Llama profundamente la atención que la noticia haya trascendido con tanto vigor, al tiempo que simultáneamente el gobierno aprobaba un decreto- negado legislativamente en el Parlamento- estableciendo una polémica semi privatización de los astilleros navales, con fuerte interés sobre este proceso de un astillero español, con sede en Galicia.
"Ni hubo allanamiento, ni se interrogó a ningún jerarca", dice la fuente, aclarando además que, más allá de colaborar con un aeroclub local vecino, "sin ánimo de lucro sino de intercambio técnico y cooperación", los contratos con BQB- abonados y homologados por el Ministerio de Defensa- por el mantenimiento de sus ATR y los proyectos con Sema Mantilco, apuntando a un centro para inspecciones mayores de birreactores Boeing 737, corren "dentro de la más absoluta legalidad , con plena autorización del poder político y apoyo de las entidades empresariales".
Dentro de los aspectos tragicómicos o vaudevillescos de esta suerte de operativo policial- sin asistencia de jueces, actuarios o fiscales- a la sede naval, los efectivos policiales preguntaron en reiteradas oportunidades, como presunto "beneficiario" de "irregularidades" por el "Teniente Atilio Frigerio", el primer piloto iberoamericano graduado en Aviano (Italia) en 1912 y fundador de la Aviación Naval, fallecido hace décadas.
Para los funcionarios policiales intervinientes en el operativo, la pregunta sobre Frigerio fue en realidad un llamado de atención sobre emonumentos erogados por una conferencia sobre el marino, aclarando también que, si bien no hubo roces por la cortesía con la cual fueron recibidos en la sede operativa de la Aviación Naval y una previa conversación con el alto mando de la Armada al respecto, "la autorización de allanamiento, refrendada por la Justicia local, la teníamos con nosotros y podíamos haberla ejecutado en sus extremos más severos si no hubiera habido cooperación".
Según trascendió en ámbitos muy confiables, en el fondo lo que se plantean son acusaciones infundadas proporcionadas por anteriores procesados por graves delitos de fraude en la Armada, en la expectativa de reducir sus penas o sus antecedentes judiciales.
En un ambiente de sorpresa y profunda molestia por lo sucedido-no por cualquier depuración interna, la cual se apoya ampliamente- así como por la amplia divulgación ilegal de estas actuaciones, jerarcas navales estarían evaluando elevar, por los carriles normales correspondientes,su preocupación al Poder Ejecutivo, mientras la Cámara Uruguaya de la Industria Aeronáutica permanece atenta a los hechos y respalda la inmensa mayoría de los planteos tecnológicos del Arma. (Javier Bonilla)
