El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que el Ejército se sume al resguardo, vigilancia y control de las aduanas del país en un intento por combatir de manera frontal la corrupción que ha permitido durante décadas el trasiego de sustancias ilegales, de drogas, de armas de fuego, de cartuchos, de mercancía ilegal, de automóviles robados y toda clase de objetos con los que el crimen organizado desplaza recursos para mantenerse operando y alimentando una extensa red de complicidades.
La orden presidencial implicará que las tropas mexicanas se hagan cargo de al menos 49 recintos aduanales en tierra firme, aunados a 116 aduanas marítimas que desde 2017 comenzó a controlar paulatinamente la Marina-Armada de México, en un proyecto que se ha concretado en el gobierno de López Obrador y que ha confrontado a la Marina Mercante del país, a la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) -que controlaba en su totalidad la actividad portuaria- y a la Marina.
En el caso de la orden se sumar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al esfuerzo de control aduanero hay una historia reciente que data de 2009 y en la que las Fuerzas Armadas -precisamente en el gobierno de Felipe Calderón y su declaración de guerra a los cárteles de la droga- recibieron la orden del controlar la actividad en uno de los puntos estratégicos más codiciados por el crimen organizado.
La intervención militar no sirvió para contener o controlar el flujo de mercancías ilegales, de drogas, de armas, de sustancias ilícitas y de contrabando. En cambio, los cárteles de la droga siguieron ejerciendo el “derecho de piso”, el cobro por pasar mercancía de México hacia el sur de los Estados Unidos en un negocio que tan solo en 2019 le redituó a al gobierno mexicano 15.193 millones de pesos (alrededor de 589,7 millones de euros).
En 2009, la llegada de militares a las aduanas del país implicó modificaciones y reacomodos legales y laborales que hoy enfrentarán de nuevo las tropas de la SEDENA que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval, ya que la legislación mexicana establece que los inspectores aduanales deben ser civiles y cumplir con ciertas condiciones para operar en los recintos.
Bajo el mismo argumento de la corrupción enraizada en las estructuras aduaneras, Felipe Calderón ordenó el despido de 730 inspectores, los cuales fueron sustituidos por oficiales del Ejército Mexicano, que se retiraron de los recintos sin haber abatido los niveles de corrupción ni haber controlado el trasiego de mercancías ilegales, principalmente armas, cartucho y droga.
La presencia militar solo inhibió la actividad delictiva por un tiempo. Diarios mexicanos revelaron en 2017 que varios empresarios habían denunciado el cobro de 300 dólares por el ingreso de cargamento mexicano hacia los Estados Unidos por la aduana de Reynosa, Tamaulipas –colindante con Texas–, por parte de cárteles de la droga.
Tras el anuncio sorpresivo hecho por el presidente López Obrador, las autoridades aduaneras de México reconocieron que nos será fácil incorporar a los militares ya que se tendrán que hacer cambios en el tema laboral. El presidente de México indicó en su anuncio que la situación es delicada y detalló que actualmente los empresarios se ven obligados a pagar hasta 2 mil dólares al crimen organizado por cada envío que pretenda cruzar al lado norteamericano.
De hecho, para asegurar el pago de las cuotas cobradas por el crimen organizado, éstas se hacen directamente a los administradores de los recintos aduaneros, “pero esto se va a terminar”, aseguró López Obrador. El gobierno federal no ha mencionado aún fechas probables de incorporación de los militares a las 49 aduanas. La SEDENA indicó que se está evaluando apenas lo ordenado por el presidente para ir asignando los elementos necesarios e idóneos en cada sitio requerido. (Jorge Alejandro Medellín)
Foto: Recinto portuario de Manzanillo
