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El juez decide procesar a los 30 Infantes de Marina de la Armada de México detenidos el 9 de abril por desapariciones forzadas

En un inédito e histórico pronunciamiento, un juez federal ha decidido procesar a los 30 Infantes de Marina detenidos el pasado 9 de abril en diversos cuarteles navales y a quienes se acusa de haber cometido desapariciones forzadas en contra de decenas de civiles entre febrero y mayo de 2018, en el marco del despliegue de al menos 250 integrantes de las Fuerzas Especiales de la Armada de México para frenar a los cárteles del narcotráfico en el norte del país.

El Juez de Control de Procesos Federales radicado en la fronteriza ciudad de Reynosa, en el conflictivo estado de Tamaulipas, se pronunció el jueves 14 de abril en torno a tres expedientes (155/2020, 307/2020 y 308/2020) integrados por la Fiscalía General de la República (FGR) con los que se reabrieron varios casos de desapariciones forzadas cometidas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, bajo la administración del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. 

Las carpetas de investigación involucran a tropas de Infantería de Marina y a decenas de elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina-Armada de México (SEMAR), en especial a un número indeterminado de integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES). 

Este cuerpo de élite –entrenado por oficiales del Comando Norte de los Estados Unidos– está formado por los miembros mejor calificados de las Fuerzas Especiales (Fuerzas Especiales del Pacífico-FESPA; Fuerzas Especiales del Golfo-FESGO, y Fuerzas Especiales del Centro-FESCEN) y ha sido la cabeza de playa el combate contra de los cárteles y organizaciones criminales más violentas de México en los últimos seis años. 

A finales de 2017, cuando esta unidad estaba bajo el mando del almirante Marco Antonio Ortega Siu, entonces Coordinador General del Cuerpo de Infantería de Marina y responsable directo de la UNOPES, se puso en marcha un amplio operativo en el que al menos 250 elementos de élite naval fueron enviados a los estados de Nuevo León y Tamaulipas para enfrentar a diversos comandos de sicarios fuertemente armados y estructurados en células de ataque con entrenamiento paramilitar. 

Fue en ese marco en el que se produjeron decenas de desapariciones forzadas de civiles que eran, supuestamente, sicarios o colaboradores de cárteles de la droga, y a quienes se les detenía, se les conducía a casas de seguridad o incluso a cuarteles navales para interrogarlos, torturarlos y ejecutarlos, haciendo pasar los crímenes como una guerra entre cárteles. 

Esto es lo que supuestamente se investigó a finales del sexenio de Peña Nieto sin llegar a ningún resultado pese a existir denuncias firmes e incluso dos Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por Violaciones Graves (35VG/2020 y 36VG/2020), iniciadas dos años antes a partir delas denuncias de familiares de los desaparecidos. 

Con base en estos documentos de la CNDH la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió los casos y obtuvo las 30 órdenes de aprehensión contra los marinos, que fueron detenidos el 9m de abril en diversas instalaciones y llevados ante el juez federal de Reynosa para conocer los cargos en su contra. El juez ordenó primero la vinculación a proceso de seis marinos en la primera audiencia. En las otras dos, efectuadas para desahogar los expedientes restantes, fueron vinculados a proceso 11 y 13 marinos respectivamente, quedando los 30 elementos en prisión durante los próximos seis meses mientras sus abogados intentarán demostrar su inocencia. 

Los marinos fueron trasladados a la prisión del Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México para resguardar si integridad mientras se les procesa. 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que con la conclusión de la tercera audiencia “los 30 elementos de la Marina quedan vinculados a proceso y 6 meses de investigación complementaria”, con lo que sigue abierta la posibilidad de que sus defensores intenten demostrar que algunos de los señalados no son responsables de los crímenes cometidos.  Minutos después de conocerse la decisión del juez federal, la Fiscalía General de la República (FGR) fijó su postura en un comunicado en el que destaca la reapertura del caso en esta administración, celebra la obtención de las 30 órdenes de aprehensión y valora la cooperación del almirante secretario Rafael Ojeda Durán para avanzar en el caso. 

“Durante la administración anterior, de febrero a mayo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se dieron una serie de confrontaciones violentas, de donde resultaron diversas denuncias por desaparición forzada, vinculadas con elementos de la Marina-Armada de México.  

“En esta nueva administración, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, reabrió el caso; logró judicializar y obtener, de un Juez Federal, 30 órdenes de aprehensión, en contra de elementos de la Armada de México.  

“En un acto ejemplar de apego a la ley, el secretario de la SEMAR, Almirante José Rafael Ojeda Durán, coadyuvó con toda eficacia para el cumplimiento de los mandamientos judiciales que se han llevado con prontitud y absoluta legalidad.  “La FGR ya logró obtener del Juez Federal de Control con sede en Reynosa, Tamaulipas, la vinculación a proceso de los 30 elementos señalados, fijando un plazo de seis meses para la investigación complementaria”, señaló la FGR en su comunicado. 

Luego de la detención de los 30 marinos, el Consejo de la Judicatura Federal ofreció daros sobre el caso, señalando los expedientes en torno a los cuales se habían solicitado y obtenidos las 30 órdenes de aprehensión: 

Causas penales acumuladas 155/2020, 307/2020 Y 308/2020 relacionadas con hechos ocurridos el 19 de febrero de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que 30 elementos en activo de la Secretaría de Marina y Armada de México probablemente participaron en la desaparición de cuatro víctimas sin que hasta el momento se sepa de su paradero. 

Por los hechos referidos, un Juez de Distrito especializado en el Sistema Acusatorio de este Centro de Justicia, libró órdenes de aprehensión contra 30 personas por el delito de Desaparición forzada de personas. 

Por lo que hace a la causa penal 155/2020, la audiencia inicial se llevó a cabo hoy a las 8:15 horas, y se determinó la vinculación a proceso de 6 imputados, así como un plazo de investigación complementaria de 6 meses. 

En tanto que la causa penal 307/2020, la audiencia inicial por lo que hace a 13 justiciables, inició a las 20:30 horas de este día y se encuentra en proceso de desarrollo. En la causa penal 308/2020, la audiencia inicial tendrá verificativo el mañana 15 de abril, a las 8:15 horas, por lo que hace a 11 justiciables, señalaba el CJF.  (Jorge Medellín)

Fotografía: Infantes de Marina de la Armada de México.


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