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Cedido el control total a la Marina de México de los 102 puertos del país

Tras una acalorada discusión legislativa en la sede de la Cámara de Diputados, los legisladores federales finalmente votaron en forma mayoritaria este 1 de octubre para entregarle a la Marina-Armada de México (SEMAR) todo el control de los 102 recintos portuarios del país.

Le decisión de los legisladores de modificar y reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos de México, le quitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el control no solo de los recintos portuarios, sino también el manejo y administración de las escuelas náuticas en las que se forman los pilotos y oficiales de la Marina Mercante del país. 

La SCT tiene a su cargo el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), cuyos recursos se emplean para solventar una parte de los gastos de tres escuelas náuticas y un centro de educación: 

Escuela Náutica Mercante de Veracruz “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres”, fundada en 1919. 

Escuela Náutica Mercante de Mazatlán “Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo”, inició actividades en 1880 y a partir de 1994 incorporó personal femenino al plantel. 

Escuela Náutica de Tampico "Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González", se constituyó en 1945. 

El Centro de Educación Náutica de Campeche es una institución a nivel superior dedicada a la capacitación y actualización de oficiales, personal subalterno de la marina mercante y pescadores. 

Datos de la SCT y del FIDENA actualizados a octubre de 2019 indican que desde 1976 han egresado 8, 247 oficiales de la Marina Mercante quienes trabajan en más de 700 embarcaciones de todo tipo, dentro y fuera del país. El personal embarcado en octubre de 2019 ascendía a 4, 037 elementos, mientras que en plataformas marinas había 1, 196 marinos mercantes y en tierra, trabajando como pilotos de puerto, capitanes puerto, en la estructura del FIDENA, en institutos privados, en Administraciones Portuarias Integrales (APIs), en casas clasificadoras y en empresas relacionadas con el ámbito de la marina mercante había 1, 365 personas. 

En otras áreas, como pilotines, aspirantes a oficiales de máquinas en prácticas, había 588 elementos. Egresados extranjeros se registraban 94 y marinos mercantes mexicanos operando en los mares y costas de otros países eran 133, para un total de 7, 413 elementos en funciones contabilizados por el FIDENA. 

La decisión de los legisladores federales culminó la dinámica de otros escenarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política de combate a la corrupción, austeridad republicana y apoyo total a los pobres se combina con un acelerado proceso de militarización que se ha extendido a diversas áreas de la civil.  

Este hecho ha sido criticado y combatido por partidos políticos, grupos y asociaciones civiles, académicos y especialistas en seguridad que han advertido los riesgos de este proceso de militarización, iniciado con la seguridad pública, pasado al terreno del combate al COVID y ampliado ahora a la vigilancia y control de puertos y aduanas. 

Esta dinámica comprende la culminación, el pasado 21 de septiembre, del nombramiento de almirantes, vicealmirantes y contralmirantes en retiro al frente de 12 de las 14 APIs del país a las que han llegado para combatir la corrupción, darles seguridad operativa y sanear su manejo administrativo. 

A esto se suman los nombramientos de 15 elementos de la Marina –algunos en retiro– para hacerse cargo de igual número de Aduanas Marítimas en 12 de los 17 estados costeros del país. Entre los designados hay 3 Vicealmirantes, 4 Contralmirantes, 1 Capitán de Navío, 4 Capitanes de Fragata y un teniente de Corbeta de Infantería de Marina que se hará cargo de la Aduana de Altamira, en Tamaulipas. 

En las últimas semanas se incrementó en redes sociales la protesta de los marinos mercantes, de algunos partidos políticos y de analistas y especialistas en seguridad ante la inminencia de las reformas que hace un par de meses provocaron la renuncia Javier Jiménez Espriú a la SCT, bajo el argumento de que la militarización portuaria no solo violentaba el texto constitucional por colocar a las fuerzas armadas en labores que no le corresponden en tiempos de paz. 

Además, recordaba Espriú en su carta de renuncia del 17 de julio, las funciones eminentemente civiles de los puertos de la Marina Mercante y la formación de marinos mercantes han estado a cargo de la SCT desde 1970. 

Mucho antes de esto, en 2017, se había iniciado la llegada de la SEMAR a los puertos del país para ejercer y hacer cumplir la ley como Autoridad Marítima Nacional en los recintos portuarios, asediados por el crimen organizado y por funcionarios corruptos que hicieron fortuna mediante negocios y manejos administrativos oscuros. 

El objetivo final era el que se cumplió en el pleno de San Lázaro, con la entrega de los 102 recintos portuarios para retomar su control, hacer una limpia administrativa y sanear su funcionamiento. En el paquete van incluidas las reformas y medidas para que la SCT le ceda ya el manejo de la Marina Mercante a la SEMAR, en un esquema militarista que ya es la característica del sexenio del presidente López Obrador. 

El siguiente paso será la llegada del paquete de reformas al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación en los próximos días. (Jorge Alejandro Medellín)

Fotografía: Puerto de Veracruz.


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