La Policía Nacional del Perú está por concluir el proceso de adquisición de 31.045 pistolas de 9 x 19 mm, por un valor estimado entre 20 y 22 millones de dólares. Todo apunta a que esta compra favorecería a la empresa estadounidense SiG Sauer, según lo que se recoge en el “Pliego de Absolución de Consultas” del concurso público. El próximo 7 de noviembre vence el plazo para la presentación de propuestas técnico-económicas, mientras que la adjudicación se espera para el 14 de noviembre, siguiendo un cronograma que ha sido reprogramado en al menos cinco ocasiones debido a la complejidad y cantidad de consultas recibidas.
Esta adquisición se enmarca en el “Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Remplazo y Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional del Perú 2025-2039”, realizándose bajo la controvertida Directiva N° 004-2025-IN-OGAF, destinada a las contrataciones con proveedores extranjeros no domiciliados, excluidos de la Ley de Contrataciones Públicas. El proceso ha generado múltiples cuestionamientos y, según información de defensa.com, además de SiG Sauer, participan Taurus (Brasil), IWI (Israel), Beretta y Tanfoglio (Italia), y CZ (República Checa).
El “Pliego de Absolución de Consultas” revela decisiones preocupantes que, como señala más de un postor, apuntan a favorecer la elección de SiG Sauer, como el rechazo por parte de la OGAF de ampliar la longitud máxima permitida para las pistolas, ignorando la recomendación técnica del Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional. Esto habría dejado fuera del concurso a modelos como la P-09 de CZ, Jericho RPL de IWI y Force ESSE de Tanfoglio.
Otro aspecto controversial es el requerimiento de certificaciones internacionales como la NIJ Standard-0112.03 de EE.UU. o la TR-DP de Alemania, nunca antes exigidas en procesos similares y ausentes de los estudios de mercado previos. Fabricantes como Beretta, Tanfoglio, CZ y Taurus solicitan la acreditación NATO AC/225, más acorde con las exigencias técnicas y las pruebas de resistencia requeridas.
El caso del taller
Respecto a la obligación de montar un taller de mantenimiento de 4° escalón para las pistolas SiG Sauer adquiridas en 2015 con “kits certificados por el fabricante”, otros postulantes, como Beretta y CZ, advierten que tal requerimiento favorecería únicamente a SiG Sauer, ya que los fabricantes no suministran partes ni certifican repuestos para la competencia. Tanfoglio añade que esta medida implica transferir información confidencial protegida por derechos intelectuales, petición que la OGAF desestimó, alegando que los trabajos pueden ser realizados por armeros calificados, sin requerir datos sensibles. La OGAF, que paso por alto los reclamos del direccionamiento a favor de SiG Sauer, respondió que “no se advierte la necesidad de contar con información confidencial o reservada de los fabricantes ya que se tratan de operaciones metalmecánicas que pueden ser realizadas de manera general por armeros calificados”.
Especialistas consultados subrayan la extrañeza de exigir un nuevo taller, recordando la compra de 28.707 SiG Sauer SP2022M en 2015, que comprendió, entre otros, la capacitación de 180 armeros y de 180 instructores de la Policía Nacional, entrenamiento para la Sub-Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), un taller de mantenimiento y reparación de armas, y 12 módulos de mantenimiento. Adicionalmente, importante mencionarlo, SiG Sauer incluyó sin costo alguno para la Policía Nacional, otras 2.870 pistolas SP2022M y 50 SP2022 de Operaciones Especiales, y 50 subfusiles MPX de 9 mm, así como 150 fusiles de asalto SiG 516 de 5,56 x 45 mm. y 5 de francotirador SiG 716 DMR (Designated Marksman Rifle) de 7,62 x 51 mm. ¿Qué paso con ese taller?
Así mismo, el requerimiento de plazo de entrega de 120 días calendarios, fue cuestionado por más de un postor, implica un direccionamiento para favorecer a una empresa que ya disponga de las armas en sus stocks, se mantiene, pero se comenzará a computar “desde la fecha de emisión del permiso de exportación del país de origen”. Se estipula, además, que la fecha de fabricación de las armas deberá ser posterior a la firma del contrato. Otro detalle importante que perjudica a los postores es la modificación de la fecha de presentación, inicialmente fijada para el día 7 de noviembre, que debería reprogramarse debido a que la publicación del “Pliego de Absolución de Consultas” se realizó la madrugada del sábado sorprendiendo a los postores por ser el fin de semana no laboral, dejándoles escasamente cuatro días para preparar su propuesta.
Finalmente, la OGAF aceptó, algo bueno entre tanto cuestionamiento, modificar el método de presentación de las propuestas técnico-económicas de los postores, estableciendo que deberán ser presentadas vía correo electrónico con contraseña y bajo supervisión del Órgano de Control Institucional, (OCI) a fin de “asegurar la transparencia del proceso”.
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