Decía Clausewitz que, en cuestiones de estrategia, había que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Y lo primero que hemos aprendido de esta crisis que sacude a todo el mundo, es que, sabiendo de los riesgos evidentes, nadie había querido ni asustar a la sociedad del bienestar, ni mucho menos prepararla para una tragedia como ésta, que con un poco de suerte quizás nunca ocurriría. Pero lo primero que se ha evidenciado es que apenas existían planes de contingencia ni de organización ante una crisis epidémica que sigue unos patrones muy comunes en cuanto a su contagio y extensión. Que un país como España no tenga en unos cuantos almacenes cien millones de mascarillas, batasy gafas demuestra que en cuestiones de estrategia seguimos la misma técnica de la ruleta, rojo o negro, a que haya suerte, en definitiva.
También hemos visto como la crisis sacude con más virulencia a los países que viven más de los servicios. Para una nación como España, que su primera industria es el turismo, cientos de miles de contratos temporales al año, el confinamiento de la población y el cierre de fronteras impacta de lleno sobre una actividad que este año puede caer un 50 por ciento, lo que supone 6 puntos del PIB. Pero ya no es sólo el impacto sobre el empleo, es sobre los ingresos públicos y sobre las divisas.
Los países que gozan de industrias, como pasa en España en los casos de Cataluña y País Vasco, el impacto también será menor ya que en términos generales la demanda de sus bienes es menos estacional y en muchos casos inevitable. El desmantelamiento paulatino de nuestro sector industrial, en el que, además, ha entrado el capital extranjero, vía fondos de inversión de una forma salvaje en los últimos años, podría ocasionar que esta crisis produjera en España un impacto mucho más terrible que en el resto de Europa.
Pero el dilema qué viene a continuación es qué políticas deberían seguir los gobiernos para remontar esta crisis repentina y fulgurante, que nos llevará a perder este año 8 puntos de PIB, la mayor caída desde 1939. Asumiendo que los países acumularán mucha más deuda y que, pasados unos años, cuando las economías industriales del Norte recuperen su pulso y nosotros todavía estemos despegando, estaremos obligados a recuperar la solvencia actual amortizando deuda, sólo existe un camino para devolvernos a la senda de un crecimiento rápido y, sobre todo, sostenible en el tiempo.
El consumo privado tardará años en recuperarse, teniendo en cuenta que esta crisis traerá salarios más bajos y más paro, por lo que no parece posible asentar este crecimiento en él. Tampoco parece que el consumo público vaya a crecer mucho, una vez pasado el primer año de crisis, en la que los gobiernos destinarán cuantiosos recursos para mantener una administración con muchas más necesidades. Así que solo nos queda una vía para generar un salto o relanzamiento: la inversión, tanto pública como privada, Pero aquí también estamos muy lastrados.
Si hablamos de inversión pública, en la actualidad estamos por debajo del 2 por ciento del PIB, cuando en 1990 estábamos en el 10 y en el año 2010 en el 5. Cada año hemos ido manteniendo el estado de bienestar atendiendo a las nuevas necesidades, mermando el presupuesto de inversiones, de manera que más del 50 por ciento del presupuesto se dedica a compensaciones a personal, en sus más diversas categorías; y pagaremos un 20 por ciento a la amortización de deuda.
Así que el primer paso es incrementar de forma notable la inversión pública, para lo que deberemos recurrir a los mismos principios que nos permitieron despegar la inversión en 1996, en pleno proceso de integración en el euro; es decir, que no computen en el déficit público las inversiones que realice el Estado durante los próximos cinco años. Esto permitiría generar un efecto multiplicador sin perjudicar los agregados macroeconómicos. Si consiguiéramos volver a la tasa del 5 por ciento del PIB, esto nos daría una inversión pública cercana a los 300.000 millones de euros en un quinquenio, un millón de puestos de trabajo y satisfacer muchas de las necesidades que todavía tiene España.
Existen varios ejes de inversiones a considerar: la red ferroviaria, medio ambiente, desaladoras, infraestructuras turísticas y defensa. En este último caso coinciden diversos factores que aconsejan seguir esta dirección. Primero, el entorno de mayor inseguridad al que nos encaminamos; segundo, cuando necesitamos reforzar Europa, los programas de cooperación en el ámbito de la seguridad producirán unas sinergias tecnológicas y políticas necesarias para profundizar en el proceso de integración; y, finalmente, por el impacto tecnológico y su dualidad.
Hemos podido ver en España cómo las industrias de defensa, que están a la vanguardia, han sido capaces en semanas de alterar su producción para satisfacer necesidades inmediatas de la crisis. Nuestro desfase tecnológico exige inversiones en tecnologías de futuro, como robótica, nuevos materiales, aeronáutica, inteligencia artificial, campos de extraordinaria importancia para seguir un ritmo de crecimiento ante sociedades que están muy por delante de nosotros.
Tenemos que asumir que habrá un cierto cambio de paradigma en nuestra economía y que, al igual que la construcción pasó a un segundo plano, el turismo también deberá ceder el paso a nuevas industrias. Pero también es necesaria la inversión privada, que debería duplicar sus tasas actuales y para ello es fundamental disponer de créditos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) para que las empresas puedan invertir en tecnología, en modernizar sus aparatos productivos, etc. Si no asumimos las consecuencias de esta transformación, podríamos entrar en una decadencia de la que tardaríamos décadas en salir, si es que salimos. Así que ha llegado la hora de invertir.
