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Sábado, 27 de abril de 2024 Iniciar Sesión Suscríbase

El procesamiento de un viejo soldado por abatir a un terrorista en fuga hace medio siglo divide a la sociedad uruguaya

Habiendo heredado de las autoridades anteriores una Fiscalía para asuntos de la dictadura vigente entre 1973 y 1985 y diversas oficinas superpuestas para tratar temas de Derechos Humanos del llamado “pasado reciente”,  el gobierno actual expresó su malestar, en la voz del Ministro de Defensa, Javier García, y diversos legisladores, por el procesamiento de un ex soldado del Ejército quien,  por orden directa de su superior, en el marco de enfrentamientos armados con el grupo terrorista Tupamaros, después de la voz de "Alto" y disparos de advertencia en el aire, ultimaba a un subversivo en 1972.

El entonces soldado Leonardo Vidal, de 23 años, después de que su teniente dio la voz de alto 3 veces y disparó al aire, obedeció la orden de tirar al delincuente, que murió, siendo el mismo en ese momento juzgado y exento de responsabilidad por el hecho. Hace algunas semanas, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó la condena de Vidal más de 48 años después, invocando, de manera muy subjetiva, el Tratado de Roma (que Uruguay ratificó en 2006, 24 años después del hecho juzgado, y no es retroactivo) .

El ex soldado fue detenido en un barrio muy humilde, un asentamiento, en un estado de salud delicado, debido a una dolencia cancerosa, mientras esperaba un trasplante.

Nunca había sido citado administrativa o judicialmente, desde el regreso de la democracia a principios de 1985, ni siquiera durante los últimos 15 años de gobiernos de izquierda. Incluso en  falso, si se sigue invocando el Estatuto de Roma (desde los estrados, las ONGs y los noticieros televisivos), el gobierno no puede proponer una amnistía de acuerdo con lo que dice el Documento.

Tanto el ministro García, el subsecretario Rivera Elgue, como los senadores Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, entre otros legisladores, se manifestaron  muy molestos por la medida y considerablemente preocupados por las ulteriores consecuencias judiciales que esto podría tener en los soldados actualmente a cargo de patrullar las fronteras y en la custodia perimetral de la cárceles si se vieran obligados reaccionar de manera armada. (Javier Bonilla)

Fotografía: Ministro de Defensa, Javier García.


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