Aunque las relaciones entre la órbita judicial de Brasil y parte de las Fuerzas Armadas no son las mejores últimamente, pueden tensarse aún más tras otra polémica decisión, ahora en apelación. Dicha resolución pretende que la ley de cuotas sea de aplicación en los institutos militares, en un amplísimo abanico de minorías sexuales, raciales, intelectuales, académicas y sociales, e instruye, además, que solo el 40 % de las plazas de escuelas, centros de formación técnica o de posgrado militar se cubran mediante variables de méritos.
Tal decisión fue tomada por la Justicia Federal como resultado de una acción civil pública del Ministerio Público Federal de São Paulo contra las Fuerzas Armadas. Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación. En la acción jurídica, las Fuerzas Armadas ya argumentaron que la Ley de Cuotas originalmente no se aplicaba a las escuelas militares, sino solo a las de educación superior y a las unidades técnicas de nivel medio.
Según la sentencia del Tribunal Federal, las plazas en las escuelas militares deben seguir la distribución requerida por la Fiscalía en la demanda, con base en los porcentajes previstos en la reglamentación análoga vigente:
- El 5% de los puestos en cada concurso deberá destinarse a personas con discapacidad
- El 5% de los puestos destinados a grupos quilombolas (tataranietos de grupos de esclavos fugitivos afro cimarrones)
- El 50% de las plazas se asignarán a estudiantes que hayan cursado educación primaria en instituciones públicas, en una parte de las cuales también aplican cuotas raciales,sexuales y sociales, con un mínimo del 77% de las plazas de este grupo a su vez asignadas a personas negras, mestizas e indígenas.
-La competencia por mérito debería restringirse al 40% restante de puestos
-Los candidatos que opten por la variable étnico-racial deberán presentar una autodeclaración étnico-racial. Si superan ciertas pruebas y son convocados, los cadetes también tendrán que pasar por un proceso complementario de heteroidentificación para validar la información presentada en la solicitud.
Esta etapa estará a cargo de un comité que se conformará antes de la publicación de la convocatoria del proceso de selección.
– El grupo estará formado por miembros de escuelas militares, secretarías de educación municipales y estaduales y de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
La decisión se refiere a las escuelas militares mantenidas por el gobierno federal y no afecta a las escuelas cívico-militares, de nivel secundario, como las que el gobierno del Estado de São Paulo anunció que deberían abrir este año.
Según afirma la Fiscalía, las Fuerzas Armadas realizan una “mala interpretación de la legislación para negar la reserva de vacantes en concursos a candidatos que se autodeclaran negros, morenos, indígenas o personas con alguna peculiaridad”.
“Cuando se trata de escuelas militares, que son instituciones mantenidas por organismos federales- agrega- deben adoptar la política de cuotas en su proceso de selección. No hay justificación para que el gobierno federal intente promover la igualdad de facto en la educación secundaria y superior y en los concursos públicos para funcionarios federales y excluya esta misma política pública reparadora de la capa social que constituye la educación básica del país. Es evidente que la Unión es una entidad única y no puede tratar a las personas de manera desigual en función del nivel de sus estudios”, añadió en el particular dictamen el tribunal.
La decisión también señala que, al tener como objetivo preparar para una futura carrera militar, las escuelas militares tienen, con la reserva de plazas para grupos minoritarios, la oportunidad de " romper con la infrarrepresentación de estos grupos en diversas esferas de poder," donde históricamente ha estado comandada, dice el ideologizado fallo,por lo que denomina " las elites", aunque la mayor parte de las Fuerzas Armadas brasileñas son de extracción ampliamente popular y heterogénea.
La pieza letrada prosigue: "Cuando se promulga una ley que prevé, por ejemplo, cuotas para personas negras, morenas, indígenas y discapacitadas, con vistas a corregir grandes errores legislativos y sociales históricos, no puede interpretarse de manera restrictiva, sino de acuerdo a los fines por los que fue creada: reducir el racismo estructural y la meritocracia y, más aún, reducir el racismo y la meritocracia instituciona", en lo que parece un enfoque filosófico plenamente subjetivo.
La Fiscalía y el Tribunal concluyen su fallo de manera francamente tendenciosa : "Promovemos, por tanto, un cambio a la fuerza, ya que el rumbo de un Estado conservador y elitista no es capaz de romper este esquema”, concluye el texto.
Según las Fuerzas Armadas, las normas no alcanzarían a las escuelas militares, citando únicamente a las unidades de educación superior y a las de educación técnica media. De momento, hasta no considerarse la apelación, el dictamen está vigente, con todas las dificultades que conlleva, incluso en la perspectiva que este parecer se consolide hacía la interna castrense. (Javier Bonilla)
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