Tal como defensa.com informó hace un tiempo, el gobierno de Chile se encuentra abocado a la reestructuración del Sistema de Inteligencia. La pasada semana se han conocido algunos detalles del documento final que elaboró la “Comisión del Acuerdo por la Seguridad Pública”. Esta comisión, encabezada por el Ministro del Interior, está integrada por personeros de distintas agrupaciones políticas. Los resultados de esta instancia no obligan al gobierno, pero fue creada con el objetivo de lograr un acuerdo político amplio que permita asegurar el éxito en el congreso del proyecto que el gobierno enviará.
En lo fundamental la propuesta de la comisión pretende “avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional de inteligencia, que considere la incorporación y participación de todos los organismos e instituciones relevantes, y que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas y externas, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, ciberataques y protección de la infraestructura crítica del Estado”
En la nota publicada por el diario La Tercera, se destaca uno de los problemas principales que se debe resolver y que no alcanzó unanimidad en cuanto a la propuesta final. Se trata de la dependencia que debe tener la actual Agencia Nacional de Inteligencia o quien lo reemplace en la nueva estructura. La comisión propone que sea dependiente del Presidente de la República, para dar más realce a la función. Sin embargo, y lo destaca la misma nota, existen fundadas razones para sostener que tanta cercanía a la máxima autoridad política no es buena. A modo de ejemplo se destaca que la misma cercanía al Primer Mandatario haría recaer sobre él la responsabilidad sobre posibles fracasos, tal como algunos que recientemente han golpeado fuertemente al aparato de inteligencia de Carabineros.
No se puede descartar que surjan otras objeciones en este mismo ámbito, una vez que el tema sea tratado en el congreso. En un régimen político caracterizado por la clara preeminencia del Poder Ejecutivo, es muy probable que sea preocupación de los parlamentarios el efectivo control sobre las actividades y operaciones de esta nueva estructura de inteligencia. La protección de los derechos de individuos e instituciones, en particular y la no injerencia en la vida política seguramente serán aspectos a debatir y de gran controversia. (Roberto Sandoval Santana, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)
