Los luctuosos acontecimientos producidos en la frontera con Marruecos, en los que perdieron la vida quince inmigrantes subsaharianos ilegales, se unen a un incesante goteo de muertes, que se suceden casi todos los días por la llegada masiva y descontrolada de personas que pretenden acceder a los países desarrollados en busca de fortuna, seguridad o cultura. Casi siempre que se producen tragedias de este tipo surge la inevitable pregunta de qué hacer para evitar estas situaciones.
La respuesta a esta cuestión va a depender básicamente de la dimensión que le otorguemos al problema. Podemos decir que se trata de un asunto exclusivamente humanitario y, en consecuencia, fomentar esta inmigración irregular, justificando el que todas las personas tienen derecho a buscarse la vida y fortuna en cualquier lugar del globo. Significa que se debe hacer todo lo posible para ayudar a las que ya consideramos víctimas, que son los propios inmigrantes ilegales.
Podemos tildarlo de problema policial y considerarlo de una forma burocrática, impidiendo a los sin papeles acceder a nuestros países precisamente por carecer de ellos o direccionando el tema hacia las mafias que controlan este tráfico inhumano, que se asemeja mucho a los barcos de esclavos del siglo XVIII.
Puede entenderse como una cuestión socio-económica, justificada por la pobreza extrema, las hambrunas y las guerras civiles latentes en muchos países de América Latina y África y que, por tanto, las medidas de protección contra este flujo de inmigrantes se basan en la ayuda al desarrollo y en la promoción de la educación en los países de origen.
Sin excluir ninguno de los aspectos anteriormente mencionados, a mi juicio los niveles a los que puede llegar la inmigración ilegal, sin duda alimentada y promovida por el efecto llamada que producen políticas de extrema apertura, como las que hemos conocido en algunos países de Europa, a mi juicio constituyen una cuestión de seguridad nacional.
No podemos olvidar que las grandes civilizaciones murieron por oleadas de inmigrantes ilegales. Desde Roma hasta nuestros días, han sido los grandes movimientos de población los que han ocasionado el fin de los imperios y podría ser así en el futuro si no se aborda este problema, sobre todo como una cuestión que afecta a nuestra soberanía, independencia, progreso social, cultural y económico.
Lo que se está librando en la frontera Sur del Mediterráneo es una auténtica batalla silenciosa y, como todas, seguramente injusta, pero necesaria. Para esta misión, los cuerpos y fuerzas de seguridad no tienen las herramientas precisas para una acción eficaz. Esta circunstancia, y no otra, es la que ha llevado a esta situación de práctica impunidad en los inmigrantes ilegales. La manipulación política de estos hechos ha convertido a los transgresores de la ley en victimas y a los encargados de velar por ella en cuasi delincuentes.
La situación económica de África ha mejorado notablemente en la última década, pero, no obstante, la extrema pobreza afecta todavía a cientos de millones de personas, las guerras y las persecuciones también tienen como víctimas a millones. Por mucho que mejore esta situación, siempre viajar a Europa va a ser la mejor iniciativa de vida para ingentes cantidades de seres humanos.
¿Cómo debiéramos actuar si un día intentaran entrar en Ceuta medio millón de personas; o cinco millones? Tratamos la cuestión como un problema humanitario y nos hacemos cargo de ellos; o policial y los expulsamos de forma reglamentara; o de forma social y les damos una ayuda económica y un permiso de residencia?
En mi opinión, la Unión Europea debe actuar con una sola voz y de forma clara y terminante y, como cualquier política de seguridad, se exige constancia y determinación, a pesar de los sucesos lúgubres que puedan ocurrir. El mensaje debe ser claro y nítido, nadie que entre ilegal en Europa podrá quedarse aquí. Los procesos de expulsión deberán ser automáticos y en caliente. Las fuerzas armadas y de seguridad están para proteger nuestras fronteras y evitar el incumplimiento sistemático de la Ley.
A las mafias que trafican con seres humanos se les debe aplicar la justicia universal y ser tratados sus actos como crímenes contra la humanidad. Debe haber una clara política informativa en los países de origen sobre las consecuencias de emigrar a Europa de forma ilegal. Lo malo de esa inmigración es, precisamente que se haga contra la ley que nosotros mismos nos hemos dado y, por tanto, no puede haber medias tintas en su aplicación.
Si no se adopta una política común con suficientes recursos, en unos años la inmigración ilegal será la principal amenaza a nuestra seguridad y bienestar, y quizás entonces la dimensión del problema y de las soluciones sea ya inabordable para los gobiernos europeos. El primer paso debería crear una unidad militar multinacional europea para la vigilancia de la frontera Sur, con unidades navales y áreas de todos los países. La Unión Europea debe desplegar sus unidades en la frontera europea, en puertos y aeropuertos; se deben dotar los medios aéreos para una gran capacidad de repatriación; y jueces y juristas deben velar por los procedimientos.
Se debe acordar con los países del Norte de África controles en caliente en Marruecos, Argelia y Libia, Mauritania, etc., para verificar estos flujos migratorios que deben cruzar estas naciones para llegar a Europa. En definitiva, hay que tomarse en serio el problema, allegar los medios proporcionados a la amenaza y, a su vez, dotar de todos los medios humanos para garantizar la correcta aplicación de las leyes. Con ello promoveremos una inmigración positiva, acorde con las capacidades y recursos reales de los países destinatarios y acabar con una lacra que no está justificada a estas alturas de siglo.
