En una entrevista televisiva en el Programa “Sin Rodeos”, el Presidente de la República, José María Balcázar, atacó nuevamente la adquisición de los F-16C/D para la Fuerza Aerea del Perú asegurando que fue una compra directa sin licitación, sin evaluar las propuestas de Dassault Aviación (Francia) y SAAB (Suecia), y que el proceso se realizó bajo una normativa de "secretud", que le excluyó tanto a él como al Ministerio de Economía y Finanzas.
Más allá, Balcazar dijo que fue él quien pidió la renuncia de los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores por no haberle informado de la compra y la suscripción del contrato, y que existen condiciones legales para que el próximo gobierno revise y renegocie la compra de los F-16C/D.
Estas declaraciones se suman a otras similares la semana pasada, que se dieron a escasas horas de que los Ministros de Defensa, Amadeo Flores Carcagno y de Relaciones Exteriores, Jose Pareja Ríos, al igual que el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, acudan a la Comisión del Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas.
La tozudez de los hechos
Los objetivos de Balcázar desvinculándose de la compra se contraponen con los hechos, el 17 de abril, fecha en la que inicialmente se suscribiría el contrato entre la Fuerza Aerea del Perú y Lockheed-Martin, cuando ya manifestó que la decisión podría quedar en manos del próximo gobierno, él ya tenía pleno conocimiento de los avances del proceso de adquisición de los aviones de combate.
En primer lugar, el propio Balcázar dio su visto bueno implícito y directo, al suscribir el Decreto Supremo N° 001-2026-DE del 5 de marzo, que incluyó la adquisición en la Lista General de Contrataciones declaradas como “Secreto Militar”. Documento que fue sustentado con la Resolución de la Comandancia General N° 064-2026 del 11 de febrero, que determinó que la adquisición debería realizarse en la modalidad de secreto militar “no competitivo”, pues el Estudio Definitivo de la Fuerza Aérea, en base no solo al factor técnico-operativo, sino al geopolítico y estratégico, recomendó como única opción viable al Lockheed-Martin F-16C/D Block 70.
Después, el 17 de marzo, firmó el Decreto Supremo N° 043-2026-EF autorizando la transferencia de unos 149,2 millones de dólares, que sumados a los 344,8 millones transferidos un mes antes durante el gobierno del exPresidente José Jeri, completarían el 30% del monto requerido, de acuerdo a la normativa vigente, para el pago inicial tras la firma del contrato. Apenas tres días después, el 20 de marzo, Balcazar declaró que “el tema que se ha decidido por seguridad con los Estados Unidos no lo ha hecho mi gobierno, sino el anterior. Yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida”. Es decir, sus actos y declaraciones contradicen todos y cada uno de los documentos oficiales, que suscribió en su calidad de Jefe de Estado.
La firma del contrato entre la Fuerza Aerea del Peru y Lockheed-Martin se realizó el 20 de abril en la Base Aerea de “Las Palmas”. Se cifro en 2.000 millones de dólares, de los que exactamente 1.540 millones de dólares cubren la adquisición de 12 F-16 Block 70: 10 F-16C y 2 F-16D. Los 460 millones restantes financiaran la adquisición, vía el Programa FMS (Foreign Military Sales), de equipos de apoyo en tierra, repuestos y soporte logístico, capacitación y entrenamiento, documentación, manuales y publicaciones técnicas, y un simulador de vuelo, así como un lote inicial de armamento. El contrato fue suscrito por el Coronel FAP Carlos Rey Benavente, Jefe del Servicio de Abastecimiento (SEBAT), designado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contrataciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (Capitulo V: Fase de Ejecución Contractual) y por parte de Lockheed-Martin, por Esra Peyton, Jefa de Contratos Internacionales del F-16.
Aun así, al día siguiente, a pesar de que el contrato estaba firmado, Balcazar arremetió nuevamente, declarando que “el tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, acotando que su “posición es clara y todo el mundo tiene que saber de qué tiene que ajustarse a lo que he dicho” y que de haberse firmado el contrato ”seria irregular”. Una situación que género, como es de público conocimiento, la renuncia de los entonces Ministros de Defensa, General de Brigada (r) Carlos Diaz Dañino y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela. Ese mismo día, en medio de la crisis ministerial y la repetitiva mentira de que “no se había firmado ningún contrato”, el Banco de la Nación transfirió unos 462 millones de dólares, aproximadamente un 30% del monto a pagar por los 12 F-16C/D Block 70.
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Queda por demás claro, ante la evidencia documental, que el Presidente Balcazar no puede argumentar que no tenía conocimiento del proceso de adquisición de los F-16C/D Block 70. Tampoco se puede escudar en su peculiar interpretación de la normativa, o pretender desconocerla, aduciendo, entre otros, que por razones de seguridad no intervenían en el proceso ni el Presidente de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas. Si eso fuera cierto, no se habrían firmado los Decretos Supremos N° 001-2026-DE que incluyó la adquisición en la Lista General de Contrataciones declaradas como “secreto militar” ni el N° 043-2026-EF autorizando la transferencia de unos 149,2 millones de dólares para completar el 30% del pago inicial del contrato. Decir que no sabía nada o que firmo “sin conocer que detrás existía un entramado secreto que lo excluía”, siendo el Presidente de la Republica y Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es poco creíble.
La adquisición, a pesar de las acusaciones de Balcazar que señalan que el exPresidente José Jeri “decidió excluir las ofertas de Francia y Suecia con la finalidad de negociar en directo con los Estados Unidos”, se rigió estrictamente por el Manual de Contrataciones MN-DPC-001 - Versión 9 de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). No se aprobó ni modifico ninguna norma destinada a favorecer a uno u otro postor. A fines de enero, cuando el proceso entro en su fase final, se conformó un Comité de Estudio Definitivo encargado de elaborar el Informe Técnico-Legal definitivo, que incluyo, además de las propuestas económicas de los postores, la opinión y recomendación del Consejo de Seguridad Nacional (COSEDENA) en relación al factor estratégico y geopolítico.
Este informe daría lugar a la Resolución de la Comandancia General N° 064-2026 del 11 de febrero, que determinó que la adquisición debería realizarse en la modalidad de secreto militar “no competitivo”, pues el Estudio Definitivo de la Fuerza Aerea recomendó, en base no solo al factor técnico-operativo sino al geopolítico y estratégico, como única opción al Lockheed-Martin F-16C/D Block 70. La modalidad de secreto militar, importante de anotar, se define como “no competitiva” cuando el objeto de la contratación se encuentra dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 052-2001-PCM, que estableció una serie de lineamientos para adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno y esta normado para las adquisiciones de Sistemas de Armas de Alto Valor Estratégico.
No fue por tanto una adquisición “a dedo”. Al respecto, voceros extraoficiales del MINDEF señalaron que si bien es cierto no está normado, y no era una obligación, se debió informar a Dassault Aviation (Francia) y SAAB (Suecia) de la decisión de optar por el F-16C/D Block 70, en base precisamente al factor geopolítico y estratégico, y evitar la percepción general, y más de un reclamo, de que aún se seguía un proceso competitivo con tres postores.
En relación a los entonces Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, ambos renunciaron por sus discrepancias con el Presidente Balcazar tras sus declaraciones del día 17 de abril. Prueba de ello son el contenido de las propias cartas de renuncia dadas a conocer varias horas antes de que se formalizaran vía los respectivos decretos supremos.
El deseo manifiesto del Presidente Balcazar sobre que existan causales para “renegociar” la compra de los F-16C/D, reducir su numero y aún anular el contrato tendría graves implicaciones, toda vez existe un contrato firmado, habiéndose pagado el adelanto respectivo. Incumplir las obligaciones contraídas expondría al país no solo a una serie de sanciones por parte de los Estados Unidos, incluidas restricciones de visas a funcionarios del Estado o alza de aranceles a bienes y productos, sino a demandas millonarias.
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