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López Obrador cumple un año en el gobierno en medio de crisis de seguridad y violencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió el 1 de diciembre su primer año como mandatario, sumergido en una severa crisis de inseguridad caracterizada por miles de muertes violentas, ejecuciones y enfrentamientos que no cesan. El 1 de diciembre de 2018, Obrador asumió la presidencia de México y en un encuentro masivo con decenas de miles de ciudadanos en el Zócalo de la Ciudad de México,  ha celebrado su primer año de gobierno. Miles y miles de simpatizantes vitoreándolo mientras en el norteño estado de Coahuila un comando de decenas de sicarios tomaba por asalto el poblado de Villa Unión y atacaba las instalaciones de la policía local.

El enfrentamiento armado dejó al menos 21 muertos. Datos oficiales indican que ese día murieron 127 personas en hechos violentos en varios puntos del país. Una nueva cifra récord de homicidios en el primer año de López Obrador, toda vez que en los meses previos a la fiesta de su llegada al poder habían muerto un promedio diario de 90 a 95 personas.

Investigadores y especialistas en temas de seguridad, narcotráfico y militarismo señalan que el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está marcado por retrocesos graves en materia de seguridad, por una alarmante pérdida de terreno en el combate a los cárteles de la droga, por una errática o inexistente estrategia de combate a la delincuencia, por la desatención para reformar, sanear y restructurar a los cuerpos policiacos del país y, por si fuera poco, por un nulo crecimiento económico.

El marco de este primer aniversario de su llegada al poder, que el mandatario celebró arropado por miles de ciudadanos en el Zócalo capitalino y acompañado por encuestas que lo ubican con más del 60 por ciento del apoyo del apoyo ciudadano, tiene como antecedentes inmediatos:

  - El enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Noreste (CDN), policías y militares en Villa Unión, Coahuila, con saldo preliminar de 21 muertos.

  - El feminicidio cometido en contra de Abril Pérez Sagaón el 25 de noviembre (el Día Internacional la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer) a quien su esposo Juan Carlos ya había intentado asesinar en dos ocasiones; fue detenido, enviado a prisión preventiva y liberado para, meses después, aparecer como sospechoso de la muerte de la mujer a manos de dos sicarios en las calles de la capital del país.

  - La masacre cometida en contra de tres mujeres y seis niños de la familia Le Barón el 7 de noviembre en el estado de Chihuahua.

  - El estrepitoso fracaso del operativo del Ejército Mexicano para detener a Ovidio Guzmán López –hijo de Joaquín Guzmán Loera– en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre y en el que el objetivo tuvo que ser liberado por quienes lo capturaron para evitar una masacre contra los culiacanenses.

Celebración

Sin cifras alegres qué ofrecerle a los mexicanos en el primer aniversario de su llegada al poder en materia de inseguridad pública, Obrador enfrenta realidades apabullantes en cuanto a lo que ocurre en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, tortura, violaciones a los derechos humanos y feminicidios.

Casi a finales del pasado mes de noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las nuevas cifras sobre la incidencia delictiva en el país, confirmando lo que muchos especialistas anticipaban: el crecimiento de la tasa de homicidios a nivel nacional y el cierre del 2019 con un signo trágico que lo convertirá en el año más violento en la historia del país en décadas.

El SESNSP indicaba que el mes de octubre registró un crecimiento en los homicidios dolosos y otros delitos, con una disminución en feminicidios (27 casos menos) con respecto al mes anterior. Los datos del sistema para el mes octubre señalaban que en los primeros 10 meses de 2019 se cometieron en México 28,741 homicidios dolosos y 833 feminicidios. En total, para ese mes, la cifra era de 29,574 víctimas, 706 más que en igual período un año antes.

En promedio, cada día son asesinadas en México 95 personas, según los datos aportados hasta el 21 de octubre de este año por el SESNSP. Las tendencias indican que este año cerrará con más de 34 mil asesinatos, lo que superaría al 2018, que es hasta el momento el año más sangriento en la historia reciente de México, con 34 mil 875 asesinatos.

Diversos medios de comunicación han reportado las cifras del SESNSP. En agosto los datos indicaban más de 20 mil homicidios cometidos en todo el país, con una cifra promedio de 2 mil 505 asesinatos por mes, 448 feminicidios en todo el año y alrededor de 80 muertes violentas por día.

Para septiembre, la cifra fue de 2 mil 916 asesinatos en 10 meses de gobierno con un desagregado de 2 mil 825 homicidios  y 91 feminicidios por mes, lo que daba un promedio de 97 asesinatos cada día.

Los errores

Las cifras de asesinatos, de feminicidios, de desapariciones forzadas, de secuestros y de delitos cometidos son un reflejo de la ineficacia y de las severas limitaciones de la estrategia de combate a la inseguridad del gobierno del presidente López Obrador, así como de los desaciertos cometidos al desaparecer a la Policía Federal y con ello eliminar su trabajo de inteligencia, su capital humanos especializado, su personal con experiencia y adiestramiento policiaco.

La desaparición de la Policía Federal se dio en un proceso largo y lento en el que el crimen organizado, en particular los cárteles de la droga, fueron ocupando ese enorme hueco de inteligencia y movilidad operativa que quedó en evidencia con el operativo de Culiacán, en el que el Cártel de Sinaloa tenía todo un esquema de respuesta y control de daños ante una posible detención de sus líderes.

En este amplio escenario de riesgos y amenazas que el gobierno federal no ha sabido definir y atacar, la agenda de seguridad y combate a la delincuencia llega al primer año de gobierno de López Obrador con calificaciones reprobatorias, con señalamientos puntuales de expertos, analistas y catedráticos en esta complicada área de la vida nacional.

Investigadores como Raúl Benítez Manaut, Presidente y fundador del Colectivo de Análisis por la Seguridad con Democracia (CASEDE), Doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, especializado en Seguridad Nacional, Defensa, Relaciones cívico-militares y Relación entre Seguridad Nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos, considera que el Balance de seguridad es muy negativo en el sentido de que han aumentado todos los delitos en todo el país.

Sobre todo el delito de homicidio, que es el principal indicador que se ha incrementado y este es el año más violento en los últimos 20 años del país. “Esto quiere decir que la estrategia del gobierno no está funcionando, de manera que tienen que conseguir una estrategia que tenga efectividad”. Lo anterior, explica, se debe al desmantelamiento de la Policía Federal y a todo el reordenamiento institucional que llevó a la creación de la Guardia Nacional.

Manaut, quien también ha sido conferencista invitado en las secretarías de la Defensa y de Marina, señala que con la disolución de la Policía Federal “se vaciaron de cobertura muchos estados, (la Policía Federa) se desmovilizó, y había partes que estaban haciendo un trabajo de vigilancia en carreteras, de seguridad, de inteligencia muy importante”.

El catedrático Ricardo Sodi Cuéllar, jurista e investigador especializado en seguridad nacional e inteligencia en la Universidad Anáhuac, ve el tema de la seguridad en el primer año de Obrador como algo “complicadísimo”.

Es un tema en el que observo que hay una falta de estrategia generalizada en cuanto al combate a la delincuencia organizada. No basta únicamente con la Guarda nacional. La Guardia Nacional es un instrumento para la política de seguridad interna, pero no lo es todo. Se necesita de una estrategia, señala.

La Guardia Nacional, explica, es un instrumento, no es la estrategia en sí misma. “Lo que se necesita es una estrategia más clara que a lo mejor existe, pero no la han sabido comunicar de manera efectiva”.

Sodi sostiene que el problema está en que no se ha sabido comunicar la estrategia de manera puntual y clara a nivel nacional. Recuerda que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, en su artículo quinto transitorio, autoriza al presidente de la república a disponer de las fuerzas armadas para términos de la seguridad pública. Eso es un tema importante que poca gente ha mencionado, insiste.

Entonces, el instrumento está pero lo que falta es la política pública de seguridad y de combate a la delincuencia organizada. No basta con que tengamos el instrumento, necesitamos la política general y eso es lo que yo creo que nos falta, puntualiza el abogado y especialista en seguridad nacional, quien propone que “se establezca una política general de seguridad pública y de seguridad interior y que se use el instrumento que es la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia”.

Para Javier Oliva Posada, catedrático e investigador en temas de seguridad nacional y ex asesor externo de la Sedena, el gobierno no tiene una agenda de seguridad, carece también de funcionarios con verdadera experiencia en temas delicados como el del combate al crimen, la seguridad nacional, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y no ha mostrado tampoco un manejo real, eficaz, de los mecanismos de inteligencia necesarios para hacerle a lo que hoy se vive en el país.

Hay programas y políticas de seguridad pero no tenemos una articulación en su conjunto. Lo puedes ver en la serie de documentos que el gobierno ha generado en la materia, dice Oliva.

Por ejemplo, no hay una sola mención a la importancia del fortalecimiento de las policías locales. Para este ejercicio fiscal, de 4 mil millones de pesos que se tenían asignados en el Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) para este 2019, les quitaron mil 500 millones de pesos que van a tres para programas sociales, advierte.

Entonces, sin policías locales consistentes la verdad es que va a estar muy difícil que se pueda regresar al Estado de Derecho y a pacificar al país, explica. “Sí creo que hay serios errores de percepción; no se ha avanzado nada en la actualización, transformación o restructuración de los sistemas penitenciarios a nivel federal y estatal.

¿Es por falta de experiencia, falta de gente capaz en el gabinete de seguridad?-

Yo lo atribuyo a esta proclividad a distinguirse del pasado y a no incorporar, salvo por muy contadas excepciones, a funcionarios que tengan experiencia probada en la materia. Tú ves el primer nivel del staff de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y vas a observar claramente la falta de experiencia y de visión en una situación como la que vive el país y esto es un hándicap para enfrentar el tema de la inseguridad.

La forma en la que está integrada la Guardia Nacional ¿te parece coherente, es rescatable o que le falta a esa forma de estructurar?-

Yo veo a la Guardia Nacional como una de las mejores decisiones, pero lo que veo es esta actitud dubitativa del poder civil de decir que sean militares pero que los comande un civil.

Recuerdo una frase del almirante Ojeda cuando se discutía lo de Guardia y los senadores y diputados hablaban del reconocimiento y la lealtad  y la institucionalidad. El almirante, de una manera muy amable les dijo oigan, ¿por qué si nos quieren tanto no nos tienen confianza?

Oliva Posada considera que lo sucedido en Culiacán es un parteaguas en la historia reciente del país en términos políticos y de operatividad militar, ve la creación de la Guardia Nacional como algo positivo y con enormes retos en el corto plazo, pero también observa la disolución de la Policía Federal como un error grave de esta administración.

En términos generales, el especialista le da una calificación de 7.5 al primer año de gobierno de Obrador, con un especial énfasis en la pobreza de varios funcionarios de las áreas de seguridad. Ahí sí la calificación es reprobatoria, agrega.

En los días previos al primer aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización Amnistía Internacional (AI) difundió el documento México: cuando las palabras no bastan, en el que critican las inconsistencias y omisiones del mandatario señalando que en sus primeros doce meses de administración no ha resuelto la crisis de derechos humanos que vive el país.

Amnistía Internacional ve incluso “una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles”.

La organización recordó que persisten altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida y uno de los delitos que siguen ocurriendo es el de la tortura, que aún es generalizada. Persisten también alarmantes índices de violencia contra las mujeres a la par de una estrategia de seguridad militarizada y más viva que nunca.

Y como le ocurrió el 17 de octubre cuando se enteró del inicio del fallido operativo militar en Culiacán -mientras encabezaba el banderazo para iniciar las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)- el presidente fue informado de un nuevo enfrentamiento armado con más de 20 muertos, ocurrido en Coahuila, justo el 1° de diciembre, en el día de la celebración por llegada al poder.

Con las víctimas mortales de ese día, la cifra de muertes violentas alcanzó un nuevo récord: 127 muertes en un día, el día del presidente.

No obstante estos hechos, Andrés Manuel López Obrador llegó al 1° de diciembre con un amplio apoyo revelado en varias encuestas hechas por medios de comunicación en los que más del 60 por ciento de la gente entrevistada manifestó apoyo a su gestión y confianza en su mandato. (Jorge Alejandro Medellín, corresponsal de Grupo Edefa en México)

 


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