Según la explicación del Ministerio de Defensa ecuatoriano, la suspensión temporal del proyecto de radares para la detención de narcoavionetas se debe a retrasos en las obras de infraestructura necesarias para su correcta implementación, respondiendo a criterios técnicos y de seguridad, y no a su cancelación, y se mantendrá hasta que concluya la obra civil indispensables para garantizar la estabilidad y operatividad de los sensores. Una vez superada esta fase, el proceso de instalación será reactivado.
La Fuerza Área Ecuatoriana (FAE) adjudicó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en noviembre de 2024 la ejecución de estas tareas. Un comandante de ese Cuerpo detalló que, tras una revisión técnica del contrato 2023-D-001 se identificaron factores técnicos, meteorológicos y geotécnicos que inciden directamente en la viabilidad de la instalación.
Entre los principales requisitos pendientes están la construcción de vías de acceso estables y bases técnicas de soporte, esenciales para asegurar la integridad estructural. Según el informe técnico, las condiciones climáticas de la zona y las características del terreno impidieron completar las obras dentro de los plazos previstos. Estas circunstancias se enmarcan en situaciones de fuerza mayor ajenas a la planificación original del proyecto. Continuar con la instalación del radar sin que la infraestructura esté concluida representaría riesgos tanto para el funcionamiento del sistema y para la seguridad de las áreas cercanas. Mauricio Salazar Machuca, comandante general de la Fuerza Área Ecuatoriana, explicó que durante el proceso aparecieron factores de fuerza mayor que no permitieron continuar con las obras.
Ese escenario obligó a firmar un contrato complementario que permita extender el tiempo de entrega de esta obra de infraestructura, de tal manera que garantice la instalación del radar en su debido momento, según Salazar. Aunque el Estado compró en 2023 un nuevo LTR-25 (Radar Táctico Largo) Lanza tridimensional por más de 24 millones de dólares a Indra, continúa almacenado en España. Según el contrato, el equipo debía estar operativo en diciembre de 2025, pero diez meses antes el Ministerio de Defensa ordenó la suspensión del proceso mediante la resolución N.º 16, alegando que aún no se ha completado la infraestructura necesaria en los cerros Montecristi y San Isidro. Debe reemplazar al que fue destruido con explosivos el 7 de noviembre de 2021 en el cerro de Montecristi (provincia de Manabí), Ecuador sigue sin un sistema de vigilancia aérea de largo alcance en la costa del Pacífico.
Destrucción del radar de Montecristi
La FAE recibió 5 millones de dólares de una aseguradora por la explosión del radar. Aquel ataque dejó sin cobertura aérea a una de las zonas más utilizadas por narcoavionetas. La paralización se produce en medio de la guerra declarada por el Gobierno contra el crimen organizado. El LTR-25 tiene un alcance de 445 km. y permitiría vigilar el espacio aéreo de 7 provincias: Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, una franja clave para el tráfico de drogas por vía aérea.
Por la destrucción del radar, 9 miembros de la FAE fueron sentenciados a nueve años y tres meses de prisión por sabotaje en grado de omisión. Ecuador se convertió en los últimos años en un paso importante para el tráfico drogas a Europa y Norteamérica. En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 ton., 135 de ellas en operaciones marítimas, algunas ejecutadas con apoyo de Estados Unidos.
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