Nadie pone en tela de juicio el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política y asimismo negar que atrás de las actuales “marchas pacíficas” se encuentra Sendero Luminoso y la violencia extrema gracias a las economías ilegales como el narcotráfico, minería ilegal y otros que a no dudar gozan de capacidad de financiamiento para los miles de manifestantes y sobre todo a los extremistas que vemos a diario bloqueando carreteras, tratando de tomar aeropuertos, destrozando la propiedad pública y privada, agrediendo a la Policía Nacional.
Por supuesto que la primera reacción al inicio de las protestas en diciembre 2022 y ante la gravedad de las mismas quedaba como posibilidad constitucional de establecer el estado de sitio en los lugares extremadamente convulsos con el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden interno.
Sumado a lo anterior, la ofensiva de los países afines al Socialismo del Siglo XXI, Grupo de Puebla y Runasur de Evo Morales han dado muestras inaceptables de injerencia extranjera en asuntos que solo competen a los peruanos y en el colmo el delirante soporte al golpista Castillo y apoyo ideológico a las protestas vandálicas, tergiversado la verdad presentando a un Castillo como víctima y no la de un victimario contra la democracia y al gobierno de Dina Boluarte como ilegítimo, tal como quedó demostrado en la ultima reunión de la CELAC.
Lo concreto es que la necesidad de ejercer firmemente el principio de autoridad y decisión política para enfrentar las hordas vandálicas como la inmensa mayoría de peruanos reclama pasa necesariamente por el justo reclamo a la Presidenta Boluarte y su gabinete. Esta decisión no se ha materializado sencillamente por razones ideológicas principalmente de la Presidenta; no olvidemos que ella es de formación marxista, tuvo filiación en el partido Perú Libre de Cerrón y fue Ministra de Estado del golpista Pedro Castillo durante 17 meses.
Sumado a lo anterior, posiciones principistas y progresistas en el gabinete harían improbable que se convoque un estado de sitio aun en un escenario de mayor gravedad del vandalismo. Las renuncias de dos Ministros durante enero es una muestra elocuente de ello.
¿Que piden los manifestantes?
De los estribillos de las marchas buscan la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ningún pliego de reclamos o pedido de mejores políticas públicas, cuando sabemos que el déficit de políticas públicas es inmenso. Como no hay un líder visible de estas movilizaciones y protestas públicas, el gobierno no ha podido sentarse a dialogar con sus representantes. Curiosamente la progresía pide diálogo y consensos e inclusive la participación de las iglesias como mediadores. ¿Con quién van a dialogar? Lo que queda claro es que los ideólogos de la protesta, los verdaderos titiriteros, nunca quisieron ni quieren dialogar y el modus operandi de las marchas y protestas son similares a la estrategia empleada por la subversión terrorista en los 80.
Estando así las cosas, ¿qué viene? Pues todo indica que en el frente externo habrá una mayor ofensiva del socialismo del siglo XXI, Grupo de Puebla y Runasur de Morales contra el Perú. Estos grupos han cerrado filas ante Castillo porque en el fondo se estaría sentando un precedente contra ellos mismos y por ello no pueden tolerar que el Perú por la vía constitucional y en tiempo record haya depuesto al golpista y solucionado la crisis de sucesión presidencial.
Paradójicamente durante el proceso de la independencia del Perú donde se concentraba el poder de la metrópoli española las expediciones libertadoras vinieron de Chile y de la Gran Colombia y hoy desde la propia región se pretende irradiar la nueva versión de la izquierda totalitaria latinoamericana contra el Perú.
En el frente interno continuaran con las protestas y manifestaciones azuzadas por los titiriteros e izquierda en el Congreso, descartándose el ejercicio de plena autoridad por parte del gobierno y menos la aplicación de estado de sitio bajo ninguna circunstancia a pesar de un mayor recrudecimiento de la violencia extremistas, durante las marchas, mayores daños contra la propiedad publica y privada, mayores bloqueos y posible empleo de armamento con la finalidad de una mayor cuota de bajas que debilite política y moralmente a la Presidenta Boluarte y finalmente renuncie y de acuerdo a la sucesión presidencial el Presidente(a) del Congreso asuma la Presidencia Interina de la Republica y convoque elecciones en 4 meses.
El repugnante e intolerable ataque y posterior muerte de 7 valerosos policías en el VRAEM el 10 de febrero por narco terroristas de Sendero Luminoso y seguramente avalado por un sector de la izquierda marxista es a todas luces intencional para acelerar salida de Boluarte.
Sumado a lo anterior las marchas y paralizaciones han afectado el sector minero, agroexportador y en especial el turismo. Se prevé el 2023 un fortísimo impacto en la economía nacional, retracción del crecimiento económico, mayor inflación como la de enero que fue casi del 9% un record desde hace 25 años, volatilidad del tipo de cambio, afectación negativa del grado de inversión, perdida de empleos formales e informales y menor inversión extranjera directa con peligro de entrar en un proceso recesivo.
Como podrá apreciarse, nos quedan recursos constitucionales para recuperar el orden interno como condición sine qua non, como es el estado de sitio que por razones principistas y/o ideológicas no sería aplicado. Esta situación nos pondría en un escenario cada vez más complicado con apocalípticos impactos en todo orden de cosas, no solo en lo económico sino en lo social que hará insostenible la gobernabilidad, integridad y mantener el orden interno. Madre de Dios y Puno ya son claros ejemplo de ello. Por tanto, debemos asumir que estamos viviendo el primer capítulo de la posible disrupción del Estado Nación y que será a no dudar uno de los momentos más dramáticos de la Republica en sus 200 años.
Pues bien, a grandes males grandes soluciones. Ha llegado el momento de la sociedad civil peruana para organizarse y enfrentar la amenaza, es decir que todos los peruanos de bien contribuyamos a buscar la solución de la crisis. La iniciativa estratégica la tienen los violentistas y subversivos y la respuesta reactiva es del gobierno.
Es momento de cambiar la ecuación y que la iniciativa estratégica sea no solo del gobierno que muestra debilidad sino de nosotros los ciudadanos.
Esta solución nos incluye a todos sin excepción; profesionales, empleados, empresarios, académicos, obreros, campesinos, universitarios, estudiantes, amas de casa, jubilados etc. La Constitución Política en el capítulo 1: Derechos fundamentales de la persona en su artículo 2 inciso 3 reconoce el derecho a la legitima defensa. No podemos seguir pasivos ante una situación extrema gravedad que pone en agonía al Estado-Nación, que de no enfrentarla con los derechos consagrados en la Constitución y las leyes de la Republica caeremos en un espiral de destrucción y mas barbarie.
Se propone que la sociedad civil salga de su zona de comfort y exija con todo rigor un mayor ejercicio de la autoridad por parte del gobierno y si este no es capaz que el Presidente del Congresos asuma para reestablecer el orden interno y no se descarte la aplicación del estado de sitio, que no solamente sean marchas por la paz sino marchas por la democracia, en defensa irrestricta de las libertades fundamentales, de la Constitución y del orden interno respaldando con todo vigor a las Fuerzas del Orden, que los medios se definan finalmente si están con la democracia o están con la subversión y el vandalismo, es el momento que los intelectuales y académicos defiendan con tesón el sistema democrático, y que los gremios sean más activos e incluso se promuevan contramarchas.
Este no es un momento de posiciones políticas e intereses personales o de grupos, menos de tibiezas, se trata de la sobrevivencia del Estado Nación. Se viene discutiendo ingenuamente las fechas de nuevas elecciones y empiezan los consabidos acomodos de cara a ella, discutiendo en plazas y foros posibles planchas presidenciales, potenciales congresistas y preferencias electorales sin saber a ciencia cierta si habrá un día después de mañana. Lo primero es lo primero, debemos recuperar el orden interno en el marco constitucional, cueste lo que cueste, una vez conseguido ello se complementará con la labor del congreso para las nuevas elecciones. El resto puede esperar.
La Patria está en peligro de muerte o son los violentistas extremos y sus azuzadores profesionales aupados por la violencia ideológica internacional o somos nosotros, los peruanos de bien, de buena fe que creemos en la democracia y no en el totalitarismo, que creemos en el estado de derecho y en especial en lo más sagrado que nadie puede negar, las libertades fundamentales para preservar este hermoso país que garantice el futuro de nuestros hijos y generaciones venideras. (Fernando Palomino Milla)
