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Ecuador debate una ley que permitiría el derribo de aviones ilícitos

En el Congreso se presentó un proyecto de ley que permite a la Fuerza Aérea Ecuatoriana la intervención con la fuerza sobre cualquier aeronave que se encuentre volando sin autorización, plan de vuelo, contacto, de manera hostil o ilegalmente en su espacio aéreo. Esta nueva normativa le facultaría a derribar, especialmente, los aparatos dedicados al narcotráfico, que circulan con frecuencia en su cielo.

Actualmente, la legislación permite el derribo de aeronaves solo cuando se trate de un conflicto bélico o una crisis internacional y en las situaciones en las que exista una amenaza a la soberanía del Estado. Según la propuesta de ley, para detectar que una aeronave es hostil se deberán evaluar al menos doce factores relacionados con la autorización, la identificación y la comunicación. En caso de que el avión o avioneta sea declarado como hostil, la Fuerza Aérea podrá hacer uso de la fuerza a través de la persuasión, la neutralización o el derribo.

El proyecto de ley también señala que una aeronave no tripulada podrá ser considerada como hostil. La posibilidad de derribar aeronaves será considerada solo en última instancia, de acuerdo a la propuesta legislativa. Si después de aplicar medidas de persuasión, como la comunicación a través de radio y cartelería, o cuando ya se haya hecho uso de munición trazadora, la Fuerza Aérea podrá derribarla con un disparo directo, con la finalidad de provocar daño que impida que siga volando. Una vez que sea derribada, la entidad deberá remitir la confirmación de la operación y la información de esta a la Policía Nacional, a la Fiscalía General del Estado y a Criminalística, para que continúen los procedimientos de ley. La legisladora Johanna Moreira, del partido Izquierda Democrática, fue quien presentó el proyecto.

Permitirá “la identificación de una aeronave irregular, la interceptación e incluso el derribo de la misma, como una acción final sobre nuestra soberanía; enviando un mensaje claro a esos grupos delincuenciales del país, especialmente a cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador”. La propuesta de ley deberá tener concordancia con los conceptos y protocolos internacionales para el proceso de interceptación y derribo. Además, deberá seguir el procedimiento de creación de legislación en el Ecuador. Primero deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano más importante de la Asamblea Nacional. Ahí se enviará a una de las comisiones del Congreso para que la analice y presente un informe. Si el informe es aprobado y se sugiere que la propuesta pase al pleno, entonces en sesión los legisladores debatirán por dos ocasiones la propuesta hasta su aprobación y archivo.

Si es aprobada, se enviará al Presidente, quien tiene la opción de vetar total o parcialmente la ley. Ecuador busca luchar contra el narcotráfico que se ha instalado en el país. Aunque no produce droga, sí es una de las rutas principales para el envío de estas sustancias hacia Centroamérica, América del Norte y Europa, generalmente desde los puertos del país. En las últimas semanas, los decomisos en altamar han sido frecuentes, como hace poco frente a las costas de Manabí, cuando una embarcación fue abandonada después que el personal de la Armada Nacional la descubriera. Al revisarla se encontraron más de 800 paquetes de droga, equivalentes a 900 kg. Las Fuerzas Armadas instalaron un nuevo radar para detectar aeronaves dedicdas al tráfico de drogas en Manabí, donde está el cantón Montecristi, a 395 km. de Quito. Entre 2019 y 2020, las Fuerzas Armadas detectaron dos pistas clandestinas. 

Fotografía: La legisladora ecuatoriana Johanna Moreira.


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