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Batalla por las compras militares en Perú (1ª parte)

Reproducimos la primera parte del capítulo dedicado a la “Batalla por las compras militares”, de libro “Sin anestesia. Una década de lucha por la democracia” de Pedro Cateriano Bellido, quien de 2012 a 2015 fue ministro de Defensa del Perú y, en dos ocasiones, presidente del Consejo de Ministros (2015-16 y 2020).  Editorial Planeta ha publicado esta obra de 460 páginas, que resume, a través de un recuento detallado y lleno de anécdotas, la historia política del Perú de la última década, “ad portas” del bicentenario de su independencia en este año. Como define en el prólogo el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, “se lee con la misma pasión que ha sido escrito”. 

 

“De 2012 a 2015, viajé varias veces al Vraem porque era el principal centro de operaciones de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo y el narcotráfico, y porque habíamos trazado el proyecto de construir bases militares para garantizar el control territorial en las zonas que se recuperaban. Las instalaciones se construyeron al amparo de normas secretas, las únicas que, por razones estratégicas y de seguridad, se promovieron bajo esta modalidad, previa aprobación de la Contraloría General de la República, razón por la que me reuní, a fines de 2012, con su titular, Fuad Khoury. El resto de actos jurídicos que se realizaron durante mi gestión como ministro de Defensa fueron llevados a cabo públicamente, conforme al marco legal vigente que encontré al asumir el cargo. Tuve esa previsión porque intuí que la variación de las normas legales se podría utilizar políticamente como argumento para desacreditar mi labor y tratar de confundir de ese modo a la opinión pública. Las recomendaciones de la jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, la abogada Paola Lobatón, fueron determinantes –luego los hechos demostrarían que hice lo correcto–.

Pese a no haber efectuado ningún cambio jurídico, igualmente fujimoristas y apristas me acusaron con falsedad de violar las normas en los procesos de compra, especialmente, en el caso de las adquisiciones de gobierno a gobierno, una modalidad que en varias oportunidades utilizó la segunda administración de García. Para llevar adelante el programa de adquisiciones y los proyectos de inversión pública que durante años –en algunos casos, décadas– se encontraban trabados en el Ministerio de Defensa, hicimos un análisis del estado de la situación con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales. Como se puede suponer, no fue un trabajo sencillo. Por momentos, el proceso de toma de decisiones con las tres instituciones castrenses resultó fatigante y pareció ser un diálogo de sordos. Pero finalmente prevaleció la profesionalidad y la sensatez. Gracias a ello, se trazó una estrategia y se puso en ejecución, luego de ser expuesta al presidente Humala y aprobada por él. Por mi parte, era consciente de que el tema de las adquisiciones militares era, además de extremadamente complejo, muy sensible, y su comunicación no sería sencilla. Más aún, si tenía adversarios que hacían todo lo posible por cuestionar los procesos y bloquearlos. En este sentido, mi conocida rivalidad con fujimoristas y apristas representaba un agravante. Por esa razón, di precisas instrucciones a los comandantes generales para que todos los procesos fueran cumplidos con escrupuloso apego a la ley. Y así se hizo.

DRAMÁTICO REPORTE
Uno de los problemas que encontré en el Vraem fue el estado de precariedad en que se hallaba la atención sanitaria para los miembros de las Fuerzas Armadas, realizada primordialmente en un hospital de campaña. La infraestructura del centro hospitalario de Pichari estaba ahí, pero sin acabados ni equipamiento, y buena parte de sus habitaciones era utilizada como oficinas. Esta Pero había otra necesidad colateral: la poca disponibilidad de helicópteros. Como el Vraem tiene una geografía de difícil acceso, la única manera de movilizar tropas, alimentos y medicinas es con helicópteros. Entonces, se diseñó un plan para repararlos progresivamente, mientras se iniciaba el proceso de adquisición de nuevas unidades. En un momento, el jefe del Comando Conjunto, almirante José Cueto, me informó que contábamos solo con siete helicópteros en estado operativo, una cantidad insuficiente para atender las necesidades de un país de treinta millones de habitantes.

Muchas veces, además, hubo que trasladarlos del Vraem a otras zonas, lo cual complicaba las operaciones y su logística situación se revirtió gracias a un convenio con el PNUD, al amparo del decreto de urgencia impulsado para agilizar los trabajos de recuperación.


Por ello, al llegar al ministerio, por indicación del presidente Humala, me vi obligado a programar un viajé a Rusia con los comandantes generales Ricardo Moncada, del Ejército, y Pedro Seabra, de la Fuerza Aérea. El objetivo era, en primer lugar, garantizar el suministro de repuestos para la operatividad de los helicópteros. Por otro lado, había que tratar de vencer la resistencia de los rusos a proporcionar repuestos para aviones adquiridos por la dictadura de Fujimori y Montesinos en la década de 1990, debido a que estos los habían comprado a intermediarios que se dedicaban al tráfico de armas. Pero, además, yo tenía la preocupación de no contar con un esquema de defensa mínimo ante algunas hipótesis indeseadas, pero posibles referidas a la inminencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin duda, se necesitaba también contar con un suministro de material para organizar un buen sistema de defensa aérea en el sur, del cual carecíamos. Por esa razón, queríamos invitarlos a participar en el concurso público internacional para adquirir este sistema.

El objetivo no era agredir, sino fortalecer nuestra capacidad disuasiva e impedir ser atacados. Afortunadamente, esas hipótesis no se materializaron. Recuerdo que sostuve una reunión conjunta con el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Anatoli Serdiukov, y los jefes del Servicio Federal de Cooperación Técnico Militar (FSVTS), así como los ejecutivos de las corporaciones estatales Rostekhnologii (Tecnologías Rusas) y Rosoboronexport. En ella me aseguraron que su país se encontraba en plena capacidad de proporcionar los equipos que requeríamos. Tal disponibilidad me tranquilizó y, a la vez, me ratificó lo que varios militares ya me habían dicho y yo corroborré: que existía una antigua y sólida relación entre Rusia y el Ejército y la Fuerza Aérea peruanas, construida desde los tiempos de la Unión Soviética. Lamentablemente, pese a los múltiples intentos y a la necesidad, el concurso para la adquisición del sistema de defensa aérea fracasaría.

Al volver al ministerio, el almirante Cueto y los comandantes generales me dieron un dramático reporte de nuestra capacidad operativa. La realidad era que se hallaba enormemente deteriorada en comparación con otros países de la región. En los últimos años habíamos invertido muy poco en el mantenimiento, renovación y modernización de las unidades, material y equipos existentes de nuestras Fuerzas Armadas. Me llamaba la atención que un país como Ecuador, económicamente más pequeño, había destinado mayores recursos. Ni qué decir de Colombia y Chile. El informe sobre la escasez de helicópteros brindado por el almirante Cueto era, en buena cuenta, solo un botón de muestra. Cuando asumí el ministerio, este apenas había ejecutado alrededor del 3 por ciento de los recursos asignados al sector. A ello se sumaba la inestabilidad en el despacho de Defensa, sin duda una complicación adicional en el desarrollo de planes para las Fuerzas Armadas –fui el cuarto en asumir la cartera de Defensa en solo un año de gobierno–.


Por aquellos días, me vino a la memoria la dramática presentación del canciller Carlos Torres y Torres Lara en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la que participé, antes del golpe del 5 de abril de 1992. El ministro fujimorista expuso las razones que lo llevaron a celebrar con su par ecuatoriano en agosto de 1991 el denominado «Pacto de Caballeros», un singular acuerdo, ajeno a nuestra práctica diplomática que, según él, solucionaba de manera transitoria los 47 problemas limítrofes con el vecino país. Era sabido –y estaba comprobado– que los ecuatorianos habían invadido nuestro territorio en la zona de la cordillera del Cóndor desde el primer gobierno de Alan García, y que nuestras Fuerzas Armadas no los habían repelido. La razón tenía que ver con la irresponsabilidad y falta de decisión del gobernante de turno, así como con el déficit de equipamiento.


Con estos antecedentes, era pues imperativo emprender un programa de adquisiciones de equipos y servicios de uso militar. Pero había que enfrentar intereses políticos y económicos que, por su naturaleza e implicancias relacionadas con la defensa nacional, debían abordarse con prudencia y de manera reservada, pero informando en detalle a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Defensa del Congreso.

DE GOBIERNO A GOBIERNO
La situación en materia de adquisiciones no había sido la mejor. Tras la dictadura de Fujimori y Montesinos, que lamentablemente involucró a miembros de las Fuerzas Armadas en vergonzosos actos de corrupción, el gobierno de transición de Valentín Paniagua, en el breve lapso en que con acierto condujo el país (noviembre de 2000-julio de 2001), se propuso poner en marcha un proceso de lucha contra todo tipo de corruptelas, así como de indagación de los hechos en que habían participado algunos militares. De modo que, obviamente, las compras, por necesarias que fueran, debieron postergarse. El gobierno de Alejandro Toledo adquirió solo algunos equipos –cuatro fragatas misileras de segundo uso de la clase Lupo–, pero no llevó a cabo un verdadero plan para potenciar las Fuerzas Armadas.

Durante el segundo gobierno de Alan García, el ministro de Defensa, Allan Wagner, impulsó el denominado Núcleo Básico de Defensa y aprobó normas legales para asignar mayores recursos económicos a las instituciones castrenses. Se efectuaron entonces algunas compras, utilizando para las más cuantiosas la modalidad “de gobierno a gobierno”. Por ejemplo, durante la gestión ministerial de su sucesor, Jaime Thorne (septiembre de 2010-julio de 2011), se adquirieron los aviones canadienses Twin Otter y otras aeronaves neerlandesas. También se hizo mantenimiento y reparación de ciertas unidades, como el polémico y poco explicado caso de los Mirage 2000. Pero nada más que eso. Dada esta crítica situación, acordé con el presidente Humala informar al Congreso.


Lo hice en una sesión secreta del pleno a la que asistieron el almirante Cueto y el jefe de la región militar de Arequipa, general Leonel Cabrera. Abordé el tema de manera transparente, haciendo hincapié en las necesidades del frente interno, pero también considerando posibles escenarios relacionados con el fallo de La Haya.


Desde el punto de vista político y estratégico, el cambio debía ser profundo, buscando una orientación en las relaciones internacionales en el ámbito de la defensa que priorizara criterios técnicos. Por ello, se propuso al Parlamento que en la Ley de Presupuesto de 2013 se perfeccionara la modalidad de adquisición de gobierno a gobierno, incluida la obligación de realizar estudios de mercado. Consideraba que era fundamental incorporar a Estados en las operaciones de compra, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el pasado, algunas empresas ganadoras no cumplieron con sus obligaciones y generaron un grave perjuicio económico. Al mismo tiempo, la relación entre Estados limitaba la acción de intermediación y de vendedores de armas, que habían sido moneda corriente durante el primer gobierno de García y la dictadura de Fujimori y Montesinos. Esta nueva política impulsó las relaciones internacionales y jurídicas a través de la suscripción de convenios marco de cooperación con países como Francia, Países Bajos, Rusia, Canadá y Corea del Sur.

A partir de estos compromisos no solo se suscribieron acuerdos de gobierno a gobierno, sino que se inició una etapa de cooperación pedagógica y técnica, así como de análisis geopolítico. Al mismo tiempo, era consciente de que la transparencia y el respeto a las leyes eran indispensables para desa­rrollar exitosamente los procesos de adquisición. Por ello, cumplí con informar periódicamente a la Comisión de Defensa del Congreso y a la Contraloría General de la República, a la que solicité efectuar las correspondientes acciones de control. Una vez concluidos los procesos, los principales medios de comunicación tuvieron la posibilidad de conocer directamente las instalaciones de la mayor parte de los países donde se fabricaban los equipos y constatar la alta tecnología utilizada. Así ocurrió con Francia, Italia y Corea del Sur. Que yo recuerde, era un acceso que en el pasado la prensa no había tenido.
Ciertamente, un ministro no rea­liza ni define las evaluaciones técnicas, legales y financieras que sustentan los procesos de compra, dado que esa es una tarea especializada que corresponde a oficiales, funcionarios y técnicos de las Fuerzas Armadas y del propio Ministerio de Defensa. Lo que un ministro puede y debe hacer es tomar una decisión política e informada basada en criterios institucionales que recomiendan una determinada compra o la desestiman. También puede, y así lo hice, estar atento a la marcha de los procesos de adquisición, lo cual implica una intensiva dedicación que no conoce de treguas. Evidentemente, la toma de decisión se efectúa la mayor parte de las veces en medio de turbulencias políticas e incluso militares, así como de encendidas discusiones públicas y privadas, en las que no faltan agravios y falsas imputaciones.

Para evitar caer en la inacción, un ministro debe saber sobreponerse a un contexto que, a menudo, es adverso. En mi caso, siendo una persona que no esquiva la polémica en materia política, me esforcé en ser extremadamente prudente cuando se trataba de procesos de adquisiciones. Me tragué sapos y pasé malos ratos, sabiendo que formaban parte del quehacer cotidiano de la gestión ministerial. Era absolutamente consciente de que si cedía a la tentación de responder ataques, los procesos de compras correrían el riesgo casi seguro de no efectuarse.

LECCIÓN DE GEOPOLÍTICA
Una de las prioridades era la adquisición de helicópteros, pero no de cualquier tipo, sino de gran potencia de motor para operar en los Andes, lo que implicaba que pudieran cruzar con facilidad la cordillera, aterrizar, apagar los motores, cumplir operaciones en tierra por el tiempo que fuera necesario, volver a encender los motores y despegar sin contratiempos. Todo lo cual, por la altitud de los Andes peruanos, no está en capacidad de ser efectuado por cualquier tipo de helicóptero. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de García Pérez se habían comprado naves rusas que, por falta de otras más adecuadas, se tenían que usar en ese terreno, aunque sin ser de mala calidad no estaban preparadas para las maniobras requeridas, al punto de que no se podían apagar los motores antes de volver a elevarse, con las consiguientes complicaciones logísticas y de costos que ello suponía.


De este modo, el Ejército realizó una convocatoria internacional para comprar veinticuatro helicópteros mediante la modalidad de gobierno a gobierno, en lo que se denominó el proyecto Salkantay, e invitó a la Federación Rusa, pero también a otros países, como Estados Unidos, Francia, Italia, Ucrania y Corea del Sur, aunque al final solo se evaluaron las propuestas técnicas y económicas francesa, surcoreana y rusa, que fueron las únicas que cumplieron con entregarse. En el caso de Rusia, el proceso implicaba renovar una alianza estratégica militar que se remontaba a varias décadas atrás y firmar un acuerdo de cooperación como los que se habían celebrado con los otros países. Por esa razón, en octubre de 2012, vino al Perú el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, a quien por seguridad recibí en el Pentagonito.

 

Era un general de gesto adusto y pocas palabras. A la hora de la cena, con la intención de romper el hielo, le dije, traductor de por medio, que acaso se debía aburrir con un ministro de Defensa latinoamericano y logré arrancarle una ligera sonrisa. Ya más animado, me contó que llevaba más de veinte años como ministro. «Ah, vaya oficio», le comenté. Entonces, me explicó que antes había ocupado otra cartera, pero que desde la llegada del presidente Putin se había convertido en su ministro de Defensa. En ese tiempo, había tratado con gente de peso, de todo color político y procedencia: el rey de España, los dos hermanos Castro, el libio Muamar el Gadafi, entre otros. Esa noche le invitamos un lomo saltado, pero me dio la impresión de que no le gustó tanto. Tampoco bebió; diría que probó el pisco sour por protocolo. Pero ya al final, en un gesto especial, sacó una tablet y me mostró una serie de fotos con el presidente Putin, en las que aparecían cazando, en las montañas, todas con paisajes paradisiacos de fondo.


Tiempo después, la comisión que elaboró el informe con la recomendación final, presidida por el general de brigada EP Germán Gonzales Doimi, seleccionó la propuesta rusa en lugar de la francesa, que constaba de veinticuatro helicópteros, modelo Mi-171SHP. Luego de que se seleccionó al ganador, el presidente Humala consideró conveniente que se concretara el establecimiento de una planta para la reparación y el mantenimiento de helicópteros en nuestro país, con lo que estuve de acuerdo, pues permitiría la transferencia tecnológica necesaria para asegurar su mantenimiento y, por lo tanto, una mejor disponibilidad operativa. También representaría un gran ahorro económico para el país, porque de esta forma se evitarían los costosos viajes a Rusia para hacer las reparaciones. Le sugerí al presidente, y él respaldó mi iniciativa, que la planta se construyera en Arequipa, no solo por el especial afecto que guardo a la tierra de mis antepasados, sino para descentralizar este tipo de operaciones y aprovechar la sequedad del clima del sur, que ayuda a mantener las naves en estado óptimo. En esa parte de la negociación tuve que intervenir directamente y recuerdo que llamé al ministro Shoigú un 24 de diciembre para avanzar en este proceso.


En setiembre de 2014, viajé a Moscú en visita oficial, para ver el proceso de fabricación de los aviones y coordinar el pago, acompañado del comandante general del Ejército, Ronald Hurtado, quien reemplazó al general Ricardo Moncada, iniciador de este complejo proyecto que llegó a buen puerto, en gran parte, gracias a su gestión. También integraron la delegación el general Germán Gonzales y mi edecán, el teniente coronel Roberth Quirós. El viaje se produjo en medio de una polémica que causó cierto resquemor en el Gobierno de Estados Unidos: Rusia había tenido un problema con Ucrania y se habían suspendido los pagos hacia ese país, dado que todos se hacían vía Nueva York. Entonces, el embajador norteamericano Brian Nichols me pidió una reunión para preguntarme si realmente viajaría a Rusia. Yo le respondí que sí, porque era mi obligación defender los intereses del Estado, que la compra no guardaba relación con el problema que ellos tenían con los rusos y que, además, se había acordado antes de que este se produjera. “Usted es testigo, embajador, de mi trabajo para mantener una buena relación con su país, pero también hacemos lo propio con Rusia en el ámbito de la Defensa”, le precisé. Aun así, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se tuvo que hacer gestiones especiales para pagarles a los rusos, porque las rutas bancarias habituales estaban bloqueadas.


Al llegar a Moscú, me recibió el ministro Shoigú con un estricto protocolo castrense. Me rindieron honores en la plaza de la Victoria, ubicada al pie del Museo Nacional de Historia de la Gran Guerra Patriótica, que conmemora la participación rusa en la Segunda Guerra Mundial. La marcialidad era impresionante. Los soldados desfilaban mirándome directamente a los ojos, no al vacío ni al frente, lo que reflejaba su férrea formación militar. Aunque fueran cosa del pasado, se percibían nítidamente los rezagos del imperio. Ciertos elementos ceremoniales habían quedado marcados y formaban parte de la educación y cultura de esas Fuerzas Armadas, tal como también pude percibir en Alemania, Francia e Italia.


En ese entonces, me habían diagnosticado erróneamente celiaquía, así que tenía prohibido comer cualquier cosa que tuviera gluten. Fue una molestia que duró ocho años. Por ello, mi secretaria había avisado que no me sirvieran nada con esa proteína, pero olvidó precisar que, además, era alérgico a los mariscos. Así que en la cena oficial en el Ministerio de Defensa ruso, si bien no recibí nada con gluten, desfilaron platos con langostinos, cangrejos y otros moluscos. Mi colega se percató de que devolvía los platos intactos, así que llamó a uno de sus edecanes para averiguar qué ocurría. Tuve que decir que lamentablemente, además de ser celiaco, tenía esa otra alergia. Entonces, a partir de ese momento, cambió el sentido del desfile culinario y comenzaron a traerme unas carnes verdaderamente deliciosas.


Durante la gira, los dos generales viajaron a visitar la fábrica de los helicópteros, que quedaba en Ulán-Udé, lejos de Moscú. Por mi parte, pude sostener un diálogo privado con el ministro Shoigú. Empezó por agradecer mi visita, sobre todo por el contexto en que se había producido. Luego vino lo más interesante: una sabrosísima e instructiva charla sobre geopolítica, la cual, por obvias razones de confidencialidad, no puedo revelar, pero sí asegurar que resultó más ilustrativa que los mejores libros sobre el tema, entre otras razones porque fue con alguien que, a título de una de las potencias mundiales, tomaba decisiones desde hacía dos décadas.


Se trató de una operación costosa que superó ligeramente los 528 millones de dólares. Para su ejecución, se cumplió escrupulosamente con todos los pasos y las etapas establecidas por ley: el correspondiente decreto supremo se publicó en el diario oficial El Peruano, la Contraloría inició a mi solicitud una auditoría y, tiempo después, dio cuenta de no encontrar ninguna ilegalidad. El contrato y sus plazos se cumplieron a cabalidad”.


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