Hace poco más de un año, derivados de los compromisos por la pertenencia de España a la OTAN y el nuevo escenario estratégico tras la invasión rusa de Ucrania, celebrábamos los mayores presupuestos otorgados al Ministerio de Defensa en muchos años. Ahora, condicionados por la agenda política nacional y las habituales reivindicaciones independentistas, la incertidumbre y la inestabilidad se vuelven a apoderar de la agenda administrativa. La convocatoria de elecciones anticipadas el 12 de mayo en Cataluña supuso automáticamente que, el pasado 13 de marzo, la ministra de Hacienda anunciara que el Gobierno optaría por prorrogar los presupuestos de 2023 en lugar de elaborar unos nuevos.
Básicamente se opta por renunciar a presentar una propuesta, a fin de evitar otra derrota en el primer año de la actual legislatura. Aunque no se trata de una situación nueva -en España se han prorrogado los presupuestos en otras 8 ocasiones- supone un hecho muy grave, puesto que la Constitución establece claramente la obligación del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. La ley exime de presentar los PGE a un Gobierno en funciones, situación que no se da ahora y que solo se incumplió en 2020, debido a la situación excepcional derivada de la pandemia.
Dejando a los juristas el análisis, recordaremos que la opción de prorrogar los PGE implica que se mantienen los de 2023, lo que no es tan sencillo, pues, para empezar, la decisión supone un ajuste involuntario de 7.000 millones de euros derivado del cumplimiento del objetivo del límite del 3 por ciento de déficit impuesto por Europa. El techo de gasto de las cuentas de 2023 se verá disminuido por la tasa de inflación media alcanzada el pasado año, del 3,5 por ciento. La cuantía de este ajuste no es baladí, si tenemos en cuenta que el presupuesto de Defensa aprobado para 2023 fue de 12.825 millones de euros. Sin embargo, esta partida, por mucho que supusiera un incremento del 26,3 por ciento respecto a las anteriores, palidece ante otras.
La herencia forzosa de este monto para 2024 supone un 0,95 por ciento del PIB según la contabilidad nacional y un 1,2 según la OTAN. A pesar del incremento decidido, queda muy lejos el compromiso (unilateralmente aplazado) de alcanzar el 2 hasta 2029. Previsiblemente la guerra de Ucrania habrá terminado antes y el Gobierno podría verse tentado a relegar a un segundo plano la inversión necesaria para garantizar la defensa nacional. Baste recordar los paupérrimos niveles de partida del presupuesto de Defensa en 2008 y la lenta senda de recuperación desde 2016 para valorar la importancia de las cifras actuales destinadas a recuperar, mantener y mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
En estos montos se asienta el pretendido papel vertebrador de la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa, buscando un mayor grado de independencia tecnológica de España y una firme posición en Europa. Si bien nada parece amenazar los Planes Especiales de Armamento (PEA), rebautizados como Planes Especiales de Modernización (PEM), aprobados, las Fuerzas Armadas exigen recursos para su funcionamiento diario y, además, enfrentan en muchos casos serios problemas de mantenimiento por la falta de repuestos para plataformas que han de prolongar necesariamente su vida operativa, ante el retraso en la entrega de nuevos sistemas.
