Haití 2026: la GSF, las gangs y el futuro de la seguridad hemisférica

Haití entraba en 2026 inmerso en uno de los periodos más críticos de su historia contemporánea. Más de dos siglos después de convertirse, en 1804, en la primera república independiente del mundo gobernada por población afrodescendiente, el país afronta un deterioro institucional de enorme magnitud tras años de erosión acumulada. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 agravó un vacío de poder que las bandas armadas aprovecharon para expandirse territorialmente, disputar el control del Estado y consolidar una estructura criminal con una capacidad ofensiva inédita en el Caribe moderno.

En este escenario, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha asumido un papel decisivo mediante la adopción del Roadmap^[1] para la Recuperación Democrática de Haití, un marco estratégico impulsado personalmente por su Secretario General, Albert Ramdin, que ha situado la estabilización del país como una prioridad hemisférica inaplazable. El documento se articula en cinco pilares fundamentales: Seguridad y Estabilización del Territorio, Gobernanza Democrática, Fortalecimiento Institucional, Recuperación Económica y Social y Preparación Electoral.

El primero de ellos —la seguridad— constituye el eje esencial sobre el que descansan todos los demás. Sin recuperar el control territorial, sin neutralizar la capacidad militar de las federaciones criminales y sin restablecer corredores seguros, ningún avance en gobernanza, economía o en el proceso electoral podría sostenerse. La Gang Suppression Force^[2] (GSF) encarna exactamente ese Pilar 1: la fuerza multinacional es el instrumento operativo diseñado para generar las condiciones mínimas que permitan al Estado haitiano volver a funcionar y que los otros cuatro pilares del Roadmap puedan materializarse de forma progresiva.

Para Ramdin, el éxito de este pilar no es únicamente un requisito técnico, sino un imperativo político: la estabilidad de Haití es una condición indispensable para la seguridad regional y la credibilidad del propio sistema interamericano.

El país está actualmente gobernado por el Consejo Presidencial de Transición (CPT), concebido para conducir a Haití hacia elecciones democráticas. Éstas estaban inicialmente fijadas para el 7 de febrero de 2026, pero la situación de inseguridad generalizada ha obligado a posponerlas a agosto de este año, a la espera de que existan condiciones mínimas para su realización. Hoy por hoy, amplias zonas de la capital y de varias regiones del interior permanecen bajo el control operativo de las gangs^[3], que imponen sus propias normas, bloquean carreteras, dominan mercados, controlan cruces estratégicos y gestionan actividades económicas ilícitas que sostienen su expansión.

Las cifras ilustran la gravedad del escenario. Las estimaciones de 2025 indican que el país podría haber cerrado el año con más de 5.000 homicidios, un nivel de violencia que sitúa a Haití entre los países más peligrosos del mundo. El número de desplazados internos supera el 1,4 millones, resultado de expulsiones forzosas, destrucción de barrios enteros o desplazamientos preventivos por amenazas armadas. A ello se suman los daños estructurales acumulados por el terremoto de 2010, el seísmo de 2021 y el huracán Melisa a finales de octubre de 2025, que deterioraron gravemente las infraestructuras de transporte, salud y comunicaciones, profundizando la fragilidad del Estado.

La comunidad internacional no es ajena a este deterioro. La misión MINUSTAH^[4], durante más de una década, trató de reconstruir capacidades institucionales y asegurar el territorio, pero su retirada dejó un vacío que las bandas aprovecharon con rapidez. La lección principal es que, sin fuerzas nacionales capaces de sostener el terreno recuperado ni un acompañamiento internacional a largo plazo, cualquier estabilización será temporal.

Pandillas, violencia y dominación territorial

Para comprender la magnitud de la amenaza, es necesario analizar el papel de las pandillas, que funcionan como estructuras criminales armadas, con niveles de coordinación que se aproximan a los de los actores insurgentes. Aunque se contabilizan más de 200 gangs, el poder real se concentra en varias federaciones que han logrado articular mandos compartidos, cadenas de suministro, redes de inteligencia y mecanismos de financiamiento propios.

La Police Nationale d’Haïti^[5] (PNH) cuenta, teóricamente, con alrededor de 13.000 agentes, pero solo entre 3.000 y 3.500 están realmente operativos. Con esa capacidad no es posible garantizar la seguridad pública en un país de once millones de habitantes, mucho menos recuperar zonas bajo control de actores armados con armamento superior, con movilidad en motocicletas o pick-ups y con dominio operacional del terreno urbano.

Uno de los líderes más influyentes es Jimmy Chérizier, “Barbecue”, antiguo miembro de la PNH, que se ha convertido en la figura más visible de una gang que ha demostrado capacidad para ejecutar ataques complejos, bloquear el acceso a barrios enteros y desafiar instalaciones gubernamentales y diplomáticas. A finales de 2025 intentó —sin éxito pleno— consolidar una alianza entre las principales bandas para coordinar la toma de territorio y, potencialmente, influir en la estructura política del país.

La relación entre las élites políticas haitianas y determinados actores armados no estatales es un fenómeno histórico. Durante décadas, distintos gobiernos recurrieron, directa o indirectamente, a grupos violentos para reforzar posiciones políticas, asegurar apoyos o intimidar a adversarios. Este patrón contribuyó decisivamente a la implantación de las federaciones criminales actuales, las llamadas gangs. En este contexto, la aparición de actores externos como Vectus Global^[6] ha sido observada con cautela por segmentos de la sociedad haitiana, que perciben paralelismos con etapas anteriores en las que algunos gobiernos recurrieron a grupos con capacidades armadas para suplir carencias de poder estatal.

Aunque no existe evidencia pública que vincule estas actividades con operaciones de cooptación política, el simple eco histórico basta para alimentar la preocupación social.

Hacia finales del último trimestre de 2025, un ataque directo contra instalaciones vinculadas a la Embajada de Estados Unidos evidenció la creciente capacidad ofensiva de las pandillas. Se trató de un hecho excepcional por su naturaleza y por el mensaje que subyacía: las bandas no solo disputan al Estado haitiano, sino que se sienten capaces de desafiar a actores internacionales presentes en el país. Este salto cualitativo confirma que la crisis haitiana constituye un vector de amenaza para la seguridad regional y hemisférica.

Directora ejecutiva de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití junto a su consejero principal en una reunión en la JID.

De la MSS a la GSF: el giro militar hacia una fuerza con mayor capacidad

La comunidad internacional estructuró su primera respuesta mediante la Multinational Security Support Mission^[7] (MSS), liderada por Kenia. Su despliegue nunca superó los mil efectivos, integrando contingentes de Kenia, Guatemala, El Salvador, Jamaica y las Bahamas. La MSS actuó con determinación, pero se enfrentó a un entorno en el que los grupos criminales empleaban tácticas, armamento y niveles de coordinación más propios de organizaciones paramilitares que de la delincuencia común. Pronto se evidenció que el carácter predominantemente policial de la misión presentaba limitaciones profundas en un escenario que requería una proyección sostenida de fuerza, maniobra coordinada, disciplina unificada y capacidad para ejecutar operaciones ofensivas en entornos altamente hostiles.

Sin cuestionar la competencia ni el esfuerzo del personal policial desplegado, el escenario haitiano demostró que la respuesta frente a gangs dotadas de armas automáticas, movilidad rápida y control social directo solo puede sostenerse mediante una fuerza de carácter militar. En Haití se requieren técnicas de combate urbano, procedimientos de entrada en zonas dominadas, resistencia prolongada, cohesión de unidades bajo fuego, capacidad para mantener posiciones críticas y disciplina táctica permanente, además de valores como el espíritu de combate, la resiliencia y la cohesión de mando, inherentes a las fuerzas militares.

Pese a contar con recursos limitados, la MSS logró avances operativos de relevancia. Su acción permitió asegurar el corredor puerto–aeropuerto, un eje vital para mantener activa la economía haitiana y garantizar la llegada de vuelos humanitarios en pleno colapso institucional. Las unidades desplegadas ejecutaron operaciones directas contra las bandas, junto a la PNH, y realizaron patrullas conjuntas que desmantelaron barricadas —muchas de ellas preparadas como emboscadas— que bloqueaban las principales arterias de la capital. Gracias a esta presión sostenida, alimentos, combustible y medicinas lograron llegar a zonas que llevaban semanas aisladas.

La misión también recuperó instalaciones críticas, entre ellas estaciones de telecomunicaciones cuya captura por parte de las federaciones criminales había puesto en riesgo la capacidad del Estado para coordinar operaciones básicas y mantener servicios esenciales. En determinados barrios, estas intervenciones devolvieron temporalmente una estabilidad mínima, evitando que Puerto Príncipe quedara completamente cercada por el bloqueo territorial impuesto por las pandillas.

Sin embargo, la insuficiencia numérica y la naturaleza del mandato dejaron claro que se necesitaba un cambio estructural: una fuerza más grande, más robusta, con reglas de enfrentamiento claras y la capacidad de recuperar y mantener el terreno, algo imposible para la PNH en su estado actual y extremadamente difícil para una misión con perfil policial.

De esta realidad nació la GSF, autorizada por la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2025, con un potencial de hasta 5.500 efectivos. Aunque en 2026 continúa operando con los contingentes heredados de la MSS, se prevé que en primavera se incorporen los refuerzos militares comprometidos por distintos Estados, incluidos potenciales contingentes de gran entidad como el de Chad, cuya aportación —al igual que la del resto de Estados participantes— se integraría, según la propuesta actualmente en estudio, en una estructura operativa bajo liderazgo directo de Naciones Unidas, en contraste con el modelo previo de la MSS encabezado por Kenia.

Estos compromisos se presentaron durante la Force Generation Conference celebrada en Nueva York el 9 de diciembre de 2025, donde Chad ofreció 1.500 efectivos, una cifra similar a la planteada por Bangladesh, mientras que Sri Lanka propuso el envío de 750. Otros ofrecimientos incluyen 250 efectivos de Sierra Leona, 750 de Burundi, 200 de Gambia, 60 de Burkina Faso y 50 de Belice.

Además, varios países que ya integraban la MSS anunciaron, antes de finalizar 2025, incrementos directos de personal para la GSF. Kenia, líder en el despliegue inicial de la MSS, se comprometió a incrementar el volumen de efectivos destinados a las operaciones de estabilización. Guatemala, por su parte, comunicó su intención de duplicar su presencia, pasando de 150 efectivos iniciales a 300. Otros Estados participantes, como las Bahamas, también han manifestado su disposición a ampliar sus contribuciones, conscientes de que solo una fuerza militar con suficiente volumen podrá recuperar y sostener territorio frente a federaciones criminales en continua expansión.

Esta ampliación multinacional, sumada a la progresiva llegada de nuevos contingentes militares, constituye uno de los elementos esenciales para que la GSF pueda ejecutar operaciones ofensivas sostenidas, estabilizar corredores estratégicos y mantener posiciones clave que la MSS —por limitación de efectivos— no podía retener de manera prolongada.

La GSF introduce cambios doctrinales y operativos de gran calado. A diferencia del modelo previo, la nueva fuerza dispone de mayor autonomía táctica y puede actuar sin la presencia simultánea de la PNH cuando la situación lo exija, algo expresamente contemplado para garantizar la continuidad de las operaciones en entornos de alta hostilidad. El mandato autorizado por la Resolución 2793 es más robusto y permite a la GSF ejecutar operaciones basadas en inteligencia, incluidas acciones de neutralización contra estructuras criminales consideradas amenazas directas para la estabilidad nacional. El propósito ya no es únicamente contener, sino recuperar terreno, mantenerlo y negar su uso a las pandillas, proteger infraestructuras críticas —como corredores logísticos, centros gubernamentales, antenas de telecomunicaciones, instalaciones aeroportuarias y portuarias— y sostener posiciones estratégicas que resultan decisivas para evitar que las gangs retomen la iniciativa operativa.

Esta nueva doctrina incorpora elementos estrictamente militares: libertad de maniobra, acciones ofensivas sostenidas, capacidad para ejecutar operaciones simultáneas o escalonadas, dominación de ejes de aproximación urbanos, interdicción de corredores de abastecimiento y ocupación continuada de áreas previamente controladas por bandas armadas, algo que la MSS difícilmente podía mantener por falta de masa crítica. La resolución también establece que la GSF podrá actuar contra “entramados criminales que ejerzan control territorial”, lo que habilita un espectro de actuación más amplio frente a las federaciones que gobiernan grandes sectores de Puerto Príncipe y otras regiones del país.

Además, la GSF adopta un enfoque de protección activa de civiles, no solo mediante la disuasión, sino también mediante la ruptura de estructuras de coerción criminal, la liberación de comunidades sitiadas y el restablecimiento de los servicios esenciales cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Esta aproximación, unida a su capacidad reforzada para operar de día y de noche, en entornos densamente urbanizados y con apoyo aéreo limitado pero vital, marca la diferencia respecto al despliegue anterior.

En esencia, la GSF es una fuerza diseñada para operar en un escenario en el que las gangs han evolucionado hacia entidades híbridas con rasgos paramilitares, mando centralizado, logística propia, armas de alto calibre y control social coercitivo. Su doctrina refleja esa realidad: una combinación de acción ofensiva, consolidación territorial y presión sostenida, cuya ejecución requiere técnicas, tácticas y procedimientos estrictamente militares.

El mando operativo recae en el keniano Godfrey Otunge, quien dirigió la MSS y ahora conduce la transición operativa hacia la fuerza ampliada de la GSF. Su continuidad al frente del componente multinacional garantiza la coherencia doctrinal en un momento crítico, mientras la GSF avanza hacia su configuración definitiva. Otunge seguirá ejerciendo el mando hasta que los nuevos contingentes militares —cuya incorporación comenzó a perfilarse tras la Force Generation Conference del 9 de diciembre de 2025— permitan a otro Estado asumir la jefatura operativa de la misión, conforme al modelo multinacional previsto para 2026. Esta transición, ya anticipada por varios países interesados en asumir un rol de mayor liderazgo, marcará un punto de inflexión en la consolidación de la GSF como una fuerza plenamente estructurada y con una mayor masa crítica para ejecutar operaciones sostenidas.

El componente marítimo constituye uno de los pilares estratégicos más novedosos de la GSF. El Concept of Operations^[8] (CONOPS) marítimo elaborado por Naciones Unidas, define la arquitectura operativa del futuro despliegue naval y establece cómo, con qué medios y bajo qué principios tácticos debe ejecutarse la misión. Este documento prevé una ampliación sin precedentes: pasar de unos 200 guardacostas haitianos a aproximadamente 1.000 efectivos multinacionales con capacidad para ejercer vigilancia costera, interdicción marítima, interrupción de rutas de abastecimiento ilícito y apoyo directo a las operaciones terrestres. Controlar el mar equivale, en el contexto haitiano, a controlar las principales arterias logísticas que sostienen a las federaciones criminales.

La OEA ha desempeñado un papel decisivo en esta configuración a través de su Secretaría de Seguridad Multidimensional, dirigida por el Secretario Iván Marques, articulando el trabajo técnico con el Comité Interamericano de Puertos —responsable de los estándares hemisféricos de seguridad portuaria— y con el Comité Interamericano contra el Terrorismo, cuyas capacidades en formación, evaluación de riesgos y diseño de protocolos han sido esenciales para adaptar el modelo marítimo al entorno haitiano. La Junta Interamericana de Defensa ha complementado este trabajo con planificación y acompañamiento doctrinal en materia de operaciones navales y del control de espacios marítimos vulnerables. A ello se suma la MSS-Support Office^[9] (MSS-SO), que elaboró el primer boceto del despliegue marítimo, identificando capacidades esenciales y requisitos técnicos que sirvieron de base para el diseño posterior del CONOPS.

En este contexto, Canadá ha destinado 20 millones de dólares específicamente para impulsar el componente naval, plenamente consciente de que el control del espacio marítimo —principal vía de entrada de armas, combustible y recursos ilegales— puede alterar decisivamente la correlación operativa en 2026. Un dominio eficaz de los mares no solo degradará la capacidad logística de las federaciones criminales, sino que también ampliará notablemente la libertad de acción de la GSF en tierra, reforzando la seguridad de los corredores estratégicos y la protección de las infraestructuras críticas.

La arquitectura internacional de la misión también ha descansado en la MSS-SO, con sede en Washington D.C., que ha actuado como oficina de apoyo político, institucional y logístico de la MSS. Desde esta estructura —dirigida por la Dra. Mara Tekach, Directora Ejecutiva de la misión— se ha ejercido la dirección estratégica, la representación institucional ante actores hemisféricos, la interlocución diplomática y la planificación logística global, así como la coordinación de los flujos operativos con los contingentes desplegados en Haití. Esta oficina de apoyo ha sido, en la práctica, el nodo que ha permitido mantener cohesionada la misión durante su fase inicial, conectando con el terreno a los donantes, los países contribuyentes, la OEA, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Aunque autorizada por el Consejo de Seguridad, la GSF se estructura como una fuerza multinacional, en la que cada país aporta sus propios medios y capacidades. En este esquema, la United Nations Support Office in Haiti^[10] (UNSOH) será —a partir del 1 de abril de 2026— el único componente gestionado directamente por Naciones Unidas, encargado del apoyo administrativo, logístico y técnico de la fuerza ampliada. La MSS-SO permanecerá operativa hasta el 31 de marzo de 2026, momento en el que transferirá sus funciones a la UNSOH, marcando así el paso de un modelo de apoyo transitorio a una estructura consolidada destinada a sostener la expansión de la GSF y garantizar la continuidad del esfuerzo multinacional.

La nueva misión cuenta, además, con una dirección política reforzada tras el nombramiento, en diciembre de 2025, de Jack Christofides como Special Representative^[11], responsable de coordinar el marco multinacional de la GSF.

Dispositivo en tareas de seguridad y control de ejes estratégicos en Haití.

Participación española en la fuerza multinacional de seguridad

España participa activamente en la respuesta internacional a la crisis haitiana mediante aportaciones financieras y la presencia de personal especializado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Esta contribución se canaliza a través de la MSS-SO en Washington D.C., donde dos oficiales españoles representan al país y desempeñan funciones esenciales para el funcionamiento de la misión y la coordinación hemisférica.

El Capitán Javier R. Carnero (Guardia Civil) ejerce como Senior Advisor^[12] de la Directora Ejecutiva así como enlace estratégico de la misión con la OEA, con funciones que incluyen el asesoramiento directo a la jefatura, la coordinación estratégica multinivel, el análisis de escenarios operativos, la supervisión de directrices institucionales y la interlocución con los principales órganos de la OEA y actores hemisféricos relevantes. Su papel se ha consolidado como un componente esencial de la arquitectura operativa y diplomática de la misión multinacional de apoyo a Haití.

El Inspector Juan Manuel Andreu (Policía Nacional) actúa como oficial de logística y asesor del Director del Departamento de Logística, reforzando la capacidad de sostenimiento de la misión mediante la gestión de capacidades críticas, la planificación del sostenimiento, el control y la gestión de suministros y la supervisión del flujo logístico hacia el teatro de operaciones. En un entorno tan complejo como el de Haití, la función logística no es un elemento complementario, sino un factor decisivo para la supervivencia de la misión.

España contribuye además como país donante, alineándose con la visión hemisférica promovida por la OEA bajo el liderazgo de su Secretario General, para quien la estabilización de Haití constituye una prioridad estratégica de seguridad regional. Esta convergencia se extiende igualmente al trabajo desarrollado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional —órgano perteneciente a la OEA—, cuyos objetivos en materia de seguridad cooperativa, control territorial y fortalecimiento institucional coinciden con las prioridades que España respalda mediante su aportación financiera y su presencia técnica en la misión.

La participación española se ha consolidado, además, como un ejemplo de responsabilidad en la cooperación internacional, proyectando un compromiso firme con la estabilidad hemisférica y el fortalecimiento de las operaciones multinacionales en escenarios complejos. España refuerza así su papel como actor fiable y comprometido, contribuyendo a la construcción de una arquitectura de seguridad que trasciende lo estrictamente haitiano y se inserta en la lógica de la cooperación hemisférica contemporánea.

La GSF, una última ventana de estabilización

Este recién estrenado año sitúa a Haití ante una oportunidad delicada pero decisiva. La transición desde la MSS hacia la GSF, la expansión prevista de la fuerza, la puesta en marcha del componente marítimo, la coordinación técnica hemisférica y la activación de la UNSOH configuran un escenario inédito tras años de deterioro sostenido. La recuperación del control del territorio, la degradación de las federaciones criminales y la estabilización de las infraestructuras críticas serán objetivos determinantes para que el país avance hacia las elecciones previstas para agosto de 2026.

El reto es mayúsculo. La GSF aún está en fase de construcción; la PNH continúa operando con capacidades muy reducidas; las gangs mantienen una notable capacidad de adaptación y la población sigue enfrentándose a violencia extrema, pobreza y desplazamiento masivo. El éxito dependerá de la rapidez del despliegue multinacional, de la coordinación entre los actores hemisféricos y, sobre todo, de la capacidad del Estado haitiano y de sus autoridades legítimas para acompañar el esfuerzo de seguridad con reformas institucionales creíbles. Ningún proceso de estabilización será sostenible sin la participación activa del Gobierno de Haití, cuya implicación es imprescindible para legitimar las operaciones, orientar las prioridades nacionales y garantizar que cada avance militar se traduzca en mejoras reales para la población.

La acción internacional solo puede tener éxito si opera en apoyo, y nunca en sustitución, de las instituciones haitianas, que deben seguir siendo el centro de gravedad político de cualquier solución duradera.

Aun así, existe un consenso creciente de que este momento constituye una de las últimas oportunidades reales para evitar un desenlace irreversible. Si la GSF fracasa, la comunidad internacional podría verse obligada a explorar opciones mucho más intrusivas, en marcos jurídicos más exigentes, cuyo coste político y humano sería sustancialmente mayor.

La Gang Suppression Force no es simplemente una misión más: es posiblemente la última oportunidad para evitar el colapso del Estado haitiano y ofrecer a su población un horizonte de seguridad que les permita reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. (Por el capitán  Javier R. Carnero. Senior advisor de la directora ejecutiva de la misión en Haití)