El 9 de febrero fueron asesinados en acto de servicio los guardias civiles Miguel Ángel Gómez y David Pérez, arrollados intencionadamente por una narcolancha de 14 m. de eslora y 4 motores de 300 CV cada uno, que pasó por encima de su lancha auxiliar de 4,5 m. de eslora y un único motor de 60 CV con la que intentaban darle el alto. No por doloroso deja de ser algo largamente anunciado. Hace años que nos hacemos eco de la carencia de medios con los que el Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil en particular y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en general se enfrentan al crimen organizado y al narcotráfico, cada vez más temerarios en el Estrecho. A la falta de medios se suma el inadecuado e insuficiente mantenimiento de los disponibles y las limitaciones para usar el armamento individual o la creciente pérdida del respeto a las figuras de autoridad, como los agentes de la Guardia Civil.
Estos factores, que lastran operativamente a las FCSE en todo el país, son más palpables en la zona del Estrecho, donde combaten a delincuentes que gozan de un apoyo social más propio de un narcoestado o un estado fallido que de un país avanzado, democrático y europeo. Todos esperamos, con limitado optimismo, que estas muertes sean un hito en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, pues tanto el Ministerio del Interior como Presidencia del Gobierno han mostrado estos años escaso interés por lo que allí sucede, más ocupados en rebajar las tensiones con Marruecos o Gibraltar. Sin embargo, el primero es el origen de las drogas que transportan estos traficantes y el segundo es un polo de blanqueo de capitales, sin el cual es imposible entender las particularidades de la zona.
El tráfico de drogas y el paraíso fiscal, o bunkering, se entrelazan en un área del que el Estado parece desentenderse, donde campan a sus anchas narcotraficantes y buques de la Royal Navy, invadiendo día a día aguas territoriales que no son defendidas por el Estado en torno a un anacronismo, como es la colonia de Gibraltar. Mientras que por parte española se muestra debilidad en la defensa de los territorios de soberanía en el Norte de África o de sus aguas limítrofes, Marruecos sigue reclamando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y anhela las aguas de las Islas Canarias y sus recursos petrolíferos. No se duda en usar la presión migratoria como herramienta geopolítica. Baste recordar las sucesivas invasiones de las vallas fronterizas, como la de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas atravesaron las fronteras españolas con la complacencia de las autoridades marroquíes.
Lo mismo sucede con las aparentemente olvidadas reivindicaciones españolas sobre Gibraltar y las aguas que esta colonia se apropia, insuficientemente defendidas, en contraposición de la sólida postura británica, reflejada en planes de expansión y en las visitas de la Royal Navy. En este ecosistema de desidia nacional en que parece haberse convertido el Estrecho medran traficantes de drogas y de personas, mientras vuelve al debate público la multiplicidad de agencias que operan en la región o la idoneidad del SEMAR. Sobre el papel muchos dibujan un esquema con un cuerpo de Guardacostas o la propia Armada, pero lo mismo da quien se encargue de velar por nuestra seguridad, nuestros intereses económicos o nuestra integridad territorial, si falta el decidido apoyo gubernamental y se actúa sin decisión, recursos y voluntad. Al cierre de esta edición se confirman reuniones entre el Ministerio de Interior y el de Defensa para apuntalar la colaboración de las Fuerzas Armadas en el Estrecho reforzando a la Benemérita, principalmente la Armada, a la espera de que le aclaren las reglas de enfrentamiento.
