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México despliega a más de 4.000 militares para luchar contra el robo de combustible

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ordenó el despliegue de los primeros 4.280 militares (4.000 soldados y 280 marinos) en zonas sensibles del país en las que el robo de combustible se ha asentado como un problema que afecta a la seguridad nacional. Por órdenes presidenciales y de los secretarios de la Defensa -general Luis Crescencio Sandoval- y de Marina -almirante Rafael Ojeda Durán- tropas del Ejército y la Marina fueron desplegadas para iniciar el combate frontal contra el robo de combustibles (conocido popularmente como huachicoleo), delito que ha sangrado las arcas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) con daños valuados en mas de 61.000 millones de pesos por año (alrededor de 2.748 millones de euros).

El despliegue militar comprende el desplazamiento de 4.000 soldados y 280 marinos en refinerías, centros de transferencia de combustibles, estaciones de rebombeo y centros de control. Hasta antes del despliegue ordenado por AMLO para acatar el robo de combustibles, el número de militares vigilando instalaciones petroleras era casi simbólico y no estaba centrado en combatir el robo de combustibles.

Estas cifras indican un incremento en la cantidad de personal militar que normalmente es desplegado cada año para resguardar instalaciones estratégicas que no se limitan a la de la infraestructura petrolera. Pemex cuenta con 6 Refinerías, 80 Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) con capacidad para recibir 30 millones de barriles de crudo y otros productos. Tiene además 17 mil kilómetros de ductos, 1.405 auto-tanques, 31 buque-tanques de nueva generación, 525 carros-tanque y 15 instalaciones portuarias en los litorales del país, entre otros muchos activos.

El plan del gobierno federal para terminar con el robo de combustible contempla el despliegue de  estos más de cuatro mil soldados que se sumarán a otros 3.894 efectivos, que siempre han hecho labores de vigilancia en 11 instalaciones vitales que incluyen la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde ubicada en Veracruz.

López Obrador ha ordenado el despliegue de los militares en 6 Refinerías, 39 TADs, 12 Estaciones de Rebombeo y en el Centro de Control México, para un total de 58 instalaciones. El despliegue comenzó en la Refinería “Carlos M. Amor” ubicada en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato -azotado por el robo de combustible y el robo a trenes de carga-. Ahí, los militares y marinos comenzaron sus nuevas tareas de seguridad anti huachicoleo revisando ductos cercanos, checando el abasto de combustible en los camiones y retirando los teléfonos celulares a los empleados de Pemex a fin de evitar fugas de información en los operativos.

En conferencia de prensa matutina el presidente de México aseguró que las primeras medidas contra el robo de combustible han reducido de 787 a 177 el número de camiones robados en promedio al día con combustible.  El denominado huachicoleo es un delito que ha existido desde hace muchos años en escala menor, pero que se disparó en los últimos seis como consecuencia de la expansión de los cárteles de la droga, de la diversificación de las actividades criminales de los grupos locales y regionales que constituyen su base de apoyo y que a su vez trafican para ellos enormes cantidades de combustible de todo tipo.

El diesel marino, por ejemplo, es robado para abastecer lanchas rápidas y naves semisumergibles que llevan cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia costas de México en el Pacífico. Los traficantes de combustible usan equipos GPS y otros sistemas para localizar las lanchas cargadas con droga en mar abierto y abastecerlas con bidones del combustible. Lo mismo sucede en el caso de las aeronaves del narco que llevan droga, dinero, armas y personas por todo el continente en vuelos clandestinos que son abastecidos en tierra por bandas locales de delincuentes dedicadas al robo de combustibles.

Esta actividad fue detectada en el año 2001, en el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox, cuando la entonces Secretaría de Seguridad pública Federal (SSPF) dio a conocer investigaciones y datos sobre el involucramiento de empleados de Pemex en el robo de combustibles a partir de la modificación de los camiones (con doble fondo) que transportaban el material. Las investigaciones demostraron que el robo de combustible se hacía primordialmente de esta forma, que el material robado se distribuía en estaciones de servicio de Pemex sin ser reportado de manera oficial y que una pequeña parte del huachicol era vendido por separado en lugares clandestinos a precios menores del establecido por la paraestatal.

Dos sexenios después, el crimen organizado se adueñó del negocio, involucró a bandas locales para trabajar a su servicio y se extendió rápidamente, creando corredores criminales en los que varios poblados y cienos de familias se dedican de lleno a esta actividad ilícita. El 3 de mayo de 2017 un grupo de militares ingresó al poblado de Palmarito Quecholac, en el estado de Puebla, para detener a civiles armados que semanas antes habían atacado a un convoy del ejército que vigilaba carreteras cercanas a ductos de Pemex y en las que se habían reportado tomas clandestinas de combustible. La incursión terminó en un enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro soldados.

En tanto, la Marina-Armada de México dio a conocer algunos datos sobre su participación en los operativos contra el robo de combustibles, señalando que su personal “lleva a cabo el proceso de verificación y evaluación de los controles de las áreas claves en 11 instalaciones estratégicas de Pemex”.

La secretaría aclaró que su despliegue es “solo es para mantener un ambiente de orden, seguridad y disciplina operativa, contemplando tres áreas claves a los accesos, el cuarto de control y los tanques de abastecimiento”.  (Jorge Alejandro Medellín, corresponsal de Grupo Edefa en México)


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