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Polémico acuerdo de López Obrador otorgaría secrecía a obras militares

El presidente Andrés Manuel López Obrador está envuelto de nuevo en una situación polémica que involucra a las fuerzas armadas: ha emitido un Acuerdo Presidencial que convierte a todas las obras en construcción y por construir durante su mandato en asuntos de “seguridad nacional” y que además obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno a autorizarlas en automático y a proteger cualquier información que la sociedad civil solicite acerca de ellas.

Así, la información sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Bocas, el Tren Maya y los aeropuertos civiles de Palenque, Tulum y Chetumal, así como las obras del Corredor Interoceánico del Istmo, que están bajo construcción o serán hechos por el Ejército Mexicano, será restringida por considerarla un asunto de “seguridad nacional”.

Esto ya sucede en el caso del AIFA, en torno al cual se ha reservado información técnica y administrativa durante cinco años, lapso en el que se conocerán, por ejemplo, datos sobre las limitaciones der aeronavegabilidad que debieron haber sido entregados a tiempo por las empresas contratadas para realizar los estudios.

En estén contexto, López Obrador acaba de anunciar que los puertos, ferrocarriles y parques industriales comprendidos en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo serán manejados por una empresa que estará bajo custodia de la Secretaría de Marina-Armada de México. La información sobre los detalles técnicos de la obra, su costo, las licitaciones y los problemas que surjan durante su proceso no podrá ser conocida por la ciudadanía debido a la etiqueta de “seguridad nacional” con la se les clasificará.

El “decretazo”, como le ha llamado la oposición, fue emitido hace una semana con la idea de superar toda la burocracia que entorpece los permisos para la realización de toda clase de obras públicas por los trámites excesivos y muchas veces innecesarios, han explicado Obrador al salir al paso de las críticas y ataques por la medida adoptada. 

Lo que el mandatario ha dado a conocer y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no es un decreto, sino un Acuerdo Presidencial por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, señala en su presentación el documento de apenas una página.

El “decretazo”, vigente desde el momento de su publicación, será impugnado por instancias como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) mediante una controversia constitucional, para evitar que las más de 200 dependencias gubernamentales y entidades de la administración pública federal que deben rendir cuentas de sus acciones se nieguen a hacerlo escudadas en el Acuerdo Presidencial.

López Obrador justificó su decisión al quejarse de la lluvia de juicios de amparo que diversos despachos de abogados contratados por la oposición de derecha han interpuesto para detener o retrasar cada una de las obras magnas que los militares están construyendo y van a construir en los próximos tres años.

El presidente ha asegurado que el acuerdo es solo para obviar trámites burocráticos y que no se ocultará ninguna información, sin embargo, abogados especializados señalan que esto no será así y que el acuerdo es un documento plagado de contradicciones. (Jorge Alejandro Medellín)


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