En medio de la oleada de violencia más fuerte que haya enfrentado en su sexenio, encabezada por grupos del crimen organizado en al menos cinco estados de la República, el presidente adelantó que buscará cambios legales para hacer que el Ejército y la Marina se queden en las calles, dinámica en la que coadyuvarían con la Guardia Nacional, a la que incorporará a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
De acuerdo con su planteamiento, las Fuerzas Armadas sumarían sus esfuerzos al trabajo que viene realizando la Guardia Nacional desde hace tres años y que hoy cuenta con más de 118 mil elementos en sus filas.
El anuncio de López Obrador fue hecho en una de sus últimas conferencias mañaneras, en la que se le preguntó precisamente qué iba a hacer su gobierno ante la reacción del crimen organizado tras el operativo fallido en el que el Ejército Mexicano no pudo detener a Ricardo Ruíz Velazco, el “RR”, uno de los líderes del Cartel de jalisco Nueva Generación (CJNG) encargado, entre otras cosas, del manejo de redes sociales para la organización criminal.
Violencia fuera de control
El “RR” se reunió en Ixtlahuacan, uno de los municipios conurbados de la ciudad de Guadalajara, con líderes regionales de otros cárteles para revisar posibles alianzas, sucesiones y estrategias de combate contra otros grupos rivales. Sin embargo, la gente del “RR” fue alertada sobre la presencia de comandos de fuerzas especiales del Ejército, lo que desató enfrentamientos, quema de vehículos y de negocios, bloqueo de carreteras, tiroteos y persecuciones en Jalisco y San Luis Potosí.
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La violencia se extendió luego a varias ciudades de Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán, en ataques directos contra civiles, no contra policías o militares, dejando decenas de muertos y heridos. El gobierno federal ordenó el despliegue de miles de soldados en las entidades afectadas por la violencia desatada por los cárteles, En Michoacán, por ejemplo, tropas del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a 167 civiles armados que integraban un grupo de autodefensa autodenominado Pueblos Unidos, formado por ex miembros del disuelto cártel de los Caballeros Templarios.
Las versiones oficiales señalaban que los integrantes de Pueblos Unidos comenzaban a movilizarse para tomar el control de dos o tres ciudades michoacanas en la coyuntura de la violencia en otros estados. Las tropas los detuvieron e incautaron 233 armas, 25 vehículos, más de 19 mil cartuchos útiles y aditamentos lanzagranadas. En respuesta, un remanente del grupo Pueblos Unidos retuvo a 25 elementos de la Guardia Nacional a los que liberó horas más tarde, cuando el Ejército movilizó a un batallón.
En este contexto, el presidente López Obrador aprovechó la coyuntura del estallido de violencia para recordar e insistir en su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la estructura de la SEDENA, agregando, además, un nuevo escenario ad hoc con lo ocurrido: mantener a las fuerzas armadas en las calles del país más allá del 2024, el último año de su gobierno y, sobre todo, el año en que las tropas de tierra, aire y mar deberán regresar a sus cuarteles de acuerdo con el artículo quinto transitorio de la ley de la GN, avalado por el presidente.
Con su pronunciamiento, López Obrador anticipó que no respetará lo estipulado en la ley de la GN y que seguirá abriendo espacios de todo tipo a las fuerzas armadas a partir de los escenarios de violencia que justificarían el despliegue militar de forma permanente.
En su conferencia mañanera del pasado viernes 12 de agosto, Obrador adelantó sus intenciones al señalar la necesidad de que “se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública”.
Se le preguntó al presidente cómo le daría soporte jurídico a su idea de mantener a las tropas en las calles de forma permanente y contestó: ”hay que pensar bien, hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio (…) Una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma, porque nos están bloqueando, o sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad”. (Jorge Alejandro Medellin)
