En los últimos días se ha difundido tanto la detención en Estados Unidos de un uruguayo acusado de lavar dinero de la dictadura venezolana, como la identificación y sanción por parte del Departamento del Tesoro estadounidense de una firma uruguaya (dirigida por un iraní) como proveedora de piezas para helicópteros Bell Jetranger y Bell 214 (de los que Irán llegó a poseer en los años 70 unos 338 ejemplares), e inclusive de una aeronave completa o de componentes para el programa balístico de propulsión por combustible sólido del régimen persa. Su nombre es Perfect Day Co. y su CEO es Amir Salimi, un iraní de 54 años, con oficinas en la aristocrática avenida Bolivia ,de Montevideo.
Sin embargo, estos temas no han sido extraños en anteriores gobiernos. En 2010, durante el gobierno de José Mujica, llegaron a la Zona Franca Florida (centro sur del país) dos turbinas GE J 85 para cazas F-5 robadas a la Fuerza Aérea de Malasia, cuyo destino -que no se aclaró- podía ser algún país con embargo como Venezuela, Sudán o Irán; este último ese momento estaba comenzando a fabricar el avión Saeqeh, un F5 con dos colas cuyo motor era una copia del occidental.
Además del gobierno de Malasia, impulsó las acciones penales en Uruguay el entonces agregado para el Cono Sur de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Territorial de los Estados Unidos de América, Douglas R. Freeman. Los motores fueron exponencialmente sobreevaluados en Uruguay, a un precio irreal de 30 millones de dólares, e insólitamente no fueron depositados en hangares de la Fuerza Aérea como marca la norma, sino en talleres policiales.
Muy controvertidos y mediáticos, el entonces juez penal Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Percibale declinaron formular imputación excusados en la inexistencia local de la figura penal de «tráfico de armas» en la legislación uruguaya, prácticamente sin tomar declaraciones a los involucrados, especialmente al dueño de la Zona Franca Florida, también asociado al grupo político de Mujica en varias radio emisoras de la época, lo que molestó profundamente al gobierno de Estados Unidos. En esa época, además, comenzaron a emitirse inusuales pasaportes uruguayos a ciudadanos iraníes y rusos.
Previamente, en 2007, Irán había intentado proveer al Ejército Uruguayo de fusiles Khaybar 2002, introduciendo para testearlos 15.000 municiones de forma irregular vía Venezuela en un buque de la Armada de Uruguay, sin trámites. Tanto Caracas como Teherán mantenían agregados militares en Montevideo.
Además, ya en la primera mitad de los años '90, investigaciones diversas señalaron que los atentados a la embajada de Israel y a la mutual israelita Amia fueron planificados por agentes iraníes en residencias diplomáticas ubicadas en Montevideo, lo cual no fue objeto, en la oportunidad, de la curiosidad judicial local. (Javier Bonilla)
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