del partido Demócrata y algunos del partido Republicano, han exigido que el presidente Trump solicite autorización formal bajo la Ley de Poderes de Guerra. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, han advertido que la escalada de los ataques podría violar el derecho internacional humanitario, especialmente si se realizan sin pruebas concluyentes o fuera de zonas de combate reconocidas.

Mientras tanto, en Caracas, el gobierno del presidente Maduro ha intensificado su retórica antiestadounidense y ha llamado a la población a “defender la patria con las armas”. La posibilidad de un enfrentamiento directo entre fuerzas estadounidenses y venezolanas ya no parece remota. (Bernardo de la Fuente)