En un movimiento que refleja las presiones fiscales que atraviesa el país, el Gobierno de Chile ha incluido en su proyecto de Ley de Presupuestos 2026 una disposición que permite diferir el cumplimiento de ciertas obligaciones relacionadas con el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Esta medida, detallada en el artículo 37 del documento, busca equilibrar las cuentas públicas sin comprometer, al menos en apariencia, la operatividad de las Fuerzas Armadas, aunque genera interrogantes sobre el impacto a mediano plazo en la modernización militar.
El proyecto de ley, que entró en el Congreso Nacional el pasado 31 de septiembre y ya se encuentra en manos de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, autoriza explícitamente al Fisco a posponer, desde la fecha de su publicación y hasta el fin de su vigencia, la obligación establecida en el artículo tercero transitorio de la Ley N° 21.174. Esta norma, promulgada en 2019, introdujo un mecanismo innovador para sostener las capacidades estratégicas del país, creando dos fondos clave, el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, destinado a inversiones en material bélico e infraestructura asociada a partir de un programa cuatrianual de financiamiento, y el Fondo de Contingencia Estratégico, enfocado en cubrir necesidades urgentes como guerras externas, crisis internacionales, catástrofes o anticipos al fondo principal.
Según el texto del artículo 37, esta postergación se aplica específicamente al Fondo de Contingencia Estratégico, lo que implica que los recursos previstos para su alimentación no se transferirán de inmediato, sino que se diferirán durante el ejercicio fiscal de 2026. Esta no es la primera vez que se recurre a una medida similar, de hecho, las leyes de presupuestos de 2022, 2023 y 2024 ya habían autorizado suspensiones parciales o totales de estos aportes, en un contexto de déficits persistentes y la necesidad de priorizar gastos sociales y de recuperación económica post pandemia.
El financiamiento de la defensa en Chile, tal como se estructura actualmente, combina el presupuesto ordinario, que cubre sueldos, consumos y servicios operativos, los remanentes de la derogada Ley Reservada del Cobre y los mecanismos de la Ley 21.174, complementados por instrumentos como el Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA). Para 2026, el proyecto asigna una partida consolidada de aproximadamente 2.397 millones de dólares a las Fuerzas Armadas y organismos relacionados, lo que representa un leve incremento del 0,3% (unos 7,9 millones de dólares) respecto a la base de 2025. Sin embargo, en la línea programática de Defensa propiamente tal, que incluye al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y soportes administrativos, los recursos caen un marginal -0,1% (1,9 millones menos), situándose en 1.738 millones de dólares. Estos montos no incorporan las inversiones estratégicas, que dependen precisamente de los fondos ahora postergados.
Esta decisión llega en un momento delicado para las Fuerzas Armadas, que han enfrentado recortes preventivos en años anteriores, como la rebaja de 38,4 millones de dólares en el presupuesto ordinario de 2025 y que operan en escenarios de alta demanda, como el despliegue en la Macrozona Sur bajo el Estado de Excepción Constitucional, donde se movilizaron medios terrestres, navales y aéreos en dos frentes simultáneos.
Además, tal como informo defensa.com, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, constituida por el Ministerio de Hacienda de Chile propuso la suspensión de los incisos 1° y 2° del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que garantizaban un "aporte basal" mínimo anual al Fondo Plurianual equivalente al promedio de los últimos seis años, estimado en unos 488 millones de dólares para 2025. Esta suspensión, recomendada por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público en su informe del 4 de septiembre pasado, busca evitar transferencias automáticas que obliguen al Estado a endeudarse innecesariamente, generando ahorros estimados en 6.600 millones de pesos anuales por menores costos financieros.
Desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), se argumenta que estas medidas no afectan el "desempeño ni las funciones de defensa nacional", y que se trata de un ajuste temporal para optimizar recursos en un entorno de restricción fiscal. El ministro Nicolás Grau y la directora Javiera Martínez Fariña han enfatizado que el presupuesto combina "responsabilidad social y fiscal", con potenciales ahorros globales de hasta 1.941.888 millones de pesos (0,6% del PIB) gracias a 34 recomendaciones de eficiencia. No obstante, voces del sector defensa y la oposición en el Congreso ya han alzado alertas, la Diputada de la Comisión de Defensa de la Cámara, Camila Flores, ha calificado estas postergaciones como un incumplimiento de compromisos previos, advirtiendo que podrían derivar en rechazos parciales al proyecto durante su tramitación.
Otros expertos consultados coinciden en que, si bien el aporte basal y el Fondo de Contingencia no son "intocables" en tiempos de crisis, su diferimiento repetido podría erosionar la planificación a largo plazo de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas como la renovación de flotas aéreas y navales o la adquisición de sistemas de armas o ciberdefensa. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que las capacidades estratégicas seguirán financiadas por vías alternativas, como remanentes de la Ley del Cobre, y que el impacto se limitará a flujos contables sin menoscabo operativo.
El proyecto de Presupuestos 2026, último de la administración saliente del Presidente Gabriel Boric, deberá sortear este escrutinio en las próximas semanas, en un Congreso donde la defensa ha cobrado relevancia ante una renovación de armamento en la región y la necesidad de mantener una disuasión creíble. Queda por ver si las explicaciones del Ministerio de Defensa, liderado por la ministra Adriana Delpiano, logran disipar las dudas o si, como en años previos, terminan en enmiendas legislativas que refuercen los compromisos con la Ley 21.174. (Luis Andrés Lautaro)
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