La reciente solicitud de la Contraloría General de la República al Ministerio de Defensa de Colombia para que entregue explicaciones completas sobre la millonaria compra de los aviones de combate Saab Gripen ha reavivado un intenso debate político y ha puesto al Gobierno en el centro de un posible escándalo. El organismo de control pidió el expediente contractual íntegro, desde la fase precontractual hasta la firma del acuerdo, incluyendo los soportes de la empresa asesora que acompañó el proceso y las evaluaciones comparativas realizadas antes de seleccionar el sistema de armas.
El contrato, valorado en más de 16 billones de pesos, unos 3.135 millones de euros, ya había generado controversia, pero el entorno político actual ha multiplicado las sospechas. Colombia logró negociar, sin modificar el presupuesto, la compra de 17 aviones Gripen, de los cuales 15 serán de la versión E y 2 de la versión biplaza F, dejando además abierta la opción para un avión adicional. Este resultado se alcanzó manteniendo las condiciones originales del contrato, lo que evidenció, según el Gobierno, una negociación efectiva que priorizó la eficiencia y la protección del erario público.
La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer
El requerimiento de la Contraloría surge en un ambiente cargado de denuncias de presunta corrupción impulsadas por sectores opositores, especialmente por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y otras figuras políticas que han advertido sobre posibles irregularidades. Para estos dirigentes, las dudas no solo recaen sobre la magnitud del gasto, sino también sobre la forma acelerada en que se concretó la negociación. A este contexto se suma un elemento que ha levantado aún más interrogantes: la revelación de que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se encuentra radicada en Estocolmo y ha sido vista en repetidas ocasiones en reuniones y eventos sociales de alto nivel junto a personalidades influyentes de Suecia. Esta coincidencia temporal entre su estadía en ese país y la consolidación del acuerdo con Saab AB ha sido interpretada por algunos como una señal de posibles influencias indebidas.
Otro factor que alimenta la controversia es la evidente falta de preparación del comandante de la Fuerza Aeroespacial y del propio ministro de Defensa al momento de explicar al país las ventajas reales que traería esta adquisición. Más allá de afirmar que los Gripen eran “la mejor opción”, las autoridades no han mostrado estudios técnicos comparativos, análisis de desempeño, proyecciones de costos operativos ni evaluaciones estratégicas que permitan a los colombianos comprender por qué este sistema de armas representaría un salto cualitativo para la defensa nacional. La ausencia de argumentos técnicos sólidos ha sido interpretada por amplios sectores como una señal de improvisación, lo que ha contribuido a aumentar las sospechas y la desconfianza en torno al proceso.
A estas tensiones se suma la solicitud presentada ante las autoridades suecas para que se investigue un presunto esquema de soborno transnacional relacionado con la venta de los Gripen a Colombia. La denuncia alega que podrían haberse ofrecido beneficios o ventajas a personas vinculadas al gobierno colombiano para inclinar la balanza a favor de la oferta sueca. Entre los nombres señalados aparece el de la primera dama, cuya presencia prolongada en Estocolmo ha sido utilizada por sectores críticos como argumento para exigir claridad, transparencia y explicaciones de fondo sobre los alcances reales de esta operación militar.
Petro se defiende
Mientras las acusaciones crecen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro ha defendido el proceso asegurando que la compra se realizó bajo criterios técnicos, que no existen sobrecostos y que los aviones adquiridos son completamente nuevos. También ha resaltado supuestos programas de compensación industrial y social incluidos en la negociación, aunque sin detallar en profundidad su alcance.
Sin embargo, la oposición insiste en que el procedimiento debe investigarse a fondo. Voces críticas han advertido que la compra carece de estudios estratégicos, técnicos y económicos sólidos, lo que sería grave considerando el alto impacto fiscal que implica. Otros sectores cuestionan incluso la pertinencia operacional de los Gripen, argumentando que estas aeronaves no se ajustan a las necesidades inmediatas de la Fuerza Pública en el combate interno, sino que están diseñadas para escenarios totalmente distintos. La falta de explicaciones claras por parte del alto mando militar y del Ministerio ha fortalecido estas críticas, pues al no mostrar razones técnicas convincentes, la decisión parece apoyarse más en discursos políticos que en criterios de defensa nacional.
El escenario político y jurídico se complica aún más con la posibilidad de que las autoridades suecas decidan avanzar en una investigación formal sobre las denuncias de soborno internacional. Si esto ocurriera y se encontraran pruebas de irregularidades, las implicaciones podrían ser profundas tanto para la imagen del Gobierno como para la estabilidad de la negociación. Paralelamente, en el ámbito nacional, la Contraloría podría imponer sanciones si determina que el proceso violó principios de la contratación pública o que se omitieron estudios y procedimientos obligatorios. (Carlos Vanegas)
1 comentarios