La capacidad de respuesta a la emergencia hacen pensar en falta de medios, de coordinación entre entidades estatales y en el anterior relajamiento de normas o prácticas.
Una serie de inéditos desastres ígneos en el país sudamericano, detenidos tras la acción de lluvias y agotando todos los medios humanos y materiales existentes, ha comenzado a hacer reflexionar a autoridades y especialistas en qué situación se encuentra el país en esta materia, e inclusive en la eventualidad de que el gobierno anterior, tiempo atrás fuertemente criticado por las extremas, e inclusive antieconómicas concesiones otorgadas a determinados grupos forestales finlandeses- subsidiando inclusive un costoso tren carguero, de uso, casi exclusivo de esa firma, desde el centro del país hacia Montevideo (inversión irrecuperable), hubiera ido degradando sus exigencias o prácticas ambientales en la materia.
Si bien la mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad mantiene prácticas y prevenciones adecuadas (torres de vigilancia, contrafuegos,vías internas para emergencias, etc.), otras no y ni siquiera han recurrido al asesoramiento correspondiente o lo han descartado, lo que podría preocupar mucho al mercado asegurador, de ahora en adelante, así como a futuros inversores de cierto nivel.
Si las antiguas autoridades ambientales fueron reiteradamente criticadas por actuar con laxitud frente al fenómeno forestal, la actual creación de un ministerio para asuntos ambientales, asimismo, obedece a una ecuación política entre los integrantes de la coalición gubernamental más que a consideraciones técnicas, todo lo cual , podría examinarse. El propio presidente, Luis Lacalle Pou, ha concurrido al área afectada para verificar in situ los daños.
Otro ítem que será puesto en tela de juicio es el de la falta de coordinación entre diversos referentes estatales en esta eventualidad. Existiendo, desde hace años la oferta de colaboración espontánea de los pilotos fumigadores a través de sus entidades- la cual ha sido anteriormente efectivas, en ocasión de la quema de bosques en zonas turísticas y residenciales- éstos no fueron convocados ni por el Sistema Nacional de Emergencias/SINAE, ni por las empresas involucradas, una vez reiterada su oferta.
Tampoco la Fuerza Aérea, que desde febrero posee unidades Caylym “Guardian”, básicamente contenedores especiales (122x122x88 cm y mil litros cada uno) de material biodegradable para lanzar agua dulce, espuma o gel a baja altura, sobre los focos ígneos localizados, tanto de día, como de noche, fue convocada a utilizarlos.
Por otra parte, ha quedado en evidencia el escaso presupuesto dedicado al tema en años precedentes, los pocos helicópteros militares disponibles para el uso de helibaldes combatiendo estos incendios (apenas 2), la inutilidad absoluta de los Robinson policiales a este respecto, las pocas dotaciones de bomberos especializadas y destacadas en el interior, el difuso trámite y derivación de denuncias de focos ígneos no autorizados- oscilando entre cuerpos policiales , de Bomberos y policiales, de acuerdo a quien reciba la información- y la eventual necesidad de otro tipo de medios y monitoreos.
En tal sentido, el programa brasileño Medio Ambiente Integrado y Seguro (Brasil MAIS), puede presentar aristas de gran interés en lo que es el seguimiento y la prevención de delitos y desastres ambientales o sanitarios. El programa, para la amplia geografía del país vecino-40 veces la uruguaya- ha costado poco menos de 9 millones de dólares y comprende el acceso a una constelación privada de 130 satélites en lo que hace a temas policiales, migratorios y ambientales, más allá de la existencia de satélites ambientales propios y sino -brasileños (como el proyecto CBERS) y otras herramientas de geotecnología o inteligencia artificial, `para detectar o adelantarse a la la evolución de problemas que atañen a estos ítems, con acceso a toda la administración pública del país para cruce de datos nacionales, regionales o locales.
En un año de funcionamiento de este programa, Brasil ha generado una recaudación record ,por multas, de más de 155 millones de dólares, bloqueo de bienes cuestionados de unos 70 millones de dólares, de cuentas, de 65 millones de dólares, captura de más de 110 aeronaves, 50 embarcaciones y 350 máquinas viales o agrícolas involucradas en crímenes forestales- 150.000 m³ de madera ilegal aprehendida- o explotación mineral clandestina , e invasiones de reservas naturales o indígenas, certificadas. (Javier Bonilla)
