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La Justicia de México decidirá si es constitucional mantener a las Fuerzas Armadas en las calles

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizarán en los primeros días de 2022 la constitucionalidad de un acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, por el cual el mandatario Andrés Manuel López Obrador dispuso que las Fuerzas Armadas apoyaran en labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, con la posibilidad de extender ese plazo de manera indefinida.

Obrador emitió el Acuerdo Presidencial para avalar y mantener en las calles a las tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en apoyo a labores de seguridad pública para reforzar a la Guardia Nacional, trabajando de manera coordinada, extraordinaria y subordinada a las autoridades civiles, lo cual no ha sucedido desde la publicación del acuerdo.

La decisión de la Suprema Corte se basó en la relevancia del tema que estaba programado para revisarse este miércoles en la Primer Sala y no en el pleno del máximo tribunal del país. 

Los ministros enviaron la controversia constitucional 90/2020 con la que se impugnó el Acuerdo Presidencial emitido el 11 de mayo del año pasado, en el que se determinó mantener a las tropas del Ejército y la Marina en las calles asumiendo funciones de apoyo a la seguridad pública de manera extraordinaria, coordinada y subordinada a la autoridad civil, lo cual no ha sucedido.

Documentos del gobierno federal e investigaciones periodísticas de medios nacionales y extranjeros han revelado que el despliegue de más de 320 mil militares se ha hecho a partir de un  esquema y una estrategia castrense en la que los cuerpos policiacos han jugado un papel complementario.

Además, se ha demostrado que las operaciones de la Guardia Nacional no han sido autónomas, sino que ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la encargada de coordinarlas en zonas conflictivas del país por lo menos desde octubre de 2020.

El Acuerdo Presidencial de mayo de 2020 fue atacado de inmediato por diversas organizaciones civiles y por gobiernos municipales ya que el texto establece que los militares Apoyarán las labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, cuando la Guardia Nacional haya alcanzado suficiente madurez, cobertura y capacidad operativa para enfrentar el reto del combate a la inseguridad.

La organización Seguridad sin guerra advirtió sobre los peligros del documento, al que denominó Acuerdo Militarista, señalando que éste autoriza al Ejército y Marina para realizar detenciones, incautar bienes y preservar el lugar de hechos delictivos en todo el país. 

El acuerdo no provee una regulación clara para ello, y deja la fiscalización a los órganos internos de estas instituciones (es decir, a una instancia militar y no sujeta a leyes de transparencia). Tampoco se establecen objetivos y abiertamente se omite imponer la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil para realizar tareas de seguridad pública. Lo que la Constitución exige, que el uso de las Fuerzas Armadas en estas tareas sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, solo está en el título del Acuerdo presidencial, señalaba la organización civil.

La controversia constitucional 90/2020 fue presentada el 20 de junio de 2020 por la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la legisladora de oposición Laura Rojas.

Aunque no existe una fecha o plazo para que el pleno los de los 11 ministros de la SCJN se pronuncie al respecto, se espera que la sesión definitiva se dé a principios de 2022. (Jorge Alejandro Medellín)


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