En medio del creciente debate público sobre la adquisición de los 17 aviones de combate Gripen por parte del Gobierno colombiano, Saab emitió una comunicación oficial en la que defendió la transparencia, integridad y alcance del contrato firmado con Colombia.
La compañía sueca afirmó que sus “valores fundamentales de confianza, motivación y experiencia guían cada decisión que toma, y que actúa bajo estrictos estándares éticos respaldados por directrices internacionales de la OCDE, con tolerancia cero frente a la corrupción”. Saab recalcó que en este proceso no hubo intermediarios ni participación de personas externas, ya que toda la negociación se llevó a cabo exclusivamente entre representantes oficiales de la empresa, autoridades designadas por Colombia y con el acompañamiento directo del Gobierno de Suecia, reconocido por sus rigurosos mecanismos de control y transparencia en exportaciones de defensa.
La empresa detalló que el contrato firmado incluye una capacidad integral de superioridad aérea para las próximas décadas, compuesta por 17 aeronaves,15 Gripen E monoplaza y 2 Gripen F biplaza, junto con sensores avanzados, radares de alta precisión, armamento moderno, equipos de autoprotección, sistemas de guerra electrónica, simuladores, entrenamiento especializado, repuestos, componentes y soporte logístico integral. Saab también aclaró que los pagos no se realizarán de forma inmediata, sino que serán distribuidos durante siete años, protegiendo a Colombia de fluctuaciones inflacionarias y cambios en los precios del mercado. Adicionalmente, recordó que sus ofertas no son comparables entre países, debido a que cada nación requiere configuraciones, sistemas, niveles de entrenamiento, condiciones financieras y alcances logísticos diferentes. En el caso colombiano, señaló que es la primera vez que el país adquiere una solución de defensa integral y completamente nueva, lo que explica la amplitud del paquete contratado.
Uno de los pilares más destacados del acuerdo es el programa de cooperación industrial y transferencia tecnológica diseñado para promover el crecimiento económico y el desarrollo social en Colombia. Saab confirmó que este paquete incluye la instalación de una planta de producción de paneles solares en la región Caribe, proyectos de desalinización para garantizar agua potable en La Guajira, mejoras en el sector salud para comunidades vulnerables y la transferencia de capacidades aeronáuticas y de ciberseguridad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según la compañía, esta cooperación refleja un compromiso de largo plazo con el país y complementa la adquisición de los aviones con beneficios sociales y tecnológicos.
Gustavo Petro quiere hacer público el contrato
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro reiteró su solicitud de que el contrato firmado con Saab sea divulgado en su totalidad, argumentando que la conversación pública se ha visto contaminada por especulaciones, acusaciones sin fundamento y desinformación referente a comisiones, intermediarios o sobrecostos. Según el mandatario, la publicación completa del contrato permitiría desmontar estos señalamientos y ofrecer a la ciudadanía plena claridad sobre la estructura financiera y técnica del acuerdo. Petro explicó que cada aeronave tiene un costo aproximado de 215 millones de dólares y que la flota seleccionada,15 Gripen E y 2 Gripen F, responde a las necesidades operacionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para misiones complejas de defensa aérea y entrenamiento avanzado.
Petro recordó que la negociación se extendió durante más de tres años e incluyó comparaciones con otras propuestas internacionales, evaluaciones técnicas exhaustivas, estudios de costo-beneficio y la participación de equipos jurídicos, financieros y operacionales. Señaló que el valor total del contrato asciende a 16,5 billones de pesos, de los cuales cerca de 13 billones corresponden directamente a las aeronaves y sistemas esenciales, mientras que el resto cubre armamento, entrenamiento, simuladores, soporte logístico inicial, mantenimiento, repuestos y los programas de cooperación tecnológica y social acordados con el fabricante sueco. Adicionalmente el presidente colombiano anuncio recientemente que no iba a poner en riesgo a vida de los pilotos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana comprando aviones usados, haciendo referencia a un ofrecimiento de aviones F-16 por parte de los Estados Unidos.
Sin embargo, la divulgación integral del contrato enfrenta límites legales, ya que parte de la información técnica y operativa está protegida por reserva debido a razones de seguridad nacional. Algunos anexos incluyen capacidades específicas, perfiles tácticos, sistemas de armas y detalles logísticos cuya publicación podría comprometer la integridad estratégica del país o vulnerar acuerdos internacionales. El presidente ha insistido en la mayor transparencia posible, pero reconoció que existe un marco normativo que delimita qué partes del acuerdo pueden hacerse públicas sin poner en riesgo la seguridad del Estado.
El Ministerio de Defensa ha defendido la transparencia del proceso, asegurando que la negociación contó con la participación de cientos de profesionales civiles y militares, con asesoramiento de expertos nacionales e internacionales. También ha reiterado que la reserva de ciertos componentes no obedece a falta de claridad, sino a la obligación legal de proteger información estratégica que podría afectar la seguridad nacional si fuera divulgada sin restricciones. Para el Gobierno, este equilibrio entre transparencia y confidencialidad es uno de los principales retos en la divulgación del contrato. (Carlos Vanegas)
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