Dentro de los esfuerzos del gobierno federal para minimizar los efectos del desabastecimiento causado por la huelga de los camioneros, militares de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea participan de diversas acciones de desbloqueo de puntos obstruidos y de escolta de trenes transportando combustible a lugares estratégicos, especialmente los aeropuertos. Estas acciones se realizan en apoyo a los órganos de Seguridad Pública federales y estatales, de acuerdo con las necesidades de cada región del país, como en Campinas, donde militares escoltaron camiones que llevaban combustible.
En la sede del Ministerio de Defensa, en Brasilia, fue montado un Comando Conjunto Interagencias, compuesto por los órganos de los ejes de Defensa (Fuerzas Armadas), Seguridad Pública (Policía Federal y Rodoviária Federal) e Inteligencia (Gabinete de Seguridad Institucional y Agencia Brasileña de Inteligencia ), además de órganos del gobierno involucrados en el esfuerzo, tales como los Ministerios de Salud, Educación, Minas y Energía, entre otros. Amparada por un decreto de garantía de la ley y el orden, la acción va a durar hasta el día 4 de junio, y tendrá como foco la desobstrucción de vías públicas federales, en apoyo a las fuerzas de seguridad.
La medida prevé que las Fuerzas Armadas podrán remover o conducir vehículos que obstruyan vías públicas, y también harán en caso de necesidad escolta de vehículos que presten servicios esenciales, como el transporte de alimentos, medicamentos o combustibles, además de asegurar el acceso a lugares considerados sensibles, y la protección de estructuras críticas, como estaciones de abastecimiento de agua y luz. El ministro de Defensa, Joaquim Silva y Luna, explicó que la inclusión de las Fuerzas Armadas en ese esfuerzo del gobierno tiene como principal objetivo asegurar que la población brasileña no sufra con efectos de desabastecimiento. "Las Fuerzas Armadas fueron convocadas para ser empleadas en esa misión de garantizar el abastecimiento de la población. "Lo que va a ser garantizado son las necesidades críticas, como en las áreas de combustible, salud y alimentación", dijo.
Fundamentalmente, las Fuerzas Armadas actúan en:
-Distribución de combustible en los puntos críticos;
-Electa de trenes de vehículos;
- Protección de las infraestructuras críticas;
-Desobstrucción de vías y accesos a las refinerías, bases de distribución de combustibles y áreas esenciales.
La orden es liberar todas las carreteras, incluso los alrededores. Si algún camionero se niega a retirar el camión de la carretera, los militares que estén actuando en la operación podrán asumir el control de los camiones y conducir los vehículos. Los camioneros que resisten la desocupación podrán ser presos y multados. La prioridad son 11 bases de Petrobras con gran dificultad de distribución de combustible, con disponibilidad, en el caso de aviación para abastecer 6 aeropuertos: Recife, Brasilia, Viracopos(Campinas, entorno paulista), Goiânia, Porto Alegre y Belo Horizonte.
Con la paralización de los camioneros, ha faltado gasolina en los puestos de todo el país, diversos productos no están llegando a los supermercados y acabó el combustible aeronáutico en varios aeropuertos. Asimismo, los militares podrán guiar camiones de abastecimiento de la estatal Petrobras encerrados en las refinerías. "Los vehículos que sean abandonados con sus cargas, serán transportados por conductores militares, que los llevarán a su destino". También, el gobierno publicó en edición extra del Diario Oficial de la Unión de este sábado un decreto que autoriza la requisición de vehículos particulares necesarios para el transporte por carretera de cargas consideradas esenciales en las acciones de desobstrucción de vías públicas.
La medida, llamada de requisición, amplía el poder de los militares y funcionarios en las carreteras. , y ya había sido anunciada como una de las posibilidades de acción del gobierno para intentar garantizar la normalidad en el abastecimiento de productos en el país. El decreto que instituyó la GLO (Garantía de la Ley y el Orden), publicado el viernes, ya permitía, por ejemplo, que un militar dirigiera un camión con la cesión del dueño. El documento publicado este sábado da un paso más allá y permite que el servidor público solicite el vehículo.
El gobierno ya ha hecho un mapeo para levantar la disponibilidad de conductores que pueden ser convocados para conducir camiones. Hasta el momento, se han encontrado 240 personas aptas. La conducción puede ser hecha por funcionarios de cualquier órgano de la administración pública y por los militares de las Fuerzas Armadas, siempre que tengan habilitación específica. La Justicia Federal , por su parte, decidió prohibir que camioneros en huelga bloqueen trechos de la ruta BR-101 entre Campos dos Goytacazes, en el norte del estado de Río de Janeiro, y Niterói, en la Región Metropolitana de Río, áreas cercanas al litoral marítimo petrolero donde se encuentran los mayores yacimientos brasileños.
En la decisión, firmada por el juez William Douglas, de Niterói, el magistrado ordena que las "autoridades competentes eviten pacíficamente o con uso de fuerza necesaria la ocupación de los bienes por la llamada Autopista Fluminense". Según la determinación judicial, el Comando del Ejército debe dar apoyo al "cumplimiento de la decisión, en especial la garantía de libre uso por la población de las vías públicas".
Se trata de un paro llevado a cabo por una gran cantidad de transportadoras mayores, las cuales frecuentemente también se sirven de conductores y hasta propietarios de camiones autónomos, con menos derechos laborales y sociales que los propietarios asociados, los cuales crecieron exponencialmente en base a normas emanadas hacia el fin del último gobierno de Lula y el primero de Dilma Rousseff, que facilitaba la compra de camiones, con financiaciones e impuestos subsidiados, así como un menor incremento del combustible diésel y menos encargos sociales, lo que también atrajo al sector a personas no especializadas, saturando la actividad, máxime en tiempos de crisis. Para complicar más este cuadro, cada estado brasileño establece-en una de las pocas prerrogativas federales efectivas- sus impuestos sobre los combustibles y vehículos. (Javier Bonilla, corresponsal del Grupo Edefa en Río de Janeiro)
