Tras ser considerados como pruebas en el proceso penal por corrupción, un juez prohibió inicialmente que fueran vendidos los 3 helicópteros (FAE-602, 605 y 606) Drhuv de fabricación india que sobrevivieron, después que los otros se estrellaran, y que dieron un pésimo resultado a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Un peritaje determinó que su valor es de 7 millones de dólares, valor que es materialmente imposible que se materialice. Actualmente permanecen preservados en un hangar del Ala de Combate n.º 22, en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil a la espera de esa eventual venta. Se compraron 7 helicópteros Drhuv a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en 2008 por 42,5 millones de dólares. Desde 2015, año en el que la FAE resolvió su paralización indefinida luego del cuarto accidente con pérdida total de la aeronave.
El primer siniestro ocurrió el 27 de octubre de 2009, cuando uno de ellos se estrelló durante una exhibición aérea en la Base Aérea Mariscal Sucre de Quito, realizada con ocasión del 89º aniversario de la fundación de FAE, no habiendo que lamentar fallecidos. Cinco años después, el 20 de febrero de 2014, la aeronave presidencial se precipitó a suelo en la comunidad de San Roque, en Chimborazo, mientras volaba desde Guayaquil hacia Quito, muriendo militares. El 13 de enero de 2015, otro se cayó durante una misión de entrenamiento en Chongón, cerca de Guayaquil, en esta ocasión sin víctimas. Dos semanas después, el 27 de enero de 2015, se estrelló el cuarto, en el helipuerto de Tena, en Napo, en el que tampoco hubo fallecidos, pero sí heridos de consideración.
Para conservarlos en buen estado se efectúa un riguroso proceso de mantenimiento, con tareas básicas de ventilación de los fuselajes (apertura de accesos y compuertas), inhibición de corrosión mediante la aspersión de aceites persevantes desde 2016, cuando se desmontaron motores y componentes, como las palas del rotor principal y el de cola, transmisión principal y desmontaje de equipos electrónicos (almacenados con climatización).
En el caso de los motores, al ser un componente especial, se mantienen en contenedores de presión, temperatura y humedad controlada, en gas nitrógeno, que atendiendo a su manual técnico, deben ser enviados a un banco de pruebas para posteriormente ser almacenados por otros cinco años. Pocas semanas antes de que concluyera sus funciones el anterior gobierno, en abril de 2020, el ministro de Defensa Nacional, general Oswaldo Jarrín, anunció que los helicópteros se venderían.
El objetivo era concluir el proceso de liquidación del contrato con la HAL, terminado unilateralmente por el Ministerio en 2015. HAL no estaba conforme con la decisión y presentó al año siguiente una demanda contra la Institución en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo n.º 1, en la capital, en la que pidió que se declarara la nulidad de la terminación unilateral y que se le pagara una indemnización por daños y perjuicios por un total de 11.071.229,40 dólares: 6,08 millones por cuotas pendientes de pago; 760.548,4 de diferencia de multas a favor de la HA; 368.285 de intereses contractuales conforme a la cláusula 10.2 del contrato, 2,26 millones de garantía de fiel cumplimiento ilegalmente ejecutada; 1.602.400 de intereses legales calculados al 26 de julio de 2016; y 11.071.229,4 de daños y perjuicios
El Tribunal aceptó parcialmente el pedido de la HAL declarando la nulidad, no de la terminación, sino de un recurso de apelación interpuesto erróneamente por esta misma, pero no se pronunció sobre el tema de la reparación económica. La empresa planteó un recurso de casación, que perdió, y en 2018, quedó en firme la resolución de la terminación unilateral. Señaló que, como producto de esta terminación unilateral, se generó una liquidación económica del contrato basada en el cruce de deudas y multas entre ambas partes y el resultado fue que debía pagarse a HAL la suma de 2.994.181,11: Bienes entregados, 44.626.734,86; sistemas no entregados en los cinco primeros helicópteros, - 801.757,85; sistemas entregados a los 2 últimos helicópteros, 252.562; pagos realizados a HAL hasta 2014, -39′120.000; multas generadas hasta el 28 de octubre de 2015 por bienes no entregados -2.073.972,3; e intereses a favor de HAL por la Cláusula 10ª del contrato de saldo adeudado, 110.614,4.
El Ministerio siguió adelante con el proceso, para lo cual se contrató un peritaje con un ingeniero aeronáutico para que hiciera una valoración de los 3 helicópteros, 9 motores y otras piezas remanentes, dando como resultado los mencionados 7 millones de dólares de 2019 y la FAE recomendó al Ministerio de Defensa Nacional que realizara la venta; pero la Procuraduría General del Estado determinó que, al tratarse de un bien estratégico, la forma pertinente de realizar la liquidación es mediante una negociación con el fabricante o una venta de gobierno a gobierno. Así, el Ministerio empezó a conversar en 2020 con HAL, que previó que directivos suyos visitaran Ecuador, pero esto no se concretó a causa del COVID-19. El ministro precisó se habían enviado invitaciones a embajadas de varios países. La firma francesa Safran, fabricante de los motores, manifestó su interés en dos de ellos, que estaban nuevos, por 500.000 dólares.
Mientras todo esto ocurría, la Fiscalía General del Estado reactivó, en diciembre del 2020, la investigación por presunto peculado en el proceso de adquisición, que se había archivado en 2009. En principio señaló a 19 personas, incluyendo Javier Ponce y Wellington Sandoval, ex ministros de Defensa. La compra fue cuestionada en su momento por el fallecido general Jorge Gabela, que había sido comandante de la FAE y que fue asesinado en 2010, un crimen sigue sin aclararse. Cuando la fiscal Diana Salazar se enteró del anuncio de Jarrín, solicitó de inmediato al juez Iván León que estas aeronaves fueran inmovilizadas por 180 días y su pedido fue aceptado y las negociaciones con la empresa francesa y las embajadas quedaron suspendidas. El pasado 6 de octubre se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la cual Salazar afirmó -con base a un peritaje de la institución- que el perjuicio para el Estado fue de 63,2 millones de dólares.
Además de acusar a 15 personas y pedir prisión preventiva para ellos, la solicitó que se amplíe el plazo de prohibición de enajenar los helicópteros por el tiempo que dure la instrucción fiscal; es decir, 90 días. El juez no aceptó a la prisión preventiva para los procesados, pero sí prohibió la venta y la instrucción se cerrará próximo el 9 de enero. Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los acusados, el coronel de la FAE en servicio pasivo Vicente Illescas, quien fue parte de la Comisión Técnica, Legal y Económica que revisó las ofertas para las aeronaves, señaló que es innecesario que se prohíba la venta de los Dhruv, pues bastaba hacer una auditoría de lo que el Estado sigue gastando dinero en su mantenimiento y seguros. Para él tampoco se ha generado, como argumenta la fiscal, ninguna pérdida para el Estado.
Con base en los expedientes, detalló sus propias cuentas: El presupuesto referencial del contrato era de 67 millones de dólares; el monto del contrato de 42,5 millones (la oferta que le seguía era 15 millones más alta); se pagó un anticipo de 30 millones; cubrieron 6 pagarés de 1,52 millones cada uno, con un total de 9,12 milloens, de los que descontaron multas por 2.068.478,33 dólares: quedaron pendientes 4 pagarés por un total de 6,08 millones, de los cuales se quería descontar 2.073.972,3 por multas; adicionalmente ejecutaron la garantía de fiel cumplimiento por 2,26 millones; y se cobraron 5.666.760 dólares del FAE-604; 13.850.000 del FAE-601, 16 millones del FAE-605 y 16 millones del FAE-603.
En reemplazo de los 7 Dhruv, la FAE adquirió 6 Airbus Helicopters H145, a los que denomina Cobra, mediante un contrato de 69,69 millones de dólares, a razón de 10.064.400 dólares por cada aeronave, que incluye soporte logístico por dos años. Los 3 primeros llegaron al Ecuador en mayo pasado y está previsto que los otros 3 lo hagan el próximo 11 de diciembre. La FAE explicó que, al igual que los Dhruv, los H145 se usan para realizar operaciones de búsqueda y salvamento y evacuación aeromédica, además de dar apoyo al trabajo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y a la Dirección General de Aviación Civil.
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