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Manuel López Obrador asegura que se detendrá a los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el pasado sábado que habrá detenciones de militares presuntamente involucrados con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas ocurrida hace seis años en el estado de Guerrero. En estas desapariciones, según se ha demostrado en investigaciones judiciales, participaron elementos de cuerpos policiacos federales, estatales y municipales que habrían protegido a un cártel del narcotráfico denominado Guerreros Unidos.

Las investigaciones también han demostrado que algunos elementos del 27 Batallón de Infantería con cuartel en la ciudad de Iguala, Guerrero, tuvieron información privilegiada, de primera mano, acerca de las últimas horas en las que se vio con vida a la mayoría de los estudiantes. 

Este lunes el mandatario mexicano informó que los primeros militares a los que se buscaba detener “ya dejaron el Ejército”, pero no aclaró si se trata de soldados, de oficiales o jefes y si éstos se dieron de baja, pasaron a situación de retiro o desertaron. Tampoco quiso detallar los grados y la cantidad de elementos que serían detenidos. 

López Obrador se reunió con los padres y familiares de los 43 normalistas ante quienes presentó informes de la Fiscalía General de la República (FGR), del fiscal especial para el caso Ayotzinapa y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre los avances en la investigación. 

Los funcionarios federales indicaron que se han obtenido y cumplido 70 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados a quienes se les sigue proceso penal por desaparición forzada y oteros delitos graves. En la liste de acciones judiciales faltaban los militares y marinos que habrían tenido conocimiento de los hechos y lo documentaron para sus mandos.

En el encuentro del sábado con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador dijo que los elementos de las fuerzas armadas que estuvieran involucrados serían detenidos y adelantó que ya se estaba trabajando en esto y que a partir de la fecha informaría de manera puntual para dar a conocer las detenciones y cómo avanzaría el caso. 

María Martínez Zeferino, madre de uno de los 43 desaparecidos, increpó finamente al presidente Obrador al tomar la palabra: 

Yo sé que está en la mejor disponibilidad y se le agradece, nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy, 26, con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada”.  “Dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia, a nosotros no nos interesa eso, se los llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, operaron el C-4. 

“¿Dónde están todas esas pruebas?, ¿Dónde quedaron y cuándo les van a llegar a los militares, señor? Para nosotros cada día que pasa, pues ahora sí que nos desespera, llega día y noche y no sabemos nada, salimos y regresamos a la casa con las manos vacías”.  El presidente le contestó: “Escuchaba yo, cuando estaba en campaña, que se decía que si estaba involucrado el Ejército en el caso de la desaparición de los jóvenes se tenía que proteger al Ejército, porque se afectaba a esa institución si se demostraba que habían participado en los hechos de Iguala. 

“Yo, desde entonces, sostenía lo contrario; que si se aclaraba de que habían participado militares se tenía que decir, saber y castigar a los responsables, y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, fortalecía a esa institución que es fundamental para nuestro país”, explicaba el presidente. 

El hecho de que no exista encubrimiento es un avance, pero desde hay resistencias, porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario; todavía en todo el gobierno están ahí enquistados, pero no van a poder detener la voluntad que tenemos de que se haga justicia, agregaba Obrador para señalar por que se han dificultado ciertos avances en la investigación del caso. 

La noche de Iguala 

El 26 de septiembre de 2014, antes de la media noche, alrededor de 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se apoderaron por la fuerza de dos autobuses de pasajeros con los que iban a desplazarse por varios puntos del estado para protestar por la represión de las autoridades estatales en su contra y para exigir atención a sus demandas académicas y laborales como lo habían hecho muchas veces: mediante bloqueos carreteros y ocupando casetas de cobro en la autopista federal de El Sol, que conecta al puerto turístico de Acapulco con la Ciudad de México. 

Los normalistas se llevaron los autobuses, pero minutos después fueron detenidos por policías municipales de Iguala quienes los hicieron descender a tiros, usando pistolas y rifles automáticos. Los estudiantes gritaban pidiendo que no les dispararan, que ellos no estaban armados.  

Sin importar esto, los policías continuaron el ataque. Hicieron baja a casi todos los estudiantes y los fueron subiendo a sus camionetas pick up. Algunos normalistas lograron refugiarse en una clínica particular y pidieron ayuda. Hicieron llamadas telefónicas desde sus celulares y narraron a sus familiares lo que les estaba sucediendo.  

En este lapso aparecieron tropas del 27 Batallón de Infantería al mando de un capitán y de un teniente, quienes desplegaron a varios soldados alrededor de la clínica, hablaron con los policías y luego con los estudiantes a quienes fotografiaron, grabaron video e hicieron preguntas cuyas respuestas anotaron. 

Después de esto se retiraron del lugar y los policías municipales y algunos estatales sacaron a los normalistas y los subieron a otras camionetas oficiales para llevárselos a sitios desconocidos. Las primeras investigaciones de la hoy disuelta Procuraduría General de la Republica (PGR) señalaban que la mayoría de los 43 normalistas fueron asesinados y calcinados en un tiradero de basura al aire libre ubicado en el poblado de Cocula, muy cerca de Iguala. 

Las cenizas y algunos restos óseos habrían sido arrojados en bolsas al río San Juan, en el mismo sitio, según la PGR. Sin embargo, con los años, todas estas explicaciones y teorías se fueron derrumbando, porque a la fecha no se ha hallado ningún cuerpo o restos de un cuerpo completo y se desconoce realmente que sucedió con los normalistas.

En estos años la exigencia de los padres y familiares de los estudiantes se ha centrado de manera especial en la actuación de soldados ya que además de las fotos, los videos y los testimonios recabados por ellos, no solo fueron los últimos en verlos con vida, sino que al menos uno de los teléfonos celulares de los estudiantes tenía señal activa horas después de su desaparición y ésta fue ubicada al interior del cuartel del 27 BI de Iguala. 

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y bajo la administración del general Salvador Cienfuegos Zepeda, se impidió por todos los medios posibles que los investigadores independientes e incluso los del Estado mexicano accedieran a instalaciones militares de Guerrero para entrevistar a los soldados que estuvieron en Iguala aquella noche. 

Ahora, en el gobierno del presidente López Obrador, se ha retomado la línea del involucramiento de militares en el caso Ayotzinapa a partir de las evidencias existentes y de la presión de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. 

Los padres de los 43 normalistas y otras organizaciones pro derechos humanos han señalado reiteradamente al Capitán Segundo de Infantería José Martínez Crespo, al Teniente Joel Gálvez Santos y al soldado Eduardo Mota Esquivel como los elementos del 27 Batallón de Infantería a los que se busca detener para que declaren de nuevo en torno a lo sucedido hace seis años, ya que se les ha señalado de haber falseado sus primeros testimonios.  (Jorge Alejandro Medellín)


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