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Cuestionada licitación de radares meteorológicos en Uruguay

El gobierno uruguayo invitó en diciembre a través del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)  a empresas internacionales a presentar ofertas para la adquisición, instalación, capacitación y mantenimiento de un sistema de radares meteorológicos. Tentativamente y en un futuro cercano, constará de hasta 3 unidades, inicialmente de una sola, ubicada en la localidad de Biassini (Salto, noroeste del país), próximo a la represa argentino/uruguaya de Salto Grande- que financiaría parte del proyecto.

El SINAE/Sistema Nacional de Emergencias, el nuevo Instituto Nacional de Meteorología/INUMET y la Corporación Nacional para el Desarrollo  acordaron un Fideicomiso denominado “Radares” con el objeto de administrar los bienes para la adquisición, instalación, operación y mantenimiento de radares meteorológicos y equipamiento científico conjunto. La estatal energética UTE, la telefónica Antel,  y el Banco de Seguros del Estados (BSE) también participan. Aunque administrado por el INUMET, su usuario final será el citado SINAE, integrado por varios organismos, especialmente por los ministerios de Defensa e Interior. El gobierno destina unos 3.600.000 dólares para esta primer operación.

El hardware y el software para el sistema de cómputo y centro operacional (COS) se instalarán en la sede central del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en Montevideo. El proyecto incluye  la construcción de las instalaciones necesarias para el  radar; el hardware y software que integran el sistema; establecimiento de herramientas de monitoreo de seguridad del sitio del radar; establecimiento de tareas de recopilación de datos y generación de productos que se elaborarán en tiempo real y posterior a los hechos en la sede del radar; almacenamiento local y envío de datos en bruto. Se exige radar  Doppler de banda S(aunque sólo en determinadas frecuencias preestablecidas y no en todas las posibles) , transmisores Klinstron, polarización dual y 850 KW de potencia de salida, para cubrir un área a partir de los 80 kilómetros circundantes, lo que parece a los especialistas un equipo excesivo. No se aceptan equipos con calibración automática, otro ítem polémico.

La licitación, cuyos pliegos no se cobran, ha despertado muchas dudas así como serios cuestionamientos técnicos y de procedimiento, pues el Estado ha optado por la banda más cara y la mayor potencia (planteando inquietudes ambientales concretas), cuando el área de cobertura aludida, de poco más de 80 km, no necesita Banda S u 850 KW, tecnología que además de costosa no siempre es la más adecuada ni la más moderna, estando la oferta de dispositivos de ese tipo, curiosamente bastante acotada a escasos proveedores, de también escasos repuestos, y de calidad despareja, lo que ha motivado la preocupación de autoridades diplomáticas de países productores frente a autoridades salientes y entrantes.

Algunos postulantes hacen notar que la sensibilidad de un radar banda S de la potencia especificada es aproximadamente equivalente a un radar banda C de 350kW de potencia pico, mucho más económico de operar y mantener, y de menor compromiso electro electrónico, por lo que ,solicitan sin éxito, cotizar sistemas de diversas bandas opcionalmente.

Observan , en nota pública, que solicitar un  radar en banda S de 850kW implica tener un mayor consumo de energía y su costo asociado a lo largo del ciclo de vida del producto. Un radar banda S de 850kW implica tener mayores niveles de radiación de energía emitida que podría imponer requerimientos a la localización del radar en función de las normas y recomendaciones internacionales (ANSI/IEEE, ICNIRP, FCC e ITU-R entre otras) sobre los efectos en la salud de la población actual y futura.

“Un radar banda S de 850kW dejaría fuera de la licitación a un alto porcentaje de los fabricantes de radares por lo que restringe el fomento del comercio y libre competencia intra-zona e inter-zona” ,afirman. De hecho, 30 KW en banda X alcanzaría unos 125 kilómetros de cobertura y 80 KW casi 400 kilómetros.

También, empresas que producen radares doppler en Banda S de alto rendimiento y menor potencia (el uruguayo se instalará en una urbe de 300 pobladores, con todas las consecuencias del caso), tanto sudamericanas como europeas- finlandesas, concretamente- han mostrado su molestia con el planteo del gobierno saliente, incluyendo alguna reunión diplomática con altos referentes políticos. Otras como Indra, en potencial acuerdo con la argentina INVAP-con una línea de radares en banda C ya instalados desde 2014 y funcionando- han decidido no presentarse, mientras no cambien las condiciones.

Ni la italiana Eldes, especialista en la materia, ni Gem, que si bien tiene su foco principalísimo en radares navales o de aproximación final y plataforma aeroportuaria, fabrica componentes tercerizados, han mostrado el mínimo interés en este llamado, que, por efectuarlo un gobierno saliente ,sin acuerdos con el entrante, ya es cuestionado. (Javier Bonilla)


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