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Asociaciones de Oficiales Generales y Almirantes del Perú se pronuncian sobre Acuerdo de Escazú

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes en Situación Militar de Retiro (ADOGEN), al igual que la Nacional Pro Marina del Perú (PROMARPE) y la de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en Situación de Retiro, enviaron sendas comunicaciones al Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama,  expresando su profunda y seria preocupación ante la posible ratificación del Acuerdo de Escazú: “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia suscrito el  27 de setiembre de 2018 por la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz Dodero.

La ADOGEN manifiesta, entre otros aspectos, que “el alcance de este acuerdo, convertido en tratado internacional, es el proyecto más ambicioso y audaz de la ONU para ejercer presión supra nacional sobre los asuntos internos de los Estados con relación al empleo y uso de sus recursos naturales; la dimensión e implicancias de sus alcances, subordinan de hecho, cualquier consideración sobre la soberanía de los Estados y de la autoridad de gobierno a los principios que se exponen en dicho acuerdo” y que “motivaría en cualquier circunstancia que las controversias ambientales y de empleo de nuestros recursos naturales en el ámbito territorial de un Estado, en este caso el Perú, sean resueltas por la Corte Internacional de Justicia, desconociendo de esta manera, el ordenamiento Constitucional del Estado Peruano, restringiendo la capacidad de toma de decisiones de los poderes del Estado, provocando injerencias inaceptables, sobre nuestra soberanía e integridad territorial”.

Al respecto, los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea en Situación de Retiro coinciden con la ADOGEN al manifestar que “este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación de diferentes actores como el público, de las comunidades y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de derechos humanos y asuntos ambientales, entre otros, en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, manejadas por ciertas ONG´s, utilizando para tal fin, a distintas comunidades, así como pueblos indígenas o grupos étnicos”, agregando que “el problema central de este acuerdo, se encuentra en el artículo 19º, donde se establece que, en el caso de controversias respecto a los procesos nacionales, sobre la aplicación de lo establecido en este tratado, dicha controversia se someterá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin que sea la Justicia Internacional quien decida como instancia supranacional y definitiva por sobre lo resuelto en los Tribunales Nacionales, con lo cual la soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada, por una supuesta controversia entre nacionales. En pocas palabras, el Perú perdería su actual soberanía sobre gran parte del territorio nacional”.

Por su parte, pero con más énfasis, la Asociación Pro-Marina público en medios locales una carta abierta dirigida al Presidente del Congreso donde dieron a conocer “su rechazo al Acuerdo de Escazú, que pretenden sea firmado y ratificado por el Congreso de la Republica. Consideramos que esto traería una nefasta consecuencia porque perderíamos la soberanía sobre nuestro territorio amazónico, cediéndola a los intereses de organizaciones privadas nacionales y extranjeras, so pretexto de proteger el medio ambiente y a poblaciones nativas. Esto limitaría el navegar libremente en nuestros ríos que desde hace casi dos siglos venimos haciendo, llevando la comunicación, seguridad y atención a nuestros compatriotas en esas zonas profundas y alejadas”.

En relación al Acuerdo de Escazú, el ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Vicealmirante (r) Jorge Montoya Manrique advirtió que “es evidente que en el acuerdo hay una intencionalidad de carácter política porque no solo regiría para la Amazonía, como algunos aseguran, sino en todo el territorio nacional cuando se trate de proyectos extractivos”, y realizo un llamado al Congreso de la Republica a “ser muy cuidadosos a la hora de analizar la propuesta para no caer en el juego de los grupos de izquierda cuya presencia es evidente en la conducción de los movimientos anti mineros, porque ratificar el Acuerdo de Escazú sería como paralizar la economía en momentos que necesitamos despegar y aprovechar todos los recursos naturales”. A su vez, el ex Comandante General de la Marina de Guerra, y ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante (r) José Cueto Aservi indico, entre otros, que “el Perú no puede ratificar ese acuerdo, pues perderíamos la soberanía sobre la Amazonia. Se bloquearían inmediatamente todos los proyectos mineros, madereros, gasíferos, y petroleros, que son parte vital del PBI del Perú”. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima).


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