El reciente secuestro de 34 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el poder que siguen ejerciendo las disidencias de las FARC en varias regiones del país. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto, justo después de un operativo militar en el que fue abatido alias “Dumar” o “Chito”, uno de los jefes de la estructura armada liderada por Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de las disidencias.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, cuando los soldados estaban siendo evacuados de la zona tras el enfrentamiento, un grupo de personas vestidas de civil les impidió salir del área. Aunque algunos presentaron esta acción como un “corredor humanitario”, el Gobierno colombiano lo calificó como un acto ilegal y delictivo que vulnera gravemente la libertad personal de los uniformados. Las autoridades han señalado que estas personas fueron instrumentalizadas por la guerrilla, una práctica cada vez más frecuente en regiones donde el Estado tiene presencia limitada y los grupos armados controlan la vida cotidiana de la población.
Fuentes oficiales han indicado que los secuestradores exigen la entrega del cuerpo del guerrillero abatido como condición para liberar a los militares. Actualmente, el cadáver se encuentra bajo custodia en San José del Guaviare, lo que ha complicado las negociaciones. Mientras tanto, el Gobierno ha desplegado recursos institucionales y diplomáticos para resolver la situación, incluyendo la intervención de la Defensoría del Pueblo, así como el acompañamiento de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, se ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos colombianos a quien brinde información que permita capturar a los responsables.
Este secuestro se suma a una serie de hechos similares ocurridos en los últimos meses. En junio, 57 militares fueron retenidos por civiles en el Cauca tras otro operativo militar, en un patrón que evidencia la estrategia de las disidencias de utilizar a la población civil como escudo para proteger sus estructuras armadas. Los datos de los primeros meses del año ya advertían un aumento preocupante en los secuestros: solo entre enero y abril de 2025 se registraron 131 casos, la cifra más alta en un cuatrimestre desde hace más de una década.
El caso de Guaviare expone, además, la compleja situación humanitaria que vive esta región del sur del país. La Defensoría ha reportado desplazamientos forzados, confinamientos y una creciente presión de los grupos armados ilegales sobre las comunidades campesinas e indígenas, que quedan atrapadas entre los intereses del Estado y las amenazas de los actores ilegales. El secuestro de los militares, en este contexto, no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de violencia, control territorial y ausencia estatal que sigue poniendo en riesgo la estabilidad del país.
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta así un desafío doble: por un lado, la necesidad urgente de garantizar la liberación segura de los militares retenidos; y por otro, la de recuperar el control efectivo sobre los territorios dominados por las disidencias, sin que ello implique nuevos costos para la población civil. La crisis actual es un llamado urgente a repensar las estrategias de seguridad y presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto armado, donde la paz total aún parece una promesa lejana. (Carlos Vanegas)
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